El Gobierno acaba de sacar a licitación por la vía de urgencia un contrato por valor cercano a los 10 millones de euros para poner en marcha una campaña de publicidad masiva que tiene como fin "reivindicar la democracia". El Ministerio de Política Territorial se encuentra al frente de este proyecto, valorado en 9.975.206 euros. El Ejecutivo acude a la Ley de contratos del sector público para justificar que esta adjudicación se realice por vía urgente. Es decir, que para Moncloa responde "a una necesidad inaplazable" y se acelera la contratación "por razones de interés público".

El Gobierno considera, por tanto, inaplazable impulsar una campaña publicitaria que defienda la "democracia". Esta iniciativa tiene lugar en un momento en que los índices internacionales de corrupción y de calidad democrática del país han caído a niveles mínimos. El Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional situó en 2024 a España cuatro puntos y diez puestos por debajo del año anterior; mientras que el Banco Mundial rebajó también a mínimos históricos la gobernanza del país.

El Gobierno ha rectificado este mismo lunes la licitación del proyecto para modificar los plazos para su adjudicación. Como adelantó The Objective, Moncloa prevé que el contrato dure seis meses (4,9 millones) y que haya una prórroga por el mismo período y cuantía económica, lo que hace un total de casi 10 millones de gasto. Sin embargo, el coste final será mucho más elevado, ya que esta adjudicación no incluye lo que se destinará a comprar espacios en prensa, televisiones, radios y redes sociales para emitir la campaña.

Estos nueve millones serán destinados a un "servicio de creatividad, diseño, realización y producción de las diferentes piezas y elementos creativos que se utilizarán para la realización de diversas acciones creativas de divulgación e información sobre los valores de las libertades y la democracia en España a lo largo de una campaña plurianual para los años 2025 y 2026".

Un clima "inundado de desinformación"

La base de este contrato es el Plan de Acción para la Democracia, un conjunto de iniciativas que van desde la trasposición de normativa europea hasta la aprobación de leyes que refuercen el control político de los medios de comunicación, restrinjan el acceso a información pública o refuercen el papel de la Fiscalía (bajo la dependencia del Gobierno) en los procedimientos judiciales.

En este contexto, Moncloa aspira a promover "acciones de comunicación y de divulgación que se precisen para informar y comunicar sobre los valores de las libertades en España y temas relacionados con la democracia". Las acciones del Gobierno en este contrato se enmarcan también en el "50º aniversario del inicio de la democracia en España" (el fallecimiento del dictador Francisco Franco).

Pese a que la dictadura siguió en pie tras su muerte, el Ministerio de Política Territorial señala en los pliegos que "la recuperación de las libertades" se produjo en 1975. Desde entonces, "el país ha experimentado una transformación profunda en todos los ámbitos: político, económico, social y cultural. Cinco décadas de avances han consolidado a España como un referente democrático en el mundo, con una sociedad plural, abierta y diversa".

"Sin embargo, vemos que el clima de polarización actual, inundado de desinformación está lavando la imagen de otros sistemas de gobierno alternativos a la democracia. La situación es especialmente preocupante en la gente joven", añade.

Más caro de lo prometido

Son tres los mensajes que Moncloa quiere promover en esta campaña: "Celebrar el camino recorrido y los logros alcanzados en estos 50 años de libertad"; "reconocer el papel de la ciudadanía en la consolidación de la democracia"; y "reivindicar la democracia y los derechos fundamentales como pilares esenciales del país".

Esta oda a la democracia va a promocionarse por tierra, mar y aire. El Gobierno prevé lanzarla en televisión, radio, pódcast, prensa, revistas, internet, exterior, cine, redes sociales y por la vía de las relaciones públicas.

Los casi 10 millones de euros que se destinarán a esta campaña superan los 7,8 millones que el plan de publicidad institucional del Gobierno planteaba utilizar para hacer promoción de los "valores democráticos". Con este incremento, se convierte en la segunda campaña más cara de las que impulsará el Gobierno este año, de acuerdo a su plan. Solo la supera la campaña de la DGT para la divulgación de la seguridad vial, dotada de 11,4 millones. El Gobierno destinará más a "reivindicar la democracia" que a su siguiente campaña más cara, que es la de la declaración de la renta (9 millones).

El Gobierno acaba de sacar a licitación por la vía de urgencia un contrato por valor cercano a los 10 millones de euros para poner en marcha una campaña de publicidad masiva que tiene como fin "reivindicar la democracia". El Ministerio de Política Territorial se encuentra al frente de este proyecto, valorado en 9.975.206 euros. El Ejecutivo acude a la Ley de contratos del sector público para justificar que esta adjudicación se realice por vía urgente. Es decir, que para Moncloa responde "a una necesidad inaplazable" y se acelera la contratación "por razones de interés público".