El ministro se defendió de las acusaciones de "banal e intrascendente" reivindicando la "coherencia" y el "carácter propio" de su política de relaciones internacionales. "Somos un país comprometido con la paz y los derechos humanos", dijo, "y así lo ejercemos tanto en Ucrania como en Gaza".

Pero se encontró con críticas a la falta de apoyo expreso a la oposición democrática en Venezuela, los "silencios" que rodean la relación con Marruecos o la inexistencia de avances en el acuerdo con Reino Unido por Gibraltar.

Pero la insatisfacción de los grupos se centró en el plan de Defensa y el "juego" de España entre su socio natural, Estados Unidos, y el "rival sistémico" de la UE y de EEUU, China.

Ni los socios ni la oposición se creen que los 10.471 millones anunciados de aumento de gasto en Defensa se vaya a imponer "sin recortes". Los socios de izquierdas se refirieron al "gasto social", y la oposición de derechas, al "desastre en la gestión del Gobierno" tras el gran apagón del lunes pasado y el caos ferroviario de este domingo, en palabras del popular Carlos Floriano.

"No se trata de comprar más armas", dijo Albares. "Se trata de hacer lo que antes hacíamos juntos", con EEUU, "y garantizar los proyectos de vida de los ciudadanos en el modelo de vida europeo".

A todo esto, el portavoz del PP le recordó a Albares que "el Gobierno podría haber pactado la autonomía defensiva de España" con la formación de Alberto Núñez Feijóo. "Pero tendría que haber derribado el mismo muro con el que ahora pretenden enfrentar renovables con nucleares, para escapar de su responsabilidad en el apagón".

Albares se mofó de que los populares sacaran ese asunto y les criticó haber votado "en contra de la Comisión Europea". Y así, reivindicó el papel de España en la UE "con más peso que nunca", defendió de nuevo su campaña de hacer de las lenguas cooficiales uno de los ejes de su acción exterior, y la intención de su departamento de mantener "las mejores relaciones posibles" con los Estados Unidos de Donald Trump.

De hecho, logró el ministro decir a la vez que España "apuesta por el multilateralismo", rechazar las decisiones "unilaterales" de Trump (sin nombrarlo explícitamente en ningún momento) y no atacar la guerra arancelaria de EEUU, a la que calificó, simplemente, como "una nueva etapa política".

Del mismo modo, sostuvo también lo uno y lo contrario al reivindicar como una certeza "que es necesaria la unidad de la izquierda" en estos momentos geopolíticos, después de reclamar al PP "apoyo, porque no es la hora de hacer oposición, sino de unidad" en España y en Europa.

También hizo bandera de mantener "los mismos principios" en la defensa de la causa palestina en Gaza como en la invasión de Rusia contra Ucrania y comprometió el "apoyo incondicional" a Kiev. La agresión rusa fue obviada por Podemos y el BNG, y la posición respecto a Ucrania fue incluso criticada veladamente por Sumar, que señaló "el neoimperialismo" de Washington como consecuencia de "las crisis del capitalismo que nos lleva a un callejón sin salida".

Albares presumió de la "amistad renovada" con Marruecos, pero se topó con un rechazo unánime por el "abandono del Sáhara".

El ministro creó una dicotomía entre las "mejores relaciones de la historia con Marruecos", que calificó de primera prioridad, y "dejar que la solución en el Sáhara se retrase otros 50 años". Y centró la réplica en este punto sólo refiriéndose a los populares y a Vox. El PP le había afeado que respecto el Ejecutivo esté del lado "de los invasores" y haya "dejado tirado al pueblo saharaui". Y los portavoces de Vox llegaron a interrumpirle, llamándole "maleducado e insolente" por las alusiones de Albares a que "charlan entre ustedes y no se han leído el documento" del que se debatía.

En todo caso, ninguno de los grupos parlamentarios aceptó como buenas las explicaciones del jefe de la diplomacia española.

Todos le hablaron del aumento del gasto militar, y hasta el portavoz de su socio en el Gobierno, el exembajador ante la ONU, Agustín Santos de Sumar, aseguró que "en el marco de la OTAN no se podrá seguir respetando los derechos humanos". Muchos portavoces dudaron de la "trascendencia" de España en el mundo, exigiendo incluso una reforma de la ley de Acción Exterior. Y la mayoría acusó al Gobierno de "opacidad" o "falta de consenso", eso sí, por diversas razones y en distintos escenarios.

Quizá por diplomacia, Albares calificó el momento geopolítico actual de "decisivo" y, por ello, ofreció "pactos de Estado" y pidió "unidad política". Sin embargo, el ministro de Exteriores ofrecía una nueva Estrategia de Acción Exterior para los próximos tres años, que quedó atrapada en una pinza: sin apoyo de los socios parlamentarios y con el rechazo frontal de la oposición. Sobre todo, en lo referente a la política migratoria y al Sáhara Occidental.

La crisis de Canarias y de Ceuta hizo coincidir ambos extremos del arco parlamentario, por la "falta de humanidad" del Ejecutivo: la izquierda sólo por el "hacinamiento" de menores en centros de acogida; la derecha, también, por alentar la acción de las mafias con una "política de fronteras desprotegidas" que, sugirió el PP, se puede deber a la sumisión de Pedro Sánchez ante Mohamed VI.

"Está muy bien tener buena relación con Marruecos, pero el precio no puede ser abandonar al pueblo saharaui", le reprocharon de izquierda a derecha, todos los grupos. "Hagan caso al mandato de esta Cámara", advirtieron desde el portavoz de Bildu hasta el del Partido Popular.

La izquierda radical, esencialmente, rechazó "la apuesta por que Europa se responsabilice de su seguridad", en palabras del ministro. Es decir, el plan de rearme, como le llamaron todos. Y la oposición de derechas, sobre todo, lamentó la "falta de transparencia", de criterio y de influencia de España en el mundo.

Podemos advirtió de que votaría en contra del documento, del plan de inversión en Defensa y de unos eventuales Presupuestos "para la carrera armamentística". Exigió abandonar "la estrategia de sumisión a EEUU" en la OTAN, reclamó "acercarse a China" y criticó "el genocidio israelí en Gaza", la "connivencia y complicidad" con un Estado "terrorista" y los contratos que el Gobierno "ha seguido haciendo" con Israel, pese a las promesas del Ejecutivo.