Algunos comentaristas de prensa afirman que la responsabilidad política es algo retórico y discutible; incluso hay quienes dicen que no existen. Demuestran su atrevida ignorancia, pues un tema doctrinal clásico y consolidado en el derecho y en la ética es Responsabilidades políticas y responsabilidades penales. A él le dedico mi atención en un extenso capítulo de mi libro Democracia armónica 1. Democracia representativa, que sintetizo en esta columna teniendo como referencia la situación actual del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La responsabilidad en la vida pública tiene dos aspectos conocidos como responsabilidad penal y responsabilidad política. La primera atañe a todas las personas por igual; es la responsabilidad que proviene de la condena judicial por el incumplimiento de un tipo de norma jurídica, la norma penal, que a todos nos afecta y que sigue el principio de legalidad. La responsabilidad política incumbe a determinadas personas, que ocupan cargos públicos (ya sean éstos de representación o de gobierno), derivada de la infracción de normas jurídicas o de normas de la ética pública, comportando una quiebra de la confianza de los ciudadanos. Esta quiebra es el fundamento de la responsabilidad política. Supuestos típicos de la responsabilidad política son: una acusación en los medios con pruebas no desmentidas, un trato de favor a un familiar, la negligencia en la vigilancia de las funciones de personal subordinado, el impago de la seguridad social de un empleado, etc.
La responsabilidad política presenta los siguientes caracteres: a) no exige la autoría de los hechos, b) deja a salvo la presunción de inocencia, c) es independiente de las actuaciones de los adversarios políticos y d) el alcance de la responsabilidad política se extiende a las conductas reprobables propias y ajenas.
No hay que confundir la autoría de hechos ilícitos con la responsabilidad política. No presupone esta responsabilidad la autoría de los hechos; cuenta la responsabilidad y no la autoría. En las responsabilidades penales hay que demostrar que uno es el autor de los hechos; en las responsabilidades políticas se tiene que constatar que uno es el responsable, aunque no sea el autor. Pedir la autoría en las responsabilidades políticas es reconducirlas al terreno propio, y que no les pertenece, de las responsabilidades penales. Sin embargo, con bastante frecuencia, los políticos niegan sus responsabilidades políticas aludiendo a que no son los causantes de los hechos que se les imputan.
En tanto no se produzca una condena penal, la inocencia queda a salvo. Por ello no tienen razón los políticos que dicen asumir responsabilidad únicamente, si el juez les condena, y que los medios manchan su presunción de inocencia, exigiéndoles una responsabilidad antes de la resolución judicial. Todos hemos podido constatar cómo los políticos se atrincheran en la presunción de inocencia para no asumir responsabilidades políticas.
Los políticos que se resisten a abandonar el cargo público suelen acusar e implicar al adversario político; a veces aluden a toda una conspiración contra ellos. Son muchos los políticos caídos en desgracia, que alcanzan el auxilio de su partido, lanzando ambos —político y partido— a los adversarios la acusación de una conspiración. No han sido los casos de Ábalos y de Santos Cerdán, que no han encontrado el apoyo de sus compañeros de partido, porque el PSOE, a diferencia del PP, ha puesto alto el listón de la exigencia de la responsabilidad política. Pero lamentablemente Ábalos, expulsado del PSOE, no ha seguido la exigencia de su partido político, conservando el escaño. ¿Hará lo mismo Santos Cerdán?
Una frecuente modalidad de la responsabilidad política es la responsabilidad por actuaciones censurables de terceros, que a su vez tiene tres facetas, que pueden producirse aisladas o conjuntamente: responsabilidad por consentimiento, por designación o por negligencia (ausencia de control) de las actuaciones reprobables de terceros. Algunos tratadistas la denominan responsabilidad in vigilando, pero no es pertinente, porque en esa expresión no caben todas las facetas de una responsabilidad por actuaciones de terceros.
El alcance de la responsabilidad política va desde el comportamiento propio al ajeno. No sólo se asumen responsabilidades por el propio comportamiento. El político es responsable de la conducta reprobable de un tercero dependiente o subordinado cuando: a) le autorizó a llevar a cabo tal conducta, o se hizo ésta según sus instrucciones, b) le designó para ocupar un cargo político relevante dentro de su equipo, y c) no hizo lo debido para tener conocimiento de lo que sucedía.
Ábalos y Santos Cerdán se han encontrado con un obstáculo, que no suele prodigar la política española: la actitud recia de su partido, el PSOE, en exigir la asunción de responsabilidad política a sus militantes. Efectivamente, caiga quien caiga, porque han caído quienes eran los números dos del partido, secretarios de organización del PSOE. O renuncian al escaño o son expulsados del partido político. Claro contraste con la política del PP, que en vez de exigir la asunción de responsabilidades políticas a sus correligionarios, los ha protegido clamando contra la conspiración de los adversarios políticos. Los casos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del alcalde de Madrid son muy ilustrativos, ambos incursos en responsabilidades políticas, pero encontraron el apoyo cómplice de su partido político. La protección fue tan desvergonzada que los barones del partido, con Feijóo a la cabeza, echaron al secretario general, Casado, por desvelar a la opinión pública el calado de la responsabilidad no asumida de la presidenta madrileña. Opuestas actitudes de dos partidos políticos en el asunto: crítica y responsable la del PSOE y consentidora y cómplice la del PP.
El presidente Sánchez intenta separarse de sus colaboradores directos y secretarios de organización del PSOE, uno de ellos ministro de su Gobierno, como si la cuestión únicamente afectara a ellos, pero no puede evitar que las actuaciones de éstos le salpiquen e impliquen. El presidente del Gobierno debe ser consecuente en exigirse a sí mismo lo que ha exigido a otros relevantes miembros de su partido. No ha dedicado ninguna atención a la cuestión principal, la que directamente le afecta. Con seguridad en la semana próxima lanzará a la opinión pública programas y actuaciones concretas de renovación de la Ejecutiva y del Gobierno. Ya ha anunciado algunas medidas, como una auditoría externa de las cuentas del partido.
No es suficiente, presidente. Has incurrido en un caso de libro de responsabilidad por actos reprobables de terceros. No una vez, sino dos. Y no unos terceros cualesquiera, sino los números dos de tu partido. Designados por ti directamente, sin intermediarios. Dos de las tres facetas de la responsabilidad política por conductas de terceros te implican directamente. Y como consecuencia debes dimitir del cargo de presidente y facilitar que un compañero/a de tu partido político sea elegido presidente/a del Gobierno por el Congreso de los Diputados, activando el art. 101 de la Constitución. Un nuevo candidato/a a la presidencia, libre de lastres, continuador de tu programa de regeneración democrática, que despierte la confianza de los partidos políticos de tu investidura, los que no tendrán otra opción que votarle, porque la alternativa es el Gobierno en comandita de la derecha y la ultraderecha, de Feijóo y Abascal.
Efectivamente, el PSOE no ha sido declarado judicialmente partido político corrupto (sí el PP), efectivamente hasta la fecha se trata de una trama corrupta de tres personas del PSOE (muy distantes de la legión de corruptos judiciales del PP), efectivamente no hay una sentencia judicial sino un informe de la UCO, como argumentan quienes afirman que el presidente del Gobierno no tiene que dimitir ni convocar elecciones. Pero este no es el asunto. El asunto es que Pedro Sánchez ha incurrido con plena claridad en dos supuestos de la responsabilidad por conductas reprobables de terceros: en la designación y en la negligencia.
Si Sánchez dimite, ganará su partido político. Ganará nuestra frágil democracia.
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