La próxima semana está prevista otra reunión cara a cara entre el ministro Carlos Cuerpo y el responsable económico de los populares, Juan Bravo. La interlocución entre ambos fluye. Tienen una sintonía mayor que anteriores negociadores, pero la desconfianza se cruzó en medio a raíz del pacto con Junts del que el PP no tenía ni idea. La sensación en Génova es que el presidente del Gobierno no admitirá sus sugerencias y solo busca sus votos gratis. Hay dirigentes populares que reconocen que «no será fácil» explicar un voto en contra. Pero también hay sectores que insisten en que «no pueden seguir salvando a Sánchez» cuando las cosas se ponen difíciles.

Y en este contexto, Alberto Núñez Feijóo ha decidido llevar su propuesta contra los aranceles -con todas las medidas presentadas al Gobierno- al Parlamento. Una especie de plan B que le permita exhibir su alternativa en esta crisis y justificar, llegado el caso, la falta de apoyo al Gobierno. Y, de paso, añaden en Génova, la posibilidad de buscar apoyos entre sus socios, como PNV y Junts, que podrían ver muchas de estas medidas con buenos ojos.

También ha bajado un poco la presión, a ojos del PP, por la tregua de 90 días de Donald Trump. Será en julio cuando llegue una nueva decisión. Por ahora lo que se mantiene es el recargo universal del 10% a todos los productos que quieran entrar en EEUU. Un golpe duro, pero que se aleja del porcentaje que llegó a estar encima de la mesa.

En el equipo más cercano de Feijóo existe la convicción de que sus propuestas son «asumibles» por otros partidos, especialmente los nacionalistas vascos y los independentistas de Junts, porque la esencia pasa por transformar la industria de este país, y no quedarse solo en lo coyuntural. Cataluña y País Vasco tienen un tejido empresarial e industrial especialmente sensible a lo que está por llegar. La idea que repiten en Génova es que el Gobierno se equivoca pensando «en el corto plazo» y fiando todo a créditos ICO y avales, en vez de asumir que muchas empresas españolas tendrán que reconvertirse en buena medida.

Juan Bravo y el exvicepresidente de la Xunta -hoy diputado nacional-, Francisco Conde, son los principales promotores del plan de competitividad industrial del PP. Pero también hay una implicación directa del grupo en el Parlamento Europeo, que tiene el encargo de trabajar en la misma línea. Entre las medidas fiscales que incluirá el plan está la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica -el cálculo del PP es que los hogares se ahorrarían 7.000 millones en los próximos cinco años y 3.000 millones en las industrias- además de bajar las cotizaciones a los sectores más castigados por los aranceles e impulsar incentivos específicos para el campo.

Y en materia de política energética está la gran apuesta del PP: ampliar la vida útil de las centrales nucleares, para lo que ya han registrado una proposición de ley que aspiran a aprobar, al menos, con el apoyo de Vox y Junts; y la elaboración de un plan de infraestructuras hidráulicas que permita asegurar la disponibilidad del agua, otra de las obsesiones de los conservadores con la que empatizan muchas comunidades autónomas.

Además de esa ley concreta, aplazar el cierre de las centrales estará incluido en este plan B con el que el PP también busca presionar al Gobierno. Feijóo lleva tiempo volcando en este asunto, insistiendo en que es una equivocación cerrar las puertas a una mayor autonomía estratégica.