En una nueva muestra de que Cataluña ejerce de laboratorio en materia legislación sobre vivienda, el Parlament ha aprobado esta semana tramitar como ley un decreto del Govern de Salvador Illa ampliado para que regule, entre otras cuestiones, el alquiler de temporada y habitaciones. Fue en una votación que volvió a visualizar claramente el eje izquierda-derecha en la cámara catalana tras años marcados por el procés independentista. El ejecutivo socialista consiguió el apoyo de comunes, ERC y la CUP para sacar adelante un decreto para facilitar la suma de 50.000 pisos al parque público. A cambio, los tres partidos arrancaron el compromiso de Illa de regular el alquiler de temporada y de habitaciones, y que tenga tope de precios, antes del verano.

La votación se produjo cuatro días después de la convocatoria estatal de manifestaciones por el derecho a la vivienda. Y cuando tanto en Barcelona el alcalde Jaume Collboni, como en la Generalitat el president, defienden “intervenir el mercado de la vivienda cuando no funciona y está en riesgo el derecho a la vivienda”. Las patronales del sector inmobiliario alertaron el mismo miércoles del “grave impacto que tendría aplicar controles de precio a los alquileres de temporada” y de la “grave distorsión del marco jurídico que afectaría un mercado esencial para la movilidad laboral, académica y social en Cataluña”.

La regulación de los alquileres de temporada, la vía a la que muchos caseros recurren para esquivar el tope de precios vigente en 170 municipios catalanes, es una exigencia de los partidos de izquierdas y los sindicatos de inquilinas ya desde la tramitación de la Ley de Vivienda en el Congreso de los Diputados. La legislación de ámbito estatal no la incluyó y la iniciativa legislativa firmada por Sumar, ERC, Podemos, Bildu y BNG para que su precio se regule está encallada en la Mesa desde el mes de diciembre. La semana pasada, en Barcelona, el ministro de Cultura Ernest Urtasun instó a sus propios socios de Gobierno, del PSOE, “a desbloquear” la tramitación.

Es el segundo intento de regularlo desde Cataluña. Hace un año, en vísperas a las elecciones catalanas, el ejecutivo catalán, entonces en manos de ERC, con Pere Aragonès de presidente, vio como la abstención del PSC y el no de Junts tumbaban un decreto pionero para regular el alquiler de temporada. Los socialistas no lo vieron bien trabado jurídicamente. Y Junts no lo apoyó por considerarlo electoralista y falto de consenso. Los alquileres de temporada o corta estancia están contemplados en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sobre el papel no tienen una duración fijada, porque depende del motivo, y deben incluir el motivo de la estancia y la dirección donde el inquilino tiene su domicilio fijo.

Ahora, en un texto negociado hasta el último minuto la víspera del pleno del pasado martes, la regulación pasaría por distinguir el alquiler de temporada “vacacional o recreativo”, del “residencial”: estudiantes, directivos desplazados, profesionales que acuden temporalmente a vivir en una ciudad, etc. El decreto, que se tramitará como Ley, “establece que los arrendamientos de temporada y los de habitaciones tendrán el mismo tope de precio que los alquileres habituales”, fija el acuerdo. “Se especifica que las viviendas destinadas a la satisfacción de la necesidad de vivienda, independientemente de su duración, se consideraran arrendamientos de vivienda permanente y solo quedarán excluidos los destinados a satisfacer usos recreativos o turismo, que tendrán que acreditar su condición al formalizarse los contratos”. Respecto a alquiler de habitaciones, la futura regulación limita su alcance y “estipula que, en este tipo de contratos, la suma de las rentas pactadas [para las habitaciones] en un único piso no puede sobrepasar la renta máxima aplicable en la vivienda”.

Si no hay cambios inesperados, la regulación se tramitará, con los plazos de exposición y periodo de alegaciones estipulado, pero saldrá adelante, porque PSC, comunes, ERC y la CUP lo han pactado previamente. También han pactado que el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada será sancionado con multas de hasta 900.000 euros.

Comunicado conjunto de todo el sector inmobiliario

Está por ver, más allá de su valoración, en qué se traducirá el rechazo del sector inmobiliario a la futura regulación. En una exhibición de fuerza, el contundente comunicado lo firmaron la gran patronal catalana, Foment del Treball; la asociación de promotores APCE; la Asociación de Agentes Inmobiliarios ACIC; el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL); el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. Los firmantes argumentan que “los arrendamientos temporales -generalmente regulados bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como contratos de uso diferente de vivienda- responden a causas objetivas y finalidades muy concretas: alojar temporalmente a profesionales desplazados, estudiantes, investigadores, personas en transición residencial o en movilidad internacional”. Y entienden que “extender el control de precios a este tipo de contratos supondría una extralimitación jurídica y una decisión contraproducente desde el punto de vista económico y social”. Añaden que “el artículo 17 de la LAU establece claramente que las limitaciones al precio de alquiler sólo pueden aplicarse a los contratos de vivienda habitual” y pedirán, a través de algún grupo de la cámara, que lleve el texto al Consejo de Garantías Estatutarias. Si este organismo no vinculante emitiera un dictamen negativo, intentarían elevarlo al Tribunal Constitucional (para lo que se necesitan 50 diputados del Congreso).