Esta semana, los intervinientes del caso ProCultura recibieron el expediente de la investigación. Este pinta un cuadro de redes políticas, conflictos de interés y hedor a corrupción entre privados y autoridades, con la sospecha de lo de siempre: dinero para financiar a la política y a los políticos.

ProCultura es una fundación armada por el siquiatra Alberto Larraín, quien generó una espesa red de contactos con figuras políticas, especialmente del Frente Amplio. Así extendió el alcance de la fundación, desde la salud mental a cualquier tema imaginable donde hubiera dinero público.

Larraín era muy cercano a Gabriel Boric. Tanto, que el presidente, según revela en una conversación interceptada por la Fiscalía, quiso nombrarlo ministro de Desarrollo Social, una idea que fue sabiamente bloqueada por la entonces futura jefa de gabinete, Izkia Siches.

Larraín no llegó a La Moneda, pero aprovechó esa cercanía, con o sin conocimiento del presidente, para levantar un pequeño imperio.

Según la investigación, Fundación ProCultura firmó convenios con el Estado por $ 181 millones en 2020 y $ 316 millones en 2021. Esos montos explotaron al asumir la presidencia el amigo de Larraín: $ 3.282 millones en 2022. Y $ 1.808 millones en 2023, antes de que el caso pusiera abrupto fin a la meteórica carrera de la fundación.

Para el fiscal Patricio Cooper, “este aumento exponencial se puede explicar por la cercanía” entre Larraín y Boric, lo que hace sospechar “el posible delito de tráfico de influencias que deriva en fraude al Fisco, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas”.

Después de pinchar, con autorización legal, los teléfonos de 24 personas ligadas a Larraín, el fiscal encontró más evidencia. Por ejemplo, un llamado de una mujer identificada como “Lucía” a altas directivas de la fundación, en que intenta cobrar un dinero adeudado. Según ella, Larraín le habría respondido que “gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.

Larraín usaba su relación con el Presidente. En marzo de 2022, en los días en que su amigo asumía en La Moneda, le decía al gobernador de Magallanes, Jorge Flíes, que “ayer hablé con el Presidente electo”, y que este último “está muy entusiasmado con el anuncio de lo de Torres del Paine”.

¿Larraín estaba cobrando favores de campaña, o sólo intentaba lucrar de su relación personal? ¿Sabía el presidente lo que estaba pasando, o su amigo actuaba a sus espaldas?

Son preguntas válidas, que una investigación seria debe aclarar.

El fiscal Cooper tomó una decisión sin precedentes. Pidió pinchar los teléfonos de Boric, incluidos sus mensajes de texto y ubicación georreferenciada de su celular.

Cooper lo pidió dos veces, y en ambas el juzgado de garantía de Antofagasta le dijo que no, por no haber antecedentes suficientes.

El tribunal le recordó al fiscal que estas medidas intrusivas sólo se permiten cuando “existan sospechas fundadas de haber cometido o estar preparándose para la comisión de un ilícito”. Y que el hecho de ser amigo de Larraín no hace a Boric “merecedor de sospecha o reproche penal, puesto que no se ha dado cuenta de hechos concretos que permitan determinar esa circunstancia”.

El oficialismo denuncia una persecución política de Cooper contra Boric. Además de pedir su remoción a la Corte Suprema por otro caso (Sierra Bella), parlamentarios del Frente Amplio lo acusan de “espionaje político” y de “poner en riesgo al seguridad nacional”.

El jefe de los diputados socialistas (Juan Santana) incluso amenazó con remover al fiscal nacional. “Esto se volvió un tema de seguridad nacional y debe tener algún freno (…) si no toma medidas urgentes se vuelve cómplice de la conducta temeraria e inconstitucional de Cooper. Haremos valer su responsabilidad”, advirtió.

La vocera subrogante del gobierno agregó que las conversaciones del presidente tienen un estándar de protección más alto, porque “podrían comprometer la seguridad nacional”.

Hace unos meses, el asunto era al revés. Los opositores citaban a Cooper al Congreso para interrogarlo, acusando “presiones” para “entorpecer” e “ir más lento” en la arista ProCultura del caso Fundaciones. Un caso en que, no está de más recordarlo, han caído políticos de todo el espectro. Hay dos diputados formalizados (uno republicano y una frenteamplista), y varios gobernadores regionales investigados. Ellos son de distintos colores políticos, y no dependen del gobierno central.

Ahora, es el oficialismo el que busca intimidar al fiscal que los indaga. El conflicto de interés es grosero.

Además, no hay nada inconstitucional aquí. El presidente sí puede ser objeto de medidas intrusivas. Y en este caso, las instituciones funcionaron. El juzgado de garantía analizó la petición, y, debido a lo frágil de los antecedentes, le dijo dos veces que no al fiscal.

Y son los jueces, no los políticos, los que en democracia determinan si el teléfono de una persona puede o no ser pinchado. En este caso, no lo fue.

Si a los parlamentarios realmente les preocupa el asunto de las platas políticas, podrían partir por darle de una vez por todas atribuciones y recursos al Servel para controlarlas. Sabemos que en el año electoral que comienza, de nuevo habrá millones y millones de pesos que se gastarán desde el Fisco y se triangularán desde privados, sin que nadie fiscalice.

El Servel no es más que un timbre que certifica ficticias “rendiciones” de las campañas. Tierra prometida para las aceitadas pymes disfrazadas de partidos y de candidatos, que se forman para robarle al Fisco. Y para fundaciones de amigotes, empresas con intereses de todo tipo, e incluso el crimen organizado, que hoy tienen territorio libre para intercambiar favores con nuestras futuras autoridades.

“No queremos y no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria. En esto tenemos que ser muy claros: caiga quien caiga. Acá no vamos a hacer ningún tipo de perdonazo ni esconder debajo de la alfombra a quienes han cometido delitos”.

¿Les suena esa frase? La dijo el presidente Gabriel Boric en 2023, por este mismo caso.

Habrá que cobrarle la palabra. Y pedirle que ordene a su gobierno y a sus parlamentarios en torno a ella.

¿Caiga quien caiga? Caiga quien caiga, entonces. De verdad.