El último encuentro para tratar de renovar el convenio (que lleva caducado desde 2010) tuvo lugar el pasado 9 de abril. Los sindicatos acusan a Educación de «incumplir» su propio calendario de negociación, pero la consejera, Begoña Pedrosa, ha señalado este martes que «la voluntad del Gobierno de sentarse a negociar ha estado siempre encima de la mesa, también en vacaciones».

En un comunicado, LAB, que ha tenido conocimiento de la convocatoria por la Prensa, amaga con no acudir a la cita. El sindicato «estudiará su participación en la mesa, ya que tiene claro que la propuesta de negociación a través de los medios, sin haber trasladado previamente ninguna propuesta escrita a los sindicatos, es un ejercicio de marketing».

En cualquier caso, la reducción de la ratio, que se plantea sólo para Primaria, tendrá un efecto limitado porque la realidad es que la mayoría de aulas públicas tiene menos de 22 alumnos por aula. Según datos del Consejo Escolar de Euskadi, ya en el curso 2022/23 solamente la zona escolar de Amorebieta tenía una media superior, con 22,3 estudiantes por clase en la red pública. La caída de la natalidad está vaciando de alumnos las aulas.

Pedrosa ha abierto la puerta a que todos los centros que prestan el Servicio Público Vasco de Educación -públicos y concertados- puedan beneficiarse en el futuro de la bajada de ratios. En estos momentos, las diferencias son notables. Mientras los centros públicos tienen como máximo 23 alumnos en el segundo ciclo de Infantil, 23 en Primaria, 25 en ESO y 27 en Bachillerato, en la concertada esas cifras son 25, 25, 30 y 35.

La consejera ha defendido ésta y otras medidas como claves para «mejorar» los resultados académicos y garantizar el éxito escolar de todos los alumnos. «No hablamos sólo de resolver un conflicto puntual, sino de construir un sistema educativo público más fuerte e inclusivo, es una estrategia de país», ha señalado.

Una propuesta salarial «razonable»

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la mandataria ha explicado que también pondrán sobre la mesa una propuesta salarial «razonable» que no ha querido detallar. El departamento ha criticado en varias ocasiones que los sindicatos persiguen con esta huelga «intereses económicos desmedidos» y «objetivos políticos». La consejera, además, ha expuesto que se propondrán complementos salariales especiales para profesores que trabajen en centros de alta complejidad, en los que «el acompañamiento a los alumnos marca una diferencia real». Se trata de colegios con un elevado número de alumnado extranjero y altas tasas de repetición de curso y de suspensos. Uno de cada diez estudiantes está matriculado en centros de estas características. «Esos docentes merecen un reconocimiento», ha indicado Pedrosa.

El Gobierno también plantea contratar más docentes en «todos» los centros públicos para «responder a la mejora educativa» y a otros aspectos como el bienestar emocional, la acogida y respuesta del alumnado inmigrante recién llegado y las necesidades educativas especiales. Y propone «reforzar» la dotación de mentores para proyectos lingüísticos, lo que «contribuirá a mejorar las competencias lingüísticas del alumnado» -que, en estos momentos, es muy baja tanto en euskera como en castellano- y a «reducir brechas». «Se trata de una propuesta integral, seria y viable», ha defendido la consejera. «Es lo que nos han pedido los centros y los equipos directivos», ha subrayado.

En caso de no alcanzar antes un acuerdo, los 27.000 docentes de la escuela pública volverán a estar llamados a secundar los cinco días de huelga de la próxima semana, que se sumarán a los nueve que ya han tenido lugar este curso. El conflicto afecta a unos 200.000 alumnos. Los sindicatos han convocado una manifestación este sábado en las tres capitales vascas abierta a toda la comunidad escolar.