El discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia del miércoles en el Congreso para dar cuenta del apagón eléctrico del 28 de abril, fue claramente antinuclear. Sánchez recalcó ante una oposición, ferviente defensora de alargar la vida del parque nuclear español, que las responsables de las plantas, las tres grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy), no han presentado hasta ahora “formalmente” ningún plan de prórroga y las invitó a ello pero dejando claro que no haría concesiones.

Según explican a este diario fuentes conocedoras, tras muchos contactos extraoficiales con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, las empresas están preparando una propuesta al respecto, esta vez “formal”. La petición ha partido del propio ministerio, tras los citados contactos, para que quede negro sobre blanco qué es lo que piden en realidad, más allá de la ambigua “bajada de la fiscalidad” de la que vienen hablando desde hace meses, ante el inminente punto de no retorno para Almaraz. Según el protocolo de intenciones para el cierre ordenado de las centrales firmado en 2018 entre las empresas del sector y Enresa, compañía pública que gestiona los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas, los dos reactores de Almaraz serían los primeros en echar el cierre: el primero, el 1 de noviembre de 2027 y, el segundo, el 31 de octubre de 2028.

Aunque la propuesta se está retrasando, al parecer por diferencias entre Endesa e Iberdrola respecto a los plazos, en las conversaciones informales mantenidas con el ministerio, estas han venido pidiendo, en primer lugar, que sea el departamento que dirige Aagesen el que les pida públicamente que soliciten la prórroga (a lo que el ministerio se niega en rotundo) y, en segundo lugar, que se derogue el impuesto que grava el combustible nuclear gastado y una rebaja del 30% de la tasa destinada a Enresa y el del 7% a la generación. Además, reclaman que el Gobierno acceda a sus peticiones con carácter previo, esto es, incluyendo los cambios en el BOE antes de que ellas soliciten la renovación de Almaraz ante el Consejo de Seguridad Nuclear. Una demanda que el Ejecutivo también rechaza de plano. “Primero, la renovación y después el ministerio decidirá sobre la petición”, señalan fuentes próximas al mismo.

Las nucleares están gravadas con dos impuestos y dos tasas: el citado tributo nuclear, que implantó el ministro de Energía del último Gobierno del Partido Popular, Álvaro Nadal, en la ley 15/2012, y el impuesto del 7% a todo tipo de generación eléctrica. Y aunque las empresas también piden su desaparición, les preocupa menos porque trasladan su coste al precio final. En cuanto a las tasas, además de la de Enresa, soportan una ecotasa autonómica.

La petición de eliminar el impuesto nuclear y el del 7% a la generación supondría derogar la ley para la sostenibilidad del sector energético 15/2012, y el Ministerio de Hacienda se opone con la vieja opinión de que una vez en vigor un impuesto (aunque, como en este caso, fuese aprobado por el PP) no se puede eliminar, como mucho, suspender temporalmente. De hecho, fue lo estuvo a raíz de la pandemia.

Por el momento, a la espera de una propuesta para analizar, el Gobierno ha dejado claro que no acepta condiciones previas “ni fiscales ni regulatorias ni retributivas”, esta última en alusión a un posible contrato con precio cerrado (CFD o contrato por diferencia) para la nuclear. En los contactos habidos hasta ahora, las compañías han insistido en que si no se dan esas condiciones exante no pedirán la renovación ante el CSN, pues no se fían de que luego el Gobierno les haga alguna concesión. En las propias empresas saben que, como mucho y en caso extremo, solo estaría dispuesto a negociar algún tipo de rebaja del impuesto al combustible nuclear gastado, pero siempre después de que pidan el permiso renovación de Almaraz.

El recorte de la tasa queda descartado, amén de que cuantos más años funcionen las centrales más ingresos tendrán las empresas al producir más megavatios, con lo que el coste de este tributo quedaría diluido en el tiempo. En cuanto a la ecotasa, que en el caso de Almaraz (en la que Iberdrola, con un 53%; Endesa, un 36% y Naturgy, un 11%) supone unos ingresos para Extremadura superiores a los 80 millones de euros anuales, el propio Vox, socio del Gobierno del PP en esta comunidad, pidió hace unos meses a su presidenta, María Guardiola, que tuviese un gesto y la rebajase. En cualquier caso -sostenía-, de clausurarse la planta, la Junta de Extremadura perdería estos ingresos, pero esta se ha negado en rotundo.

Distintas posiciones

Por el momento, según fuentes del sector, las compañías no se ponen de acuerdo para redactar una propuesta. Al parecer, las dos grandes energéticas discrepan en el plazo de renovación: Iberdrola prefiere solicitar los tres años de ampliación de Almaraz y Endesa opta por 10 años, para garantizarse el funcionamiento de las plantas catalanas bajo su control, Ascó I y II y Vandellós I. Según el calendario de cierre pactado en 2018, las siguientes en cerrar serían las dos primeras (a finales de 2029 y 2030, respectivamente) y Vandellós lo haría en 2033. La revisión sobre seguridad que el CSN otorgó en su día a Almaraz tiene vigencia de 10 años (hasta 2030), por lo que el permiso de prórroga de funcionamiento solo se debe pedir por tres años, ya que en el calendario de cierre las empresas pactaron que lo harían en 2027 y 2028.

Ninguna de las dos empresas, cuyos máximos ejecutivos defienden públicamente el papel de la energía nuclear, ha concretado este extremo. En el caso de Naturgy, con apenas un 11% en Almaraz, y propietaria de un potente parque de centrales de gas al que prefiere que la nuclear no le reste negocio, su presidente, Francisco Reynés, se ha mostrado partidario de que la planta cacereña se prorrogue tres años pero no reclama, como sus socios, un recorte de la fiscalidad.

Aunque el grave apagón del día 28 podría haber hecho cambiar de opinión al Ejecutivo, flexibilizando su posición respecto a la nuclear, en este consideran que lo ocurrido no está relacionado con el mix energético español, sino de la gestión que se haga del mismo. Además, el estandarte política en que se ha convertido esta tecnología (el PP la ha convertido un “icono” y las empresas aprovechan este apoyo), ata de pies y manos al Gobierno, señalan en su seno, que también tiene que bregar con sus socios de Sumar, contrarios a un cambio en el calendario de cierre.