Lo único bueno de la vejez es la alerta temprana. Cuando a una hora insólita del lunes, cerca ya de medianoche, el presidente del Gobierno reclamó para sí la televisión y dejó caer como de pasada la extravagante expresión "operador privado" aplicada a Red Eléctrica, me saltaron todos los radares.

Me dije: aquí está la gran coartada, la pieza clave de la estrategia de comunicación. En este concepto-basura han estado trabajando todo el día. Cuando en su monserga cínica del día después Sánchez repitió diez veces, con intención descaradamente inculpatoria, la expresión "operadores privados", la sospecha se hizo certeza: el plan es endilgar esta inmensa cagada a los empresarios de las compañías eléctricas, chupadores de la sangre del pueblo. Y si es preciso decapitar a Corredor, hágase: ese es el sino del buen sanchista. Especialmente si, como Bea, lleva desde febrero de 2020 (menuda fecha) a razón de 600.000 eurazos al año sin que nadie se asegure de que conoce cómo y por qué alumbra una bombilla.

Más trampas y chanchullos: a las 14:50, dos horas después del colapso eléctrico, se improvisó la primera reunión lejanamente parecida a un comité de crisis. No fue en la Moncloa ni en ningún centro oficial, sino en la sede del recién bautizado "operador privado" Red Eléctrica.

Según la crónica de Enrique Andrés Pretel en El Confidencial, estos fueron los asistentes a esa primera reunión decisoria: Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Sara Aagesen, Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Mónica García y Óscar López. Se supone que estaría también la anfitriona, Beatriz Corredor. Todos ellos, de la máxima confianza. Políticos de Goodfelllas, de los de navaja en mano y colmillo retorcido.

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El lugar y el elenco elegidos son delatores en sí mismos. ¿Por qué el encuentro no pudo hacerse en la Moncloa y las comitivas gubernamentales tuvieron que desplazarse 22 kilómetros en medio del caos del tráfico en Madrid? Quizá porque Moncloa es un lugar menos discreto, especialmente cuando se pretende que esa cita de compadres y comadres cuente como una reunión formal del Consejo de Seguridad Nacional. Es más cierto que el tal Consejo no se convocó hasta transcurridas casi diez horas desde el síncope eléctrico del país.

De la primera reunión colusiva, urdida en la sede social de una compañía presuntamente privada, obviamente no hay actas. Pese al extraordinario interés de la superioridad política en manosear la hipótesis del ataque cibernético, el ministro de Exteriores y la directora del CNI, entre otros, recibieron una no invitación para el encuentro de Alcobendas. Menos mal que estuvo allí la vicepresidenta tercera y ministra del ramo (a la que, por su condición de rookie en ese club, no han permitido prácticamente abrir la boca ni asomar la cara desde el lunes). Al menos, hubo en la sala una persona con conocimientos sobre el sistema eléctrico.

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Hay múltiples motivos para la perplejidad en el manejo público de esta crisis. Resulta asombroso que, en la misma pieza oratoria, pueda afirmarse que se ignora la causa del colapso, que todas las hipótesis permanecen abiertas y, a continuación, se garantice que el apagón no puede repetirse. Desconocemos el origen del problema y, por tanto, desconocemos también la solución; pero estén ustedes tranquilos porque yo les aseguro que esto no puede volver a pasar.

No me parece que Sánchez esté en condiciones de exigir semejantes actos de fe en sus capacidades taumatúrgicas para ahuyentar peligros que admite desconocer. Lo que sí creo saber es que las tomaduras de pelo ventajistas cuando la normalidad del país se ha puesto patas arriba y la población está justificadamente aterrorizada suelen salir muy caras a los gobernantes que las ensayan. Mientras despide a su speechwriter, haría bien el presidente del Gobierno en construir para ocasiones como esta un relato que, al menos, parezca moral e intelectualmente honesto.

La Estrategia de Seguridad Nacional es uno de los documentos más trascendentes que elabora periódicamente el Gobierno. Hoy está en vigor la que se aprobó en 2021. El Capítulo 3, titulado "riesgos y amenazas", identifica 16 peligros para la seguridad del país que se suponen más probables. La única mención abstrusa a la eventualidad de que se desplome el suministro eléctrico aparece en el párrafo dedicado a la vulnerabilidad energética, donde puede leerse:

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"El proceso de transformación del sector energético lleva aparejados nuevos riesgos asociados a un modelo de generación verde. La disponibilidad de nuevas materias primas, las nuevas tecnologías de almacenamiento o la generación distribuida basada en energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia son todos elementos a tener en cuenta en la ecuación energética actual".

Resulta, pues, que en 2021 el Gobierno de Sánchez ya había caído en la cuenta de que la introducción masiva de las energías renovables en el mix energético podría ser problemático si no se maneja con sensatez y sin apriorismos dogmáticos. Algún fascista antipatriota debió colarse en el equipo que redactó ese documento crucial. Da igual, porque todo se quedó en la letra: no se conoce que desde 2021 se haya movido un dedo para prevenir ese y otros riesgos del mismo calado. Ni siquiera se hizo en los días y horas anteriores el colapso, cuando se registraron claros síntomas de desequilibrio en el funcionamiento del sistema eléctrico.

Claro que, considerando que la Estrategia de Seguridad Nacional establece tres objetivos primordiales y que el primero de ellos es "avanzar en el modelo de gestión de crisis", nada de lo que suceda debe sorprendernos. Si algo ha sido puesto a prueba en los últimos años con resultados sistemáticamente irrisorios es precisamente el modelo de gestión de crisis: todas nos pillaron por sorpresa, todas provocaron el caos en la toma de decisiones y en todas el Gobierno escapista lo dio todo pariendo explicaciones inverosímiles, culpando al lucero del alba y sacando pecho de su majeza. Realmente, somos la envidia del mundo: nadie sale de los apagones como nosotros.

Con todo, lo más estupefaciente es que este Gobierno sea incapaz de abordar una situación crítica sin lanzar una riada de embustes y, sobre todo, sin plantear inmediatamente un cisma político y una guerra partidista. Da igual que se desborden las aguas, se colapsen los hospitales o se desplome el suministro eléctrico: el protocolo de reacción del Gobierno incluirá invariablemente la búsqueda de culpables ajenos y la elusión de la responsabilidad propia, la recreación de batallas ideológicas basadas en estereotipos añejos y el uso intensivo de la propaganda oficial para proporcionar pienso discursivo a las tropas propias y provocar debates tan confusos y rastreros como estériles.

¿Es tan difícil admitir que llevamos acumulado un retraso de más de una década en las reformas estructurales, eternamente aplazadas por la presión de la degollina partidista que bloquea los consensos, enfrenta a las instituciones entre sí y paraliza la agenda reformista del país? ¿Podría considerar la posibilidad de que el apagón del lunes haya sido el producto de un cúmulo de negligencias derivadas del reparto nepótico del Estado, incluidas sus estructuras más sensibles? ¿Tiene que venirse abajo el edificio entero para reconocer los síntomas de la aluminosis? ¿Qué criterio político relacionado con el interés general nos obliga a seguir soportando Mazones y Corredores en centros de poder donde nos jugamos la vida?

En términos prácticos, para el presidente de este Gobierno Red Eléctrica es un operador tan privado como el Banco de España, Correos, la Fiscalía General del Estado o tantos otros. Sánchez no se ha percatado de que esta semana ha realizado un extraordinario hallazgo conceptual: queriendo fugarse del apagón, con la expresión "operador privado" aplicado a otros ha ofrecido su retrato más genuino. Él sí maneja los poderes del Estado como si alguien le hubiera expedido un título de propiedad sobre ellos. El Michael Jordan de los operadores privados reside en la Moncloa.