En su informe, el grupo de Expertos, destacaron la existencia de una amplia red de vigilancia e inteligencia estatal dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que operó con la participación directa del Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, TELCOR, el Ministerio de Salud y miembros de grupos armados progubernamentales. Esta red habría sido clave en la ejecución de una estrategia sistemática de represión contra la ciudadanía durante las protestas de 2018.

Según el informe, se investigaron 40 muertes, todas calificadas como ejecuciones extrajudiciales, y se analizaron otros 75 casos con patrones similares de violencia estatal. En 39 de los 40 casos documentados, las víctimas fueron abatidas por disparos de armas largas, como fusiles AK, con un alto grado de letalidad: 35 personas recibieron impactos en zonas vitales como el tórax, la cabeza y el cuello.

"Los datos reflejan un patrón de ataque dirigido, en el cual la selección de objetivos y la efectividad de los disparos sugieren una estrategia sistemática de eliminación de opositores o de neutralización de manifestantes", explicaron.

El Grupo de Expertos pudo establecer que, de los 40 casos documentados de ejecuciones extrajudiciales, al menos 11 podrían atribuirse a una acción conjunta entre el ejército/policía y grupos armados progubernamentales.

Desde 2017 el ejército planeaba reprimir de darse un estallido

El Grupo de Expertos tuvo información de que, a inicios de 2017, algunos oficiales del ejército fueron convocados por la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del ejército a una reunión que tenía como objetivo informarles que se estaba fraguando un “golpe suave. El objetivo de la reunión era informar a los oficiales sobre esta situación porque su deber era “preservar la paz”. 

El Grupo de Expertos tuvo información de que, meses más tarde, también comenzaron a realizarse prácticas de tiro en polígonos militares, con personal civil y exmilitares en algunas de las sedes de los comandos militares regionales. El encargado de la Reserva Patriótica era el responsable de recibir a las personas y coordinar el entrenamiento, “se trabajaba en pareja, uno tendido y el otro detrás, siempre en pareja entre un militar retirado y un civil”.

El 19 de abril de 2018, Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de organización nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional transmitió la orden conocida como “vamos con todo”, de la Vicepresidenta. Esta orden fue transmitida por Moreno Briones a los secretarios políticos del Frente Sandinista dentro de diversas instituciones públicas, llamando a defender la revolución por todos los medios.

El Grupo de Expertos recibió información de que el 20 de abril de 2018 se celebró una reunión en el auditorio Carlos Agüero Echeverría del Estado Mayor en Managua en la que participaron oficiales del Comando de Operaciones Especiales, de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar, de Personal y Cuadros y de algunos comandos militares regionales, todos activos y en funciones. La reunión fue presidida por el Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, Jefe del Estado Mayor del Ejército y Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en seguridad e inteligencia.

En dicha reunión, el Jefe del Estado Mayor General leyó una orden presidencial que, según la fuente del Grupo de Expertos se asimilaba a una disposición de combate por las características que ésta tenía. En su lectura, informó que el país se encontraba enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales. La orden era que los oficiales presentes en la reunión iban a ser asignados por la Unidad de Personal y Cuadros, a diferentes unidades militares para “neutralizar” a los líderes de estas manifestaciones. Miembros de comandos y destacamentos militares regionales, el Batallón Ecológico y el Comando de Operaciones Especiales, desplegaron personal militar, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales. 

El 21 de abril de 2018, tres días después del estallido de las protestas, mediante la nota de prensa No. 061/2018, el Ejército Nacional declaró su respaldo a la búsqueda de una solución a la crisis a través del diálogo. Asimismo, rechazó lo que calificó como “manipulaciones de información” sobre sus actividades y afirmó que su labor se centraba en la protección y seguridad de entidades y objetivos estratégicos. Una fuente manifestó que: “la orden era que cualquier amenaza a estos objetivos debía ser aniquilada”.

El Grupo estableció que el Presidente y la Vicepresidenta ordenaron a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y a los grupos armados progubernamentales que reprimieran violentamente las manifestaciones como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder. Así, el Comandante en Jefe, General Julio César Avilés Castillo, ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que su intervención podría provocar la pérdida de vidas humanas. 

Una fuente del Grupo de Expertos manifestó que, durante este período, se dejaron de emitir órdenes por escrito, y todas las instrucciones fueron transmitidas de manera verbal y directa, con el objetivo de no generar registros documentales. Las órdenes eran impartidas por el Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo, canalizadas a través del General Julio César Avilés Castillo, para posteriormente ser transmitidas a los comandantes de cada unidad para su ejecución. Las órdenes eran claras; la actuación del ejército era defender al país de las agresiones, inclusive si eso significaba aniquilar personas.

El Grupo determinó que el ejército participó activamente en la represión de las manifestaciones, proporcionó armamento a la policía y a los grupos armados progubernamentales, llevó a cabo operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes en riesgo de exclusión social y funcionarios públicos. 

Trabajo de Inteligencia 

Respecto del trabajo de inteligencia, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército Nacional (DID), dirigida por el General de Brigada Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval hasta julio de 2024, fue la Unidad que mantuvo el control sobre las operaciones de inteligencia en 2018, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, dirigida por el General de Brigada Leonel José Gutiérrez López y la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial liderada por Adolfo Joel Marenco Corea. 

La participación de estas direcciones de la Policía Nacional fue ordenada por Francisco Javier Díaz Madriz entonces subdirector general de la policía, quien siguiendo órdenes de la Vicepresidenta, estableció la cooperación con el ejército para entregarle toda la información que tenía la policía sobre los manifestantes, pero en una sola vía, es decir, el ejército no tenía órdenes de devolver la información a la policía.

Según una fuente del Grupo de Expertos a partir de abril de 2018 se realizó un “reclutamiento de más oficiales del ejército al órgano de inteligencia, casi de un 80% de personal del ejército iban para ese órgano. Luego la misma Dirección de Inteligencia les impartía un curso relámpago de 15 días sobre inteligencia y contrainteligencia, para que posteriormente ellos salieran a las calles a infiltrarse en las manifestaciones. Ahí detectaban quienes eran los cabecillas de las manifestaciones. Los oficiales captados para inteligencia eran de todas las unidades y oficiales retirados. Los militares salían, se dejaban crecer la barba y el pelo para evitar ser identificados, andaban de civil y armados. También había civiles”.

Estos son los 11 militares identificados que participaron de forma activa en la represión del 2018. Fuente, Grupo de Expertos. ONU.

La Dirección de Información para la Defensa del ejército, dirigida por el General de Brigada Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval, asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar dirigida por el General de Brigada Leonel José Gutiérrez López, la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, liderada por Adolfo Joel Marenco Corea, el Comando de Operaciones Especiales del ejército en cabeza del Coronel de Infantería, Manuel Salvador Gaitán, y la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) dirigida por Justo Pastor Urbina. 

El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Coronel de Infantería Manuel Salvador Gaitán, jefe del Comando de Operaciones Especiales del ejército y la Dirección de Operaciones Especiales Policiales dirigida por Justo Pastor Urbina ordenaron el despliegue de francotiradores con rifles de precisión diseñados para disparos de largo alcance con gran exactitud.

El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Coronel de Infantería José Hilcias Rizo Rizo, jefe del Primer Comando Militar Regional, con jurisdicción en Estelí, Nueva Segovia, y Madriz, el Coronel de Artillería Vladimir Ilich Martínez Jarquín, jefe del Segundo Comando Militar regional con jurisdicción en los departamentos de León y Chinandega, el Coronel de Infantería Denis Manuel Hernández Martínez, jefe del Quinto Comando Militar Regional con jurisdicción en los departamentos de Boaco y Chontales, el Coronel de Infantería Marvin Antonio Paniagua Pineda, jefe del Sexto Comando Militar con jurisdicción en Matagalpa y Jinotega, el Coronel de Infantería Álvaro Francisco Rivas Castillo, jefe del Destacamento Militar Sur, con jurisdicción en el departamento de Río San Juan y este último en operaciones conjuntas con el Batallón Ecológico BOSAWAS, y el Coronel de Infantería Manuel Salvador Gaitán, jefe del Comando de Operaciones Especiales, ordenaron la participación de personal de sus unidades militares, en la represión del 2018, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno. 

Su participación fue consecuencia de la orden presidencial leída el 20 de abril de 2018 en la sede del Estado Mayor del Ejército. El Grupo de Expertos debe profundizar más su investigación en relación con el resto de los comandos Militares Regionales y el Destacamento Militar Norte.

El mayor número de muertes registradas, en las que habrían participado miembros del ejército, fueron consecuencia de patrones de represión de las manifestaciones, particularmente intensos y sistemáticos. Conforme a la información de que dispone el Grupo de Expertos, se documentaron la mayoría de las muertes, en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, bajo la jurisdicción del Sexto Comando Militar Regional. En segundo lugar, se encuentran los departamentos de León y Chinandega, bajo responsabilidad del Segundo Comando Militar Regional, y en tercer lugar los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia, cubiertos por el Primer Comando Militar Regional. Este patrón descendente en del número de muertes por zona sugiere una distribución diferenciada de la respuesta represiva del Estado, que podría estar asociada a factores como la intensidad de las protestas, la estructura del despliegue militar y la cadena de mando regional.

Según algunas fuentes, la participación de miembros del ejército se llevó a cabo vistiendo ropa de civil, uniformes de la policía o utilizando indumentaria de otras instituciones. El ejército a través de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia dispuso de uniformes de la policía, así como de trabajadores de las alcaldías y otras entidades estatales, y facilitó la emisión de identificaciones de diversas instituciones. 

En 2018, personal del ejército participó en actos de represión armada contra la población civil, empleando uniformes policiales y vistiéndose de civil para aparentar ser integrantes o de la policía o de grupos armados progubernamentales. El Grupo de Expertos tiene en su poder fotografías de presuntos militares usando uniforme policial y manejando armamento de uso exclusivo de las fuerzas militares como el RPG7.

Se identificó la presencia de militares por la formación y por la táctica empleada. Algunas fuentes identificaron formación 3 a 1 o estrategia de fuego y maniobra, donde tres miembros de un equipo realizan una acción (como avanzar o disparar), mientras el cuarto miembro proporciona cobertura o apoyo. También se identificó la formación en columna y formación en diamante. Una fuente manifestó que: Estaban vestidos de la misma manera. 

Los identificábamos nosotros por el movimiento y por cómo se acomodaban el arma. Hay una foto de ellos con la rodilla a tierra, eran militares, es la forma en la que identificamos que eran del ejército. Éstos tenían el mismo uniforme que los antimotines. El TAPIR no camina encorvado abajo, ellos solo son de defensa personal, pero para moverse en el terreno como se mueve un militar, en grupo de tres, le decimos formación en diamante, eso se llama combate urbano, eso lo usa el ejército, tres pegados a la pared, el que va apuntando hacia el frente, él que va atrás va cubriendo a los lados y el último va cubriendo la parte de arriba y hacia arriba por si hay enemigo en el techo. Así los identificamos.

Asimismo, se ha identificado el uso de determinados sistemas de armas, como las ametralladoras PKM y los lanzacohetes RPG, cuyo manejo requiere conocimientos técnicos avanzados, incluyendo formación en puntería, balística y mantenimiento. Estas capacidades exceden el adiestramiento habitual de las unidades policiales encargadas del control del orden público, lo que refuerza la conclusión sobre la participación de personal militar en estos hechos. Una fuente informó al Grupo de Expertos que fueron atacados con armas de guerra, con fusiles, PKM, RPG7, Galil, Dragunov SVD, que son usadas por francotiradores y por fuerzas especiales del Ejército.

En relación con la participación de la Fuerza Aérea, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que después del 12 de junio de 2018, empezaron a circular avionetas, para realizar misiones de reconocimiento y fotografías aéreas para localizar los puntos débiles y fuertes de los tranques, de cara a la “Operación Limpieza”. Estas aeronaves estarían tripuladas entre otros por miembros de la Dirección de Información para la Defensa.

Una fuente del Grupo de Expertos informó que, en Plaza del Sol, en el campo de beisbol, llegaban cadetes del ejército provenientes de una escuela militar. Una vez allí, se cambiaban a ropa de civil o vestían camisetas con los logos de empresas estatales, tras lo cual la policía les proporcionaba armas. Estas armas provenían de la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, algunas de ellas decomisadas al narcotráfico, mientras que otras carecían de registro o tenían el número de serie borrado. Se llevaba un registro de las armas, al entregarlas y al devolverlas. La recolección se realizaba diariamente a las 5 p.m., con un sistema de relevos para la distribución y recuperación del armamento. Los cadetes pernoctaban en las instalaciones de la policía. Personal de la Dirección de Logística del Ejército apoyó con alimentación para estas personas. Había una coordinación de centro de mando a centro de mando entre la policía y el ejército. Altos mandos militares llegaban a Plaza del Sol.

Una fuente del Grupo de Expertos manifestó que para el 2018, un alto mando de la policía apoyó a Pedro Amilkar Orozco, coordinador de la Juventud Sandinista en Managua, con policías vestidos de civil y armados para la represión, consolidando los grupos de choque. Milton Ruíz García, coordinador nacional de la Juventud Sandinista, facilitó la participación de miembros de esta organización en acciones de intimidación y vigilancia a líderes estudiantiles, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. A nivel nacional lideró las brigadas de choque, por órdenes directas de la Vicepresidenta. En coordinación con estructuras locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la Policía Nacional, facilitó la movilización de militantes armados vestidos de civil que realizaron ataques directos a manifestaciones pacíficas, especialmente en universidades y barrios identificados como opositores.

Algunos secretarios políticos departamentales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, como Sadrach Zeledón Rocha, alcalde de Matagalpa, Leónidas Centeno Rivero, alcalde de Jinotega, y Evertz Delgadillo Moreno, secretario político del partido en León, lideraron la represión en sus respectivos departamentos.

Ejército facilitó armamento

El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que tanto la policía como el ejército facilitaron armas y material bélico para la represión. Según una fuente del Grupo de Expertos, hubo un momento en que el ejército abasteció de armas a la policía, porque se habría disminuido su arsenal al entregar armas a los grupos armados progubernamentales, con RPK-74 y el fusil AK-47.

La gran cantidad de escopetas que se utilizaron durante la represión provenían de empresas de seguridad, de propiedad de militares retirados y miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En una de las empresas de seguridad, la Dirección de Operaciones Especiales Policiales llegó a las bodegas de dichas empresas y se llevó cerca de 1000 escopetas Remington; Mossberg y Maverick 88. También lo hicieron con las armerías que tenían licencia en el Departamento de Estado de los Estados Unidos para comercializar en Nicaragua provenientes de varios países. En algunas zonas del país hubo confiscación de armas de cacería accesibles a los civiles.

Entrenamiento de personal civil. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que, a mediados de mayo de 2018, miembros del Ejército entrenaron a personas pertenecientes a los grupos armados progubernamentales. Estas personas fueron entrenadas en la base de la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, cerca de la Laguna de Jiloá. Fueron entrenados militarmente a mediados de mayo de 2018.

Una fuente del Grupo de Expertos manifestó que “eran personas fanáticas del Gobierno a quienes les daban 200 pesos por andar ahí en contra de los chavalos”.

El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que tanto personal policial y civil fue entrenado por el ejército; incluidos funcionarios públicos; en predios de propiedad de funcionarios públicos y de militares retirados. Los entrenamientos duraban dos o tres meses en la montaña, y buscaban preparar a las personas en habilidades tácticas, físicas y psicológicas necesarias para el combate. Fuentes del Grupo de Expertos manifiestan que dentro de los capacitadores también había personal extranjero. Enseñaban la utilización de armamento de guerra y de fusiles Uzi.

Como se recibía orden para detener

Las órdenes de “desalojar y detener” habrían sido transmitidas por medio del subdirector general de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz, como director general en funciones, a altos mandos de la institución, entre ellos el subdirector general de la Subdirección General de Prevención y Seguridad Ciudadana, Ramón Antonio Avellán Medal, el jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la misma subdirección, Juan Antonio Valle Valle, el jefe de la Subdirección General de la Delegación Metropolitana de Managua, y los jefes y personal de unidades especiales, delegaciones departamentales, regionales y distritales.

En el caso de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, las órdenes se transmitían directamente del Presidente Ortega a Justo Pastor Urbina, jefe de esta Dirección desde 2009, quien a su vez las transmitía al personal de la Dirección, incluso al personal del Departamento de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate (TAPIR) y a los Grupos de Intervención Rápida (GIR) – destacamentos de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales a nivel departamental – que actuaban mientras se desplegaban las unidades de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales desde Managua.

Francisco Javier Díaz Madriz, Justo Pastor Urbina y Juan Antonio Valle Valle transmitían órdenes a los respectivos jefes de unidades policiales y delegaciones departamentales, regionales y distritales, enfatizando que tenían que esperar la confirmación del Presidente Ortega antes de ejecutarlas936 . Esta cadena de mando de facto aseguraba que cada acción represiva estuviera controlada y supervisada en todo momento por el Presidente Ortega.

El Grupo tiene motivos razonables para concluir que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía Nacional, del Ejército Nacional e integrantes de grupos armados progubernamentales siguiendo órdenes del Presidente y la Vicepresidenta.

Estas órdenes fueron transmitidas del Comandante en Jefe del Ejército Nacional, General Julio César Avilés Castillo, al Jefe del Estado Mayor General, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, y luego a los comandantes de cada unidad para su ejecución. 

El entonces subdirector general de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz, ordenó que agentes de policía utilizaran fuerza letal contra los manifestantes y el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, Justo Pastor Urbina, dirigió la participación de sus miembros en la represión de las protestas. Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de organización nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional transmitió la orden a los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional de diversas instituciones públicas que causaron el despliegue de grupos armados progubernamentales contra las manifestaciones.