Hace algunas semanas, se filtró un informe del Ministerio de Economía y Finanzas que, a pedido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), establecía que el salario de la presidenta Dina Boluarte debía aumentar en un 125%, de los S/16.000 actuales a los S/35.568. El tema se venía manejando cuidadosamente tras bambalinas por parte del Ejecutivo y solo salió a la luz gracias a la labor de la prensa. Sin embargo, ahora que los medios tratan de indagar más a profundidad el asunto, el gobierno ha puesto el candado al decretar que todo lo relacionado con el operativo del aumento de sueldo de la mandataria tiene carácter “confidencial”.

Días atrás, este Diario solicitó a la PCM tres documentos y uno al MEF que dieron origen al referido informe. Lo hizo al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y convencido de que la asignación mensual de un presidente de la República es un asunto de interés público que los peruanos deben conocer. No obstante, la PCM respondió que no era posible atender nuestro pedido, porque el tema “se encuentra en proceso deliberativo” y, en ese sentido, era “confidencial”.

Los argumentos del Ejecutivo para mantener oculto el posible aumento de la remuneración de Boluarte, sin embargo, no son convincentes; por el contrario, traslucen preocupación e incomodidad. Es cierto que, en determinados casos, uno puede entender que exista información reservada, pero este no es uno de ellos. No estamos hablando aquí de planes militares o de datos cuya divulgación pueda poner en riesgo la vida de personas o la seguridad nacional. Estamos hablando de la pretensión de una presidenta de subirse el sueldo sin darles ninguna explicación a quienes lo van a costear; es decir, a los ciudadanos. Una presidenta que, además, lleva más de 200 días sin dar una entrevista a la prensa, que le debe explicaciones al país por la información que se está conociendo sobre las cirugías a las que se sometió, y que apenas aterriza en el territorio nacional busca cualquier excusa para volver a salir de él lo más rápido que pueda.

Si la señora Boluarte quiere duplicarse el salario, los peruanos tenemos el derecho de conocer todos los detalles de esta operación. Ocultarlos, más bien, proyecta la sensación inequívoca de que las cosas no se están haciendo de manera correcta.