El Gobierno ha vuelto a salvar contra la bocina este jueves en el Congreso el decreto sobre los aranceles para confrontar la guerra comercial desatada por la Administración Trump y se ha apuntado un tanto y un alivio político en otro momento de agobio de esta convulsa legislatura. Junts ha querido mantener la tensión hasta el final y no ha ratificado su voto hasta después de la discusión en el pleno y tras anunciar reuniones in extremis y bilaterales con el negociador del Ejecutivo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ha sido igual de determinante a la postre la abstención muy crítica de Podemos, cada día más ajenos a todo lo que huela a la alianza de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, y que considera insuficientes las medidas de ayuda y exigió expropiaciones a los “fondos buitres yankis” con viviendas en España. El PP ha confirmado otra ruptura en este asunto con el Gobierno y ha rechazado la norma porque demanda todo un programa impositivo y energético alternativo.
El paquete de ayudas, préstamos, incentivos y créditos ICO aprobado por el Gobierno por decreto el 8 de abril con las medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial ha sido así convalidado por el Parlamento con una mayoría suficiente de 176 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y José Luis Ábalos), 169 en contra (PP y Vox) y las cuatro abstenciones de Podemos. Está valorado en 14.100 millones de euros y tiene por objetivo amortiguar el golpe a los sectores más expuestos, como el vino, el aceite o la automoción, y aprovechar así la crisis provocada en todo el mundo por Trump para modernizar la estructura productiva del país.
Ese fue el argumentario del Ejecutivo que destacó en el pleno el ministro Cuerpo, el que consensuó antes en conversaciones con los grupos parlamentarios de izquierdas que son sus aliados naturales y el que intentó usar para atraer al interlocutor nominado por el PP, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo. Cuerpo contextualizó esa respuesta ante “la complejidad, volatilidad e incertidumbres” internacionales generadas por Trump y la englobó en lo consensuado con unidad dentro de la Unión Europea sobre sus valores del “multilateralismo y el libre comercio”. El ministro ensalzó el plan como “ambicioso” a corto y largo plazo y dialogado con todo tipo de actores. Casi todos los oradores, de todos los partidos menos Vox, valoraron “la cordialidad” y el nivel de contactos, información y datos aportados por Cuerpo, algunos en contraposición a otros ministros.
En el resultado de la votación sorprendió ahí incluso la alianza de UPN, a la que el presidente Pedro Sánchez etiquetó en el complicado debate del miércoles como “la terminal” del PP en Navarra. En el Gobierno y el PSOE destacaron que en estas alambicadas condiciones en las que tienen que sobrevivir día a día en el Parlamento en esta semana han ganado 18 votaciones y han perdido solo tres (una enmienda equivocada de ERC y dos puntos de una moción del PP). El balance al día de la legislatura registra 1.113 votaciones, con 992 a favor y 121 en contra.
Frente a los llamados aranceles recíprocos impuestos por Trump de un 20% para la generalidad de los productos europeos, la opción pretendida en España de un pacto de Estado del bipartidismo pareció posible algunos días, por el perfil moderado de los dos negociadores implicados, pero tampoco resultó en este caso. El PP mostró inicialmente su disposición a los contactos, tras la deriva de Trump, pero ese amago de tregua duró hasta que Junts apuntó que podría votar a favor si se aseguraba que el 25% de las partidas se destinarían a empresas e industrias catalanas que ya trabajan con EE UU. Los populares lo tacharon de “cupo separatista”.
El portavoz del PP avanzó el lunes de esta semana que su partido se ubicaría de nuevo en el no y culpó al Gobierno de no aceptar ninguna de las 12 alternativas que le planteó en sus negociaciones. En el plan del PP incluían desde incorporar a las autonomías en la reasignación de los Fondos Next Generation, rediseñar el Plan MOVES III (de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible), y que el Ejecutivo detallara las condiciones de los avales (5.000 millones de euros) y los créditos ICO (1.000 millones).
El PP, al final, optó por endurecer esas condiciones y, tras el gran apagón del 28 de abril, agregó asuntos que no tendrían de entrada mucha conexión con los aranceles, como ampliar la vida útil de las nucleares o una bajada de impuestos. El Gobierno descartó esa opción y el presidente Sánchez llegó a reprochárselo a Alberto Núñez Feijóo el miércoles como que nada tenían que ver “el tocino y la velocidad”. Bravo despachó esos intentos de “adhesión” de Cuerpo como “un parche de mínimos insuficiente e ineficaz”, remachó que esa “solución” no es la del PP y apuntó que al ministro le había faltado autoridad en el Gabinete frente al “muro” ordenado por Sánchez para asumir algunas de sus alternativas.
Junts tampoco desperdició la oportunidad para marcar otra vez territorio, en el voto y en su discurso. Su portavoz, Josep Maria Cruxet, no quiso evidenciar el sí en su exposición, pero tampoco dejó espacio para la duda. Expuso las condiciones de Junts, que además de garantizar el 25% de los instrumentos previstos de ayudas para las firmas exportadoras catalanas, consisten en imponer un informe y una comparecencia trimestral del ministro de Economía ante el Congreso y sus citas mensuales bilaterales. Cruxet volvió a resumir la “tangible” efectividad del método Junts en este delicado mandato en el Congreso, donde sus siete votos son clave para casi todo: “Si se negocia como en este caso con rigurosidad y se cumple, Junts también cumple”. El diputado de la formación que lidera Carles Puigdemont recogió ahí el hilo recurrente de su portavoz en la Cámara, Míriam Nogueras, para reseñar todas las virtudes históricas durante siglos del esforzado pueblo catalán frente a otros.
Los socios habituales confirmaron su apoyo con sus matices territoriales (CC, PNV o BNG) e ideológicos (ERC, Sumar o EH Bildu) y arremetieron con dureza contra Trump. Podemos fue más allá, de nuevo, aunque se situó en la abstención. Su portavoz, Javier Sánchez Serna, minusvaloró el decreto como mera “respuesta de gestión parcial y mal enfocada” y exigió más determinación, topes de precios a los productos de máxima necesidad y la expropiación “de fondos yankis de vivienda y telecomunicaciones”. ERC también se ubicó en el sí y pidió menos dispersión y más atención al mantenimiento del empleo en esos sectores estratégicos.
El portavoz de Vox, Jacobo González Robatto, no sólo no escondió el voto en contra sino que presumió de que su presidente, Santiago Abascal, había ido personalmente a expresarle sus reparos al presidente norteamericano, y se permitió un sarcasmo ante la influencia de lo aprobado: “Seguro que Trump está llorando y acojonado”. El ministro se levantó al final para recoger unas palabras de la portavoz del PNV, Idioa Sagastizabal, que repitió en dirección al PP: “Es muy difícil de entender y de explicar que en este contexto no se quiera ayudar a las empresas”.
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