The Spanish government's delay in updating the salaries of public employees has resulted in a significant backlog of unpaid compensation, estimated at €1.224 billion by the CSIF union. This amount includes €504 million in back pay owed from a 0.5% increase that was approved but not yet disbursed, and €720 million for the projected salary increase for 2025.
CSIF emphasizes the need for immediate implementation of the 0.5% increase, citing that it was approved for military personnel and could be applied similarly to other public workers. Beyond salary increases, the union also demands negotiations for a new public employment offer and a reduction to 35-hour workweeks. The current situation has led to delays in initiatives such as partial retirement, further highlighting the government's lack of preparedness, according to the union.
Casi cien días después de que comenzara el año, los funcionarios siguen esperando a cobrar la compensación por la desviación del IPC del año pasado, y de que el Gobierno inicie la negociación formal con los sindicatos con la actualización de sus sueldos ... para este ejercicio. A medida que pasan las semanas, el erario público va guardándose el dinero que debería ir destinado a ambas medidas y cuyo importe puede alcanzar los 1.224 millones de euros ante esta coyuntura.
Esos son los cálculos elaborados por CSIF, el sindicato mayoritario de la Administración Pública, por la parálisis que sufren los tres millones de trabajadores públicos de toda España con sus retribuciones, lo que deriva en una reserva de dinero que se guarda el Ejecutivo hasta que tome una decisión.
Estas estimaciones valoran, por una parte, en 504 millones de euros el importe de la paguilla que les adeuda, a razón de 12 euros al día con 14 pagas, lo que resulta en 168 euros por funcionario con un sueldo medio estimado. El Gobierno anunció a principios de año que aprobaría esa subida adicional del 0,5% en el sueldo de los trabajadores públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, en virtud del acuerdo marco para la Administración del Siglo XXI firmado con los sindicatos CC.OO. y UGT para el periodo 2022-2024. Ese medio punto adicional se debe a que la suma de la variación del IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 (más de un 11%) ha superado el aumento retributivo fijo aplicado durante esos años (8%).
Pero el abono de esa cuantía aún no ha llegado. Con el mes de abril ya en ciernes, el ministro de Función Pública, Óscar López, ha querido dar un mensaje de «tranquilidad» sobre la garantía de este incremento. Recordó que será con carácter retroactivo, pero señaló que su abono dependerá de la negociación de los Presupuestos, lo que condicionará si se hace con una partida específica o mediante una modificación de las cuentas vigentes.
Independiente de esa paguilla que sigue pendiente, la otra gran cuestión que esperan los funcionarios trata de atisbar cuál va a ser el incremento de sus sueldos para este ejercicio en vigor. Los cálculos de CSIF estiman en unos 720 millones de euros el importe que el Gobierno llegará a retener a lo largo de todo el ejercicio, a razón de 80 euros de media por funcionario por los tres meses hábiles transcurridos de 2025 sin subida salarial. Los cálculos de la organización sindical estiman ese alza del sueldo de los empleados públicos con un incremento de la inflación del 2,8% interanual, el último dato disponible.
Ante esta situación, el sindicato insiste en que llevará a cabo movilizaciones para que los funcionarios no pierdan sus derechos. El pasado viernes convocaba movilizaciones en toda España para exigir al Gobierno que se mejoren las condiciones laborales de los empleados públicos en diferentes ámbitos, entre ellos la subida salarial pendiente desde el año pasado y un nuevo acuerdo retributivo.
Conscientes de las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas de 2025, CSIF exige «de manera inmediata» que se aplique la subida pendiente del 0,5% adicional. Y recuerdan que el Consejo de Ministros ya lo autorizó la semana pasada en el caso del personal militar. «Esta fórmula también se podría aplicar para la subida de 2025 y la oferta de empleo público aún pendiente», indica la organización.
CSIF ha retomado contactos con el Ministerio de Función Pública para alcanzar el mejor acuerdo posible para el conjunto de empleados públicos, aunque denuncia que la Administración no ha movido ficha, salvo la jubilación parcial. «Para los empleados públicos se retrasará como mínimo hasta el último trimestre de este año, por la falta de previsión del Gobierno», apuntan. Además, el sindicato exige la negociación de una nueva oferta de empleo público o alcanzar las 35 horas semanales.
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