De acuerdo a la normativa, «una persona perceptora de la RGI no puede rechazar una oferta de empleo adecuada, dado que tiene la obligación de estar disponible para el empleo y participar en las estrategias de mejora de la empleabilidad que el servicio público vasco de empleo Lanbide ponga en marcha», explica Torres. Así, «el rechazo a una oferta adecuada, sin causa justificada, conlleva la extinción de la prestación y la imposibilidad de poder solicitar la RGI durante el periodo de un año, a contar desde la fecha en que sea firme la resolución de extinción».

Excepciones

No obstante, «existen excepciones justificadas para proteger a las personas beneficiarias de condiciones laborales desfavorables». De hecho, más de 800 vascos siguen cobrando la RGI tras haber rechazado, al menos, una oferta laboral. A la mayoría, 772, Lanbide les ha mantenido el pago de esta prestación después de haber dicho que no a una sola oportunidad de trabajo, mientras que 49 han rehusado dos ofertas, y una, hasta cinco.

El Gobierno vasco considera que todas estas personas tienen razones «justificadas» para haber rechazado el puesto, según la normativa aplicable. Por ejemplo, «cuando el tiempo de desplazamiento al trabajo supera el 25% de la jornada diaria o cuando el coste de desplazamiento en transporte público supera el 20% del salario ofertado, entre otros».

Son un 30% más que el año anterior, sobre todo aquellos que han rechazado una oferta de trabajo. Si en 2024 fueron 772, en 2023 se contabilizaron 597. Esta cifra está en aumento desde 2021, pasando de 336 en aquel ejercicio a 368 en 2022. En solo cuatro años, las personas que han justificado no coger un trabajo y siguen cobrando la RGI han aumentado un 130%.

A fin de cuentas, insiste el consejero, esta prestación «busca fomentar la inclusión laboral de las personas beneficiarias, por lo que se espera que estas participen activamente en la búsqueda de empleo y acepten oportunidades laborales adecuadas como parte de sus obligaciones para mantener la ayuda».