El magistrado, en una providencia consultada por ABC, ha citado también a testificar ese mismo día a Raúl Díaz Silva, el trabajador de Moncloa que envió al Juzgado de Instrucción 41 un informe la documentación del nombramiento y funciones de Álvarez.

Peinado ordena esta diligencia cinco días después de tomar declaración como testigo al ministro de Justicia y Presidencia Félix Bolaños, quien en julio de 2018, cuando Álvarez fue nombrada, era el secretario general de Presidencia, máximo responsable del departamento en el que ella comenzó a trabajar. El ministro defendió que el nombramiento de esta asesora se hizo conforme a la ley de contratación de personal eventual.

Cristina Álvarez figura como investigada en la causa abierta por el juez a Begoña Gómez. Igual que ella, está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Además de para averiguar si realizó funciones distintas a las previstas en su cargo y del interés privado o profesional de la mujer de Sánchez, el juez ahora investiga también si con su nombramiento como funcionaria de nivel 26 y directora de un departamento, a pesar de que serviría como asesora personal de Begoña Gómez, alguien pudo cometer malversación de caudales públicos.

La llamó Beogoña Gómez

La propia Álvarez declaró en sede judicial que fue la propia Gómez quien la telefoneó poco después de llegar Sánchez al palacio de La Moncloa para pedirle que fuera su persona de confianza. Previamente, como publicó este diario, ambas trabajaron juntas en la agencia de publicidad con sede en Madrid Inmark.

Por su parte, Alfredo González, quien tramitó el nombramiento de Álvarez, afirmó que no recordaba la propuesta de su nombramiento y que, en aquél mes de tantos nombramientos, se limitó a proponerlos y enviarlos al órgano competente el máximo responsable del departamento en el que Álvarez fue contratada en julio de 2018, que era el ahora ministro Félix Bolaños. De ahí que fuera citado a declarar como testigo. Ahora, el juez quiere oír a ambos a la vez para aclarar las contradicciones en las que pudieron incurrir.

Según informó Moncloa en un informe entregado al juez, Álvarez fue contratada para ocuparse de la agenda y la seguridad de la mujer del presidente y gestionar sus actos institucionales. No se refirió, en cambio, a que entre sus actividades profesionales figurase el apoyo para actividades profesionales o privadas de la esposa de Sánchez, como las que desarrolló con la Universidad Complutense de Madrid o el centro privado de estudios Instituto de Empresa (IE), donde Begoña Gómez dirigió una cátedra y dos máster (en el primer caso) y el África Center (en el segundo. En ambos casos, Álvarez remitió correos y dirigió comunicaciones en nombre de Gómez.

«Desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza», informó el 6 de febrero al juez Raúl Silva, responsable de la administración y de la coordinación del personal de los edificios Palacio y Consejo de Ministros del Complejo de la Moncloa a quien Peinado ha citado como testigo el 14 de mayo.

«Tales tareas comprenden, entre todas las que se pueden incluir en el ámbito de tareas de confianza, las siguientes: la gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, la gestión y administración de las comunicaciones, la asistencia telefónica y documental, el acompañamiento en desplazamientos y la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda», amplió Moncloa, sin mencionar asuntos profesionales de Begoña Gómez ajenos a la actividad del presidente Sánchez.

Una descripción que choca con las comunicaciones que Álvarez tuvo con el ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, o el departamento de gestión de patentes de dicha universidad y que están incorporadas a la causa.

ABC desveló un WhatsApp que Álvarez envió a Doadrio en octubre de 2022 sobre la gestión de la propiedad intelectual del 'software' unido a su cátedra de la Complutense por el que Begoña Gómez está investigada por presunta apropiación indebida.

La propia defensa de Begoña Gómez, en un escrito presentado al juez, también introdujo otro correo que Cristina Álvarez recibió de parte del equipo de la gestión de patentes de la Complutense con un 'contrato de cesión de derechos' para que la titularidad del 'software' fuera «100% UCM». «Vuestra colaboración se recogerá en el contrato de cesión de derechos», le indicaron, como representante de los intereses de Begoña Gómez.