Según revelan fuentes conocedoras de la situación, desde el varapalo judicial sufrido a primeros de febrero por Lanbide -el gestor de las principales ayudas sociales en el País Vasco- ahora basta con un empadronamiento de tres años como requisito básico para acceder a su sistema de protección. En febrero, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló la exigencia de este organismo del Gobierno vasco de presentar además un contrato de alquiler o un título de propiedad como prueba de residencia.

«Se ha corrido la voz, claro», desvelan esas fuentes cercanas a este fenómeno inexistente en las estadísticas oficiales. «Hola, busco 'padronameinto' sin vivir», solicita un joven en un chat para extranjeros residentes en la provincia. «¿Quien tiene una habitación sin vivir, solo con contrato y padrón?», reclama otro interesado en una conocida red social.

Aparte de las plataformas digitales y los grupos de mensajería móvil, el tradicional boca a boca y los anuncios en locutorios y tiendas similares se han convertido en los principales escaparates para estas ofertas fraudulentas. Este periódico ha constatado en las últimas semanas decenas de propuestas de padrones ficticios cuyos precios van desde los cien euros hasta los 150. «Y alguno de los que los venden te exige fianzas, como si fuera un alquiler real», censura un conocedor de estas estafas. Habla de adelantos de «600 euros».

El empadronamiento implica la puerta de entrada a la legalidad. También abre el acceso a las prestaciones sociales. Pero la famosa Renta de Garantía de Ingresos (RGI) exige tres años seguidos de residencia en alguna localidad vasca como requisito fundamental. Los plazos son menores para solicitantes en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de violencia de género. «Fuera del País Vasco muchos saben que si logran el empadronamiento, vivan o no aquí, a los tres años podrán pedir ayudas. Es una inversión», razonan los medios sondeados.

«Y luego está el que les inscribe. Que está ganando mucho dinero». Un joven vitoriano que compró un piso en Ariznabarra hace unas semanas descubrió que había otras «ocho personas» registradas en su propiedad. Al parecer, un inquilino les inscribió sin conocimiento del anterior dueño del inmueble.

«Hay personas que viven de alquiler y para sacarse un extra pues subarriendan habitaciones e incluso registran a más personas sin vivir debido al beneficio económico que obtienen», expresan agentes locales y ertzainas.

En diciembre, la Unidad de Investigación de la Guardia urbana detuvo a un hombre de 43 años que usó las direcciones de familiares, su entorno y hasta de viviendas en las que residió temporalmente para colar «más de medio centenar» de personas a las que cobró por empadronarse pese a no vivir en esas localizaciones. Sus «clientes», víctimas de esta historia, eran inmigrantes.

«Es una puerta de entrada pero con trampa. Porque cuando logran la antigüedad de tres años generalmente deben buscarse otra dirección ya que limitamos a dos perceptores por vivienda para evitar fraudes», resumen fuentes de la plantilla de Lanbide.

La RGI ofrece pagas que van desde 853,28 euros mensuales (para una persona) hasta los 1.678,13 euros (un adulto con cuatro menores a cargo). Aquellos que presentan un contrato de alquiler perciben otros 300 euros en concepto de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). En Euskadi un total de 57.702 personas cobran la RGI.