El juez Juan Carlos Peinado García sigue sin encontrar pruebas de los delitos que atribuye a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, tras admitir a trámite hace un año la querella de Manos Limpias basada en recortes de prensa y noticias falsas. El instructor ha prorrogado seis meses la investigación e ignorado los indicios de la inocencia de la esposa de Pedro Sánchez recabados durante este tiempo. Pese a los testimonios que descartan las sospechas del juez ―ha interrogado ya a 33 personas―, y pese a los informes de la Guardia Civil que descartan el delito en la actuación de Gómez, Peinado sigue adelante con una causa que investiga todo para ver si un delito ha sido cometido. Los testigos principales de las actividades de Begoña Gómez desde que su marido es presidente han negado cualquier tráfico de influencias y han acabado imputados. La esposa de Sánchez está investigada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. El sumario, que acumula ya 15 tomos, reúne suficientes evidencias para el archivo de la causa. Son las que siguen.

Tráfico de influencias en Red.es que niegan la Guardia Civil y los testigos. El juez buscó un supuesto tráfico de influencias de Gómez para que dos empresas privadas consiguieran contratos de la entidad estatal Red.es por 10 millones. Esta línea de investigación parece abandonada: el juez citó de urgencia a directivos y empleados de Red.es, pero nunca llegó a interrogarlos. La Guardia Civil analizó el caso, estudió a los miembros de la mesa de contratación de Red.es ―nula vinculación con Begoña Gómez―, analizó el concurso, las ofertas, las puntuaciones... y descartó cualquier irregularidad. Innova, una de las dos empresas de la UTE beneficiada, es propiedad de Juan Carlos Barrabés, colaborador en los cursos de la Complutense que codirigía la mujer del presidente. El empresario presentó hasta 32 cartas de apoyo a su proyecto de formación firmadas por empresas tecnológicas e instituciones públicas (entre ellas, el Ayuntamiento de Madrid, donde había logrado contratos millonarios). Como una de esas cartas iba firmada por Gómez como codirectora de la cátedra de la Complutense, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación abierta por el juez Peinado: “Una sospecha fundada en datos objetivos y verificables” basta para abrir la causa, pero si “verificadas las comprobaciones e investigaciones precisas, la hipótesis se diluye procederá acordar el archivo inmediato”, escribió la Audiencia. Investigado el asunto nadie ha hallado indicios, pero el juez no acordó el archivo.

Tráfico de influencias en la Universidad Complutense que el rector negó. El juez se fijó después en el trabajo que desempeñó Begoña Gómez en la Complutense e investigó si su contratación en 2020 para la cátedra de Transformación Social Competitiva se debía a un nuevo tráfico de influencias. Pero el rector, Joaquín Goyache, lo negó y atribuyó su contratación a la experiencia de Gómez en el sector y en la propia universidad, donde daba clases desde 2012 ―cuando Pedro Sánchez no era ni diputado― en un máster de captación de fondos públicos para organizaciones sin ánimo de lucro. El juez manifestó su sorpresa porque Gómez daba clases sin titulación universitaria y codirigía una cátedra sin ser catedrática. Los estatutos que regulan las cátedras, le explicó el rector, admiten ambas situaciones. La palabra “cátedra” se usa actualmente en otros 53 cursos similares de la Complutense, tan solo sirve para barnizar de prestigio a quienes imparten la docencia bajo su amparo.

El tráfico de influencias en IE Business School que niega el contratador que acaba imputado. Juan José Güemes, directivo de IE Business School y exconsejero autonómico del PP en Madrid, fue citado como testigo por el juez Peinado, quien quería saber por qué esa entidad privada fichó a Begoña Gómez. Güemes contó al juez que contactó con Begoña Gómez a finales de 2017 y la fichó para el IE en julio de 2018. Pero que ese fichaje no tenía relación con la condición de Gómez como esposa del presidente. El juez Peinado reaccionó entonces tergiversando la declaración de otra testigo para imputar a Güemes: “Mire, la directora de Recursos Humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la motivación era por ser la esposa del presidente del Gobierno”. La directora de Recursos Humanos nunca declaró tal cosa. Explicó al juez Peinado que en el contrato de Begoña Gómez se incluyó una cláusula quinta sobre conflicto de intereses debido a que se trataba de la mujer del presidente, y que dicha cláusula establecía que si hubiese hecho algo que estaba identificado que no se debía de hacer, habría sido un incumplimiento del contrato. Güemes, ya imputado, mantuvo su versión negando cualquier tráfico de influencias en el fichaje de Gómez. Pero el juez no le ha retirado la imputación.

Corrupción en los negocios sin negocio a la vista. El delito investigado por Peinado castiga “al directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales”. Gracias a sus contactos, Gómez logró no solo el patrocinio de la cátedra ―a la Universidad Complutense no le costó ni un euro― sino también financiación para la fabricación de una herramienta tecnológica de asistencia a pequeñas empresas y de uso gratuito. Dos empresas participadas por el Estado ―Telefónica e Indra― y Google aportaron fondos y conocimientos para desarrollar ese software para la universidad pública. Pero Gómez no hizo negocio con esa herramienta tecnológica ni las firmas que la financiaron, al menos que se sepa, consiguieron ventajas en sus relaciones comerciales con la Universidad Complutense.

Un negocio sin demasiado lucro. Gómez cobró el salario mínimo interprofesional en el mejor de sus años en la Universidad. Un informe de la Complutense incorporado al sumario detalla el dinero que cobró Gómez de la universidad desde que empezó a dar clases, en el curso 2012-2013, hasta el curso 2021-2022. Las remuneraciones de la esposa del presidente en ese período van desde los 2.983 euros brutos que cobró en el curso 2012-2013 (por tutorías, docencia y dirección del máster de fundraising) a los 14.962 euros brutos del curso 2021-22 (por las clases y tutorías de dos máster —funrainsing y transformación social competitiva—). El salario mínimo interprofesional ese año era de 14.000 euros. El juez buscó el dinero de los supuestos negocios corruptos de Gómez en todos los sitios posibles, sin hallar nada sospechoso. La mujer del presidente consta en siete cuentas bancarias con saldos que oscilan de los 234 euros a los 5.696; y que suman 21.034 euros.

Apropiación indebida del software... que el Registro de la Propiedad desmiente. Peinado imputó a Gómez por la supuesta apropiación indebida de un software. Consultado el registro de la propiedad intelectual, ha confirmado que no hay nada a nombre de Begoña Gómez. La herramienta tecnológica que la mujer del presidente impulsó está ahora abandonada por la Complutense, su propietaria. Gómez creó una sociedad a su nombre en 2023 con la misma denominación que la cátedra que codirigía. Eso hizo sospechar a la Universidad de que se podía haber apropiado del software para hacer negocio. Pero esa herramienta tecnológica era de uso gratuito y la sociedad creada por Gómez carece de actividad.

Intrusismo profesional... por orden de la Universidad. El último de los delitos imputados a Begoña Gómez es el de intrusismo profesional porque firmó un pliego de prescripciones técnicas para un contrato de servicios a la cátedra relacionado con la herramienta tecnológica que iban a ofrecer a las empresas. Lo hizo Gómez porque así se lo ordenaron por correo electrónico desde la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense.

La Audiencia Provincial y las diligencias inadecuadas del juez. Un año de investigación judicial ha destapado las malas prácticas del instructor. Peinado ordenó un registro contra el empresario Juan Carlos Barrabés cuando estaba aislado en la habitación de un hospital con una enfermedad grave y contra sus trabajadores y familia. La Audiencia Provincial anuló el registro: “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad: solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad... dentro de los parámetros fijados en la ley”. La Audiencia le ordenó no investigar el rescate a Air Europa porque las denuncias contra Gómez por esta operación eran conjeturas sin base. Pero el juez pidió toda la documentación y encargó un informe a la UCO, aún pendiente de entregar.

El juez imputó a Cristina Álvarez, la asistente personal de Begoña Gómez en Moncloa, por una supuesta malversación de fondos públicos. Lo hizo días después de negarse a imputarla, como le pedían las acusaciones populares, cuando Álvarez declaró por primera vez en el juzgado. El motivo: dos correos electrónicos que la asistente envió en nombre de Gómez a patrocinadores de la cátedra para que renovarán su ayuda a los cursos de la universidad pública. Esta nueva vía de investigación permitirá al juez Peinado regresar al Palacio de la Moncloa ―adonde acudió hace varios meses para intentar interrogar al presidente Pedro Sánchez― donde preguntará el próximo miércoles al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez como asesora.