El Perú no está en camino al desarrollo. De hecho, pese a todas las oportunidades y la riqueza que tiene nuestro país, en el Perú, sobrevivimos. Y aunque somos considerados por el Banco Mundial como un país de ingreso medio-alto, nuestras autoridades son mediocres y la brecha de acceso a servicios e infraestructura de calidad es grande. El Perú tiene enormes recursos que se pierden por la incapacidad del Estado y la corrupción. Pero el problema no es solo el Estado.

El 99,2% de las empresas en el Perú son mypes y el 72% de peruanos se desarrolla en la informalidad. Y son, en la mayoría de los casos, estas empresas y estos peruanos quienes están siendo víctimas de extorsión. En lo que va del año, 14 choferes de transporte público han sido asesinados. Más del 50% de las empresas de transporte son extorsionadas y muchas han debido ceder a la extorsión para poder seguir operando y salvaguardar la vida de sus choferes, en un país donde no existe Estado que los proteja.

Luego del escándalo de corrupción de Qali Warma, que acabó con el aparente suicidio de Nilo Burga, presidente de Frigoinca, el gobierno decidió cancelar el programa y en su reemplazo crear Wasi Mikuna. La semana pasada, Wasi Mikuna intoxicó a 121 escolares en Piura, Bagua Grande, Áncash y Los Olivos y acaba de ser declarado en emergencia. En un país donde el 43,7% de los niños menores de tres años sufre de anemia, el gobierno no puede siquiera garantizar la nutrición de los niños más pobres. Ni su seguridad física. Aquí, el ministro de Educación considera que la violación masiva de niñas awajún es una práctica cultural.

En este mismo país, un laboratorio farmacéutico sufre una cadena de errores y negligencias que lo lleva a producir y a liberar al mercado un suero fisiológico defectuoso, generando el fallecimiento de cuatro personas y la muerte cerebral de tres. ¿Cómo ocurrió esto? Trabajadores de Medifarma habrían manipulado los resultados de calidad del suero y la clínica Sanna no habría informado a tiempo de los efectos adversos producidos por la administración del suero y continuó administrándolo. Aún no se ha recuperado todo el lote.

Y aquí también, en nuestro Perú, el 21 de febrero se cayó el techo del patio de comidas de un centro comercial en Trujillo que pertenece al conglomerado más grande del país. Seis fallecidos, 83 heridos. ¿Qué fue lo que sucedió? Aún no lo sabemos, ni la empresa ni la fiscalía han concluido la investigación. Solo sabemos que InRetail, administradora del Real Plaza Trujillo, creó un fondo de S/20 millones para las víctimas. ¿Cómo se ha atendido a las víctimas? ¿El fondo es suficiente? Un centro comercial es un espacio público y los peruanos tenemos derecho a saber qué sucedió.

La falta de confianza es uno de nuestros principales problemas. En el Perú, solo 17 de cada 100 peruanos confía en el otro. Y, entonces, ¿cómo recuperamos la confianza de los ciudadanos en el Estado y en la empresa privada frente a lo que sucede? ¿Cómo logramos legitimidad frente al ciudadano de a pie si desde el sector privado no cuestionamos los errores y negligencias de las empresas? Otro Perú es posible. ¡Sin duda! Pero ese Perú requiere de líderes empresariales que levanten la voz, que se compren pleitos y se comprometan. Que dejen de navegar por debajo del radar. Requiere, además, de ciudadanos que dejen la comodidad y se involucren en sacar adelante el país.