Mayor Mayer Mizrachi's initiative to establish a municipal company in Panama City, approved by the City Council, has faced criticism regarding transparency and adherence to legal norms.
Legal experts like Daniel Lombana question the company's alignment with existing legislation, particularly concerning its stated objectives. The lack of public debate and consultation further fuels concerns. Former mayoral candidate Guillermo Bermúdez highlights the absence of prior Contraloría General review and worries about potential evasion of public procurement and oversight.
Mayor Mizrachi defends the company as a means to modernize the municipality and enhance technological services, emphasizing that it is not intended to be a parallel administration.
The main concerns revolve around potential opacity in the decision-making process, the absence of robust control mechanisms, and the ambiguous nature of the company's objectives. Questions persist concerning the allocation and management of funds.
La propuesta del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, de crear una empresa municipal bajo el régimen de sociedad anónima —ya aprobada por el Concejo de Panamá— no ha dejado indiferente a la opinión pública.
Mientras el alcalde defiende la medida como una vía para modernizar la gestión y agilizar procesos administrativos, voces críticas denuncian una peligrosa opacidad en su aprobación, marcada por la falta de debate, consulta ciudadana y claridad sobre los fines reales de la nueva entidad.
El especialista en derecho administrativo, Daniel Lombana, advirtió que la creación de una nueva empresa municipal en el distrito de Panamá podría contravenir lo establecido en la normativa vigente. Aunque reconoció que la Constitución permite a los municipios constituir empresas municipales o mixtas, recordó que estas deben estar orientadas a la explotación de bienes o servicios, tal como lo dispone la Ley 106 de 1973, sobre el régimen municipal.
El pleno del Concejo de Panamá aprobó la propuesta de crear una empresa municipal. ArchivoLombana subrayó que dicha ley delimita con claridad los fines permitidos, entre los que se destacan el desarrollo turístico, industrial, agrícola y agropecuario. Sin embargo, señaló que los objetivos propuestos por la nueva empresa —como la digitalización, la automatización de procesos y la transformación digital del municipio— no se alinean con las competencias expresamente reconocidas por la legislación.
El jurista consideró especialmente cuestionable que el acuerdo municipal contemple la prestación de servicios de asesoría al propio municipio, actividad que, a su juicio, no constituye la explotación de un bien o servicio público. “Eso dista mucho del modelo de una empresa municipal dedicada, por ejemplo, a la recolección de basura o a la administración de parques”, explicó, alertando sobre una posible desviación del marco legal que rige la gestión pública local.
Por su parte, el excandidato a alcalde y exsecretario del Municipio de Panamá, Guillermo Bermúdez, advirtió que la falta de transparencia en el proceso genera serias dudas sobre la legalidad y los fines de esta figura jurídica, aprobada sin debate previo ni consulta ciudadana. “Me hace mucho ruido la forma en que fue aprobado”, afirmó, señalando que ni siquiera se compartió el texto completo del acuerdo entre los concejales.
Guillermo Bermúdez, excandidato a alcalde. ArchivoA juicio de Bermúdez, la iniciativa debió pasar primero por una revisión de la Contraloría General de la República. “El contralor tiene que tener veeduría sobre este tipo de sociedades”, recalcó. También advirtió que la creación de una sociedad anónima desde la administración municipal podría ser un mecanismo para evadir licitaciones, controles y fiscalización de los fondos públicos.
Incluso puso en duda las motivaciones detrás de la empresa y comparó la situación con prácticas de administraciones anteriores. “Esto lo van a terminar demandando”, advirtió, tras cuestionar el uso discrecional de recursos y la ausencia de sistemas robustos de control.
Finalmente, indicó que no hay claridad sobre los fines de la sociedad ni sobre la manera en que se utilizarán sus fondos. “No puede ser que la agilización de procesos pase por encima de la transparencia”, expresó.
La nueva empresa municipal operará con plena autonomía financiera y administrativa, lo que le permitirá actuar de forma independiente de la estructura tradicional del municipio. A su vez, esta sociedad anónima tendrá la capacidad legal para contratar, adquirir, operar y gestionar activos, servicios y suministros necesarios para cumplir sus múltiples objetivos.
Bajo este modelo, contará con su propia organización, patrimonio y fuentes de financiamiento, lo que ha despertado interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia que se aplicarán para evitar posibles desvíos de recursos o conflictos de interés en su administración.
Mizrachi justificó la creación de esta empresa como una vía para transformar a la Alcaldía de Panamá en un proveedor de servicios tecnológicos. “No se trata de una alcaldía paralela”, insistió, sino de una plataforma para ofrecer soluciones digitales eficientes a precios sensatos entre entes gubernamentales. Antes de llegar a la Alcaldía de Panamá, el mundo laboral de Mizrachi giraba en torno al ámbito empresarial y tecnológico.
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