El Congreso aprobó este jueves la ley número 30 de esta legislatura tras el respaldo de la mayoría (179 votos a favor, 33 en contra y las 136 abstenciones del PP) a una proposición del PSOE que regula el derecho de asociación y que permitirá ilegalizar las entidades y fundaciones que hagan apología del franquismo, la dictadura y el golpe de Estado de 1936. Una ley que disolverá así al fin tras 48 años de democracia asociaciones como la Fundación Francisco Franco, que tiene ya un expediente en curso del Ministerio de Cultura. El partido ultra Vox reiteró su voto en contra con argumentos que soslayaron cualquier condena a aquel régimen y que equipararon esta nueva regulación pendiente del mandato fijado hace dos años por la ley de Memoria Democrática con “la censura” y “un atropello intolerable a las libertades más básicas”. El PP, que aceptó en su momento el debate de esta norma, ahora se desmarca hacia la abstención con la excusa formal de que han faltado informes técnicos y no se han aceptado sus enmiendas. El PSOE tachó esa salida de “traición indigna al compromiso con la democracia”.

En julio de 2022, el Congreso sacó adelante con una mayoría simple (más síes que noes) la ley de Memoria Democrática que forzaba al Congreso a aprobar en el plazo de un año una ley orgánica del Derecho de Asociación que requiere una mayoría absoluta de la Cámara. Entonces se optó por disgregar esas dos normas para facilitar la aprobación por los pelos de la primera, aunque cuando finalmente se llevó la toma en consideración al Congreso de la ley de Asociaciones sí se aceptó que se discutiese con un amplísimo respaldo: 314 votos a favor (también del PP) frente a los 33 en contra de Vox. Esa proposición llegó este jueves finalmente a su debate final en el Congreso y Vox no sorprendió nada, continúa en su rechazo frontal, pero el PP sí dio un nuevo giro porque ahora entiende que esa propuesta ya “no les interpela”, según avanzó en la discusión el diputado gallego Pedro Puy Fraga, sobrino del fundador de Alianza Popular, como le quiso recordar para provocarle el portavoz del PSOE, Artemio Rallo.

El portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, socio del PP, avanzó algunas de las razones del desmarque de esos partidos de la derecha parlamentaria al subrayar que no se había incluido en la ley sus demandas para prohibir a entidades que no condenan ni prestan la debida atención a las víctimas de ETA. El popular Pedro Puy Fraga abundó para argumentar su actual desmarque en la queja de que el PSOE había recurrido a registrar la norma como proposición y no como proyecto de ley para eludir los informes técnicos preceptivos y que no había dialogado nada. Puy Fraga también apuntó ahí a una crítica más general contra “la polarización política y divisoria” del país que achacó solo al actual Gobierno y protestó porque no se englobe en las sanciones y prohibiciones a las entidades que ensalcen las dictaduras y los regímenes totalitarios también a las que hagan apología del terrorismo.

Los portavoces del BNG, Néstor Rego; de Podemos, Martina Velarde; del PNV, Mikel Legarda; de EH Bildu, Jon Iñarritu; de Junts, Josep Pagés; de ERC, Francesc-Marc Alvaro, y de Sumar, Nahuel González, coincidieron en destacar que la norma y sus objetivos de proteger y reparar a las víctimas del franquismo y sus familiares llegan un poco tarde y son insuficientes, aunque en su mayoría agradecieron el paso dado. Junts, que no apoyó la ley de Memoria porque cree que pretende “blanquear” el régimen del 78, sí está con la mayoría en la de Asociaciones. ERC alertó del “gran fracaso” que supone una cierta ola de adhesiones entre las generaciones más jóvenes hacia un franquismo que equiparó al fascismo en su “odio, exclusión, mentiras, violencia y eliminación de los discrepantes y adversarios”.

El que no se salió del guion previsto fue el portavoz de Vox, Juan José Aizcorbe, que catalogó la norma como “una infamia arbitraria, incoherente e inconstitucional” que ve más “propia de la censura, y como una coartada para justificar el atropello intolerable a libertades básicas y un intento de control del pensamiento y de la criminalización de la disidencia y el relato único desde el poder”. El diputado ultra interpretó ahí que la ley pretende “perseguir a los que piensan diferente” y aunque no condenó ni criticó ni mostró ningún reparo al franquismo y la dictadura sí concluyó que la nueva ley lo que intenta es establecer “un régimen tiránico desde el BOE” y evitar que se recuerde la construcción de pantanos y el surgimiento de una clase media durante esa etapa.

El portavoz del PSOE, Artemio Rallo, presumió de la aprobación de la ley número 30 en este mandato tan cuestionado desde el PP y Vox por su supuesta paralización parlamentaria y arremetió muy especialmente contra el PP y su diputado Puy Fraga, al que atribuyó “nostalgia de sus propias raíces personales y familiares”. Rallo desmintió que la norma socave el respeto a la libertad de expresión o de manifestación consagrados en la Constitución pero sí apuntó que “no son absolutos, tienen sus límites legales y no pueden amparar los discursos de odio”. El diputado socialista deploró que el PP “perdiera la oportunidad de estar en el lado decente de la historia” y se escondiera detrás de la abstención.