The article centers on a legal dispute between Salomé Pradas, a former emergency minister, and Judge Nuria Ruiz Tobarra, who is investigating the 2023 Dana storm in Spain. Pradas's lawyer released a statement criticizing the judge's handling of a witness's testimony.
The conflict arises from Pradas's lawyer's public statement, which commented on the judge's conduct during the testimony of Pilar Bernabé, the government delegate. The statement criticized the judge for not allowing sufficient questioning regarding the activation of a national emergency following the storm.
Judge Ruiz Tobarra responded by criticizing Pradas for the public statement, highlighting the contradiction between demanding secrecy and publicly releasing information about the court proceedings. The judge also rejected Pradas's request to watermark case documents to prevent leaks, citing journalistic confidentiality and the lack of resources for watermarking.
La relación entre la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas y la jueza que instruye por vía penal el caso de la dana, Nuria Ruiz Tobarra ... , mantiene un pulso poco ajustado a los procesos judiciales al uso, al menos en la redacción de los autos y peticiones de ambas partes. Los escritos de la magistrada, además de marcar la pauta, se convierten en ocasiones en tirones de orejas, intercambio de golpes y avisos a navegantes por parte de la jueza, cuyo estilo a la hora de llevar este proceso no ha dejado indiferente a ninguna de las partes. Lo que es más que evidente es que Ruiz Tobarra lleva un seguimiento al dedillo de todo lo que se publica sobre este asunto en los medios de comunicación.
El 14 de abril por la noche, a través de su estado de whatsapp, la exconsellera colgó un escrito de su abogado que recogió LAS PROVINCIAS bajo este titular: «El abogado de Pradas carga contra la jueza de la dana y corrige a Bernabé». La exconsellera, a través de un comunicado de su letrado, contestó a las declaraciones ante la jueza de la dana de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que aseguró que en la tarde del 29 de octubre nadie habló de la situación del Poyo en el Cecopi.
Pradas ratificó a través de su letrado la versión de Bernabé y apuntó que durante la reunión del mando que gestionaba la emergencia nadie trató la situación de desbordamiento del Poyo, que llevó la destrucción a l'Horta Sud, donde se contabilizaron la mayoría de las víctimas. La versión de la dirigente socialista estaba en sintonía con la aportada por Pradas y Argüeso en sede judicial, así como la defendida por el Consell de Mazón en su argumentario desde que se produjo la catástrofe.
En el último párrafo de ese comunicado, el letrado de Pradas cargó contra la labor de la magistrada Ruiz Tobarra durante la declaración de Bernabé, «por no permitir» que los abogados preguntaran a la delegada del Gobierno por qué ni ella ni «su superior jerárquico (se entiende que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez)» activaron la Emergencia Nacional tras una catástrofe de esas características que se saldó con 228 víctimas mortales, la mayoría por la riada que causó el Poyo.
Esa apreciación de la defensa ha tenido respuesta en uno de los párrafos de los seis autos publicados este jueves por la magistrada, justo el que afectada a la solicitud de Pradas de que se mantuviera el máximo secreto posible sobre el desarrollo de las actuaciones y no se produjeran filtraciones a la prensa: «La vehemente exigencia del máximo secreto en las actuaciones es del todo punto contradictoria con la realización de comunicados de prensa, en la que se alude de manera expresa al contenido de la declaración prestada en el Juzgado por la testigo Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé García, y la forma en que se condujo dicha declaración por esta juez». Un mensaje directo a Pradas y a su interés por colgar comunicados en redes sociales o por mensajería interna.
Pradas se quejó ante la jueza de la dana de las supuestas filtraciones que se están produciendo en la causa. Las pesquisas acerca de la tragedia no se encuentran bajo secreto de sumario -estas nunca lo han estado- pero todas las investigaciones son de carácter reservado. La exconsellera denunció la filtración de las llamadas que efectuó y recibió el pasado 29 de octubre apenas unas horas después de que las aportara en sede judicial. De igual modo, lamentó que el contenido de su declaración como investigada se difundiera en diferentes medios de comunicación ya desde el mismo día de su comparecencia, pero con más detalle a partir de la transcripción. Además, propuso que se señalara con «marca de agua» cada uno de los documentos.
La petición de Pradas fue descartada ayer por la magistrada del juzgado de Catarroja, que aludió al secreto profesional de los periodistas para realizar sus investigaciones, y apuntó que tampoco dispone de medios para fijar una marca de agua en los papeles del caso.
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