The Chilean Comptroller General's Office (Contraloría) found that 312 municipalities failed to submit documentation related to their Community Public Safety Plans (PCSP) and Councils (CCSP) to the Undersecretariat for Crime Prevention (SPD) for 2024-2025. This indicates a lack of current plans and insufficient council meetings.
Only 33 municipalities (90%) submitted the required information. 110 of the non-compliant municipalities are categorized as 'urgent,' possessing higher socio-delinquent vulnerability. 14 'urgent' municipalities failed to submit either their PCSP or meeting records. A further 19 'urgent' municipalities, including Antofagasta, showed no evidence of meetings between January 2024 and February 2025. The Contraloría also noted 24 municipalities with expired plans and 40 who hadn't submitted their plans to the SPD by February 2025.
The analysis was sent to the SPD for action. The Contraloría will conduct risk assessments on the non-compliant entities. Municipalities will face administrative investigations for non-compliance.
La Contraloría General de la República constató que 312 municipalidades del país no han cumplido con remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), toda la documentación relacionada con el plan y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública entre 2024 y 2025.
Según el ente fiscalizador, eso significa que “no hay constancia de que tengan un plan vigente y/o de que hayan sesionado con la periodicidad que indica la normativa”.
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece instrumentos de gestión e instancias de coordinación para que estos territorios, mediante los Planes Comunales de Seguridad Pública (PCSP) y los Consejos Comunales de Seguridad Pública (CCSP), adopten medidas intersectoriales que permitan mejorar las condiciones de seguridad.
La División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de Contraloría emitió un informe consolidado de seguimiento a la implementación de estos consejos y planes que constata que solo el 90% de las comunas ha remitido la información requerida a la SPD.
Los municipios que han cumplido con el envío de la documentación son 33.
El Plan Comunal de Seguridad Pública debe estar aprobado por el Consejo Municipal y se debe actualizar una vez al año.
El Consejo Comunal de Seguridad Pública, en tanto, debe existir en todas las comunas y sesionar al menos una vez al mes.
De las comunas que no han cumplido, 110 pertenecen a la categoría de urgentes, al tener un mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual.
14 de los municipios en esa categoría no han remitido el Plan Comunal de Seguridad Pública ni la totalidad de las actas de las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública.
Se trata de las comunas de Independencia, La Florida, La Pintana y Talagante, en la Región Metropolitana, y Alto Biobío, Ercilla, General Lagos, Lonquimay, Puerto Montt, Nueva Imperial, Mulchén, Pucón, Purén y Tirúa, en otras regiones.
La Contraloría indicó que desde 2021 hasta 2024, se advierte una disminución en la remisión de actas del consejo por parte las municipalidades.
El informe apunta también que 19 municipios de la categoría urgente no reportaron antecedentes a la SPD que permitan concluir que cumplieron con sesionar entre enero de 2024 y febrero de 2025, destacando Antofagasta, considerada la cuarta a nivel nacional con mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual. En la misma situación aparecen Conchalí, El Bosque, La Granja, Lo Prado, Quinta Normal, Renca, entre otras.
Según el organismo que encabeza la contralora Dorothy Pérez, a febrero de este año, 24 municipalidades mantendrían sus planes comunales de seguridad pública vencidos y 40 municipalidades no han enviado sus planes a la SPD.
Ante esta situación, se dispuso la remisión del análisis realizado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, para emprender acciones que permitan dar cumplimiento a la normativa.
Asimismo, se determinó la inclusión en análisis de riesgo por parte del organismo fiscalizador, a las entidades detectadas en condición de incumplimiento y se ordenó a los municipios iniciar sumarios para determinar responsabilidades administrativas por los incumplimientos detectados.
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