La propuesta presentada en la Asamblea Nacional para emitir un voto de censura contra el canciller Javier Martínez Acha representa el segundo intento en la historia reciente del Legislativo panameño de sancionar formalmente a un ministro de Estado.

El primer antecedente se remonta a 1993, cuando la Asamblea impulsó un voto de censura contra el entonces ministro de Educación, Marco Alarcón, durante la administración del presidente Guillermo Endara. La medida fue promovida por la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), aunque no alcanzó los votos necesarios para su aprobación, según relató a La Prensa la exministra y dirigente perredista Balbina Herrera.

La acción legislativa de aquel momento respondió a una serie de controversias y cuestionamientos sobre la gestión de Alarcón en el Ministerio de Educación.

Herrera recordó que en ese periodo el PRD contaba con siete diputados: Mario Rognoni, Alberto Alemán Boyd, Franklin Rivera, Gerardo González, Elías Castillo, Miguel Bush y ella misma. Describió el ambiente político de entonces como tenso y desafiante, en el que como minoría parlamentaria, su bancada luchaba por sostener un debate “serio y de altura”.

El voto de censura es una figura contemplada en la Constitución panameña que permite al Legislativo expresar formalmente su desaprobación hacia un ministro, cuando se le considera responsable de actos atentatorios, ilegales o errores graves que hayan perjudicado los intereses del Estado. Aunque no implica la destitución automática del funcionario, representa un señalamiento político de alto impacto.

En 2016, la entonces diputada independiente Ana Matilde Gómez intentó presentar una resolución para emitir voto de censura contra el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ramón Arosemena, de aquella época, pero no consiguió los votos para llevarla al pleno.

En una oportunidad, Gómez aseguró tener 22 firmas de diputados, pero se requería de un mínimo de 36 para poder promover la propuesta.

“No había visto en mi vida un ministro tan inoperante como ese”, afirmaba por esos días.

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El sustento para el caso de Martínez Acha

En la tarde del martes 22 de abril de 2025, la diputada Janine Prado, jefa de bancada de la coalición Vamos, leyó en el pleno una resolución que propone censurar al canciller Martínez Acha por “incurrir en actos atentatorios y errores graves en perjuicio de los intereses del Estado”, en el contexto de la crisis diplomática con Estados Unidos, debido a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de retomar el control del Canal de Panamá.

La iniciativa cuenta con la firma de 39 diputados de diversas bancadas. De acuerdo con el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), para aprobar una moción de censura se requiere el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno, lo que implica al menos 47 votos si están todos los miembros.

¿Qué dice la resolución?

La resolución señala como principal motivo de censura la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno panameño y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Según el texto, este acuerdo comprometería gravemente la soberanía nacional, la seguridad del Canal de Panamá y vulneraría los principios del Tratado de Neutralidad Permanente.

De acuerdo con lo expuesto, el memorando permitiría que personal militar y contratistas estadounidenses utilicen instalaciones y zonas del territorio panameño, algunas de las cuales podrían quedar bajo su control exclusivo, con la única condición de notificar previamente al Ministerio de Seguridad Pública.

Además, incluye una crítica directa al comportamiento reciente del canciller Martínez Acha, quien el viernes 18 de abril difundió un comunicado al que calificaron como “desafiante y grosero”, en el que expresó: “Las críticas hacia la falta de transparencia y la ausencia de una estrategia integral no son válidas, no las acepto”.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores está en el centro de la atención pública precisamente por su manejo de la crisis derivada de las tensiones con Estados Unidos.

El pasado 15 de abril, Carlos Ruíz Hernández presentó su renuncia al cargo de vicecanciller; hasta ese momento, era quien lideraba los diálogos con el gobierno estadounidense. En una carta dirigida al presidente José Raúl Mulino, a la que tuvo acceso La Prensa, explicó su decisión en los siguientes términos:

“Si usted considera que el secretario de Defensa de los Estados Unidos había incumplido el acuerdo que alcancé personalmente con él, según el cual no abandonaría territorio panameño sin dejar claro, y sin ambigüedades, su respeto a la soberanía de Panamá sobre nuestro Canal, entonces, yo daría este paso con entereza [...] en resguardo a la confianza que usted depositó en mí y en defensa de la integridad institucional del país”.

Eliana Morales Gil

Editora Política/Judiciales