La apertura de un puerto en Isla Margarita, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón, que ha enfrentado una cadena de escollos que van desde incumplimientos en su cronograma de ejecución, morosidades, prórrogas y disputas entre sus socios, se ha quedado sin el respaldo de su contraparte: el Estado panameño.

El presidente José Raúl Mulino comunicó este jueves 24 de abril que su gobierno no seguirá “impulsando” el proyecto, que actualmente desarrollan dos sociedades entrelazadas: Panama Colon Container Port Inc. (PCCP) y United Crown Construction Inc. La primera construye una terminal de carga y la segunda, un patio adyacente de contenedores en Isla Margarita, en una ubicación privilegiada: la entrada del lado Atlántico del Canal de Panamá.

“La junta directiva de la AMP [Autoridad Marítima de Panamá] está valorando eso. Ya se han tomado decisiones, que se anunciarán en su momento”, dijo Mulino durante su conferencia de prensa semanal desde la Presidencia de la República.

“Vengo oyendo hablar de Isla Margarita desde el gobierno de Endara. Pero no. Isla Margarita, bajo mi gobierno, no tiene la menor oportunidad tal como está estructurado. Se llamará a una nueva licitación en su momento, y se tomarán las decisiones necesarias para limpiar la mesa de todos esos escollos”, agregó.

El contrato-ley de concesión fue pactado originalmente en mayo de 2013, con una duración de 20 años. Consistía en el relleno de 16 hectáreas de fondo marino, justo al lado del rompeolas de la bahía de Manzanillo y cerca del puerto de Colón Container Terminal, en Coco Solo. Un poco más distante se encuentra la terminal de cruceros Colón 2000 y el puerto de contenedores de Cristóbal, operado por PPC.

Los llamados de atención de la AMP han sido una constante: saldos pendientes, solicitudes de modificación sin completar, fianzas vencidas y un cronograma de trabajo desactualizado. En 2017, PCCP solicitó una adenda para formalizar cambios en el diseño del puerto, debido a conflictos con los propietarios de las fincas privadas colindantes. La AMP pidió el desglose de los contratistas que participarían en la construcción, pero la empresa no proporcionó la información requerida. Finalmente, una auditoría de la Contraloría General de la República declaró el incumplimiento del contrato y, el 23 de junio de 2021, la junta directiva de la AMP expidió una resolución en la que ordenó al administrador (que entonces era Noriel Arauz) dar por terminado el contrato.

Para ese momento, la empresa —que originalmente se había comprometido a invertir $300.9 millones en tres fases— apenas había ejecutado el 15 % del proyecto, y la construcción llevaba tres años “parada”, según consta en las actas de la junta directiva de la AMP.

Sin embargo, el contrato no fue cancelado, como había ordenado la junta directiva. Todo lo contrario.

Ocurrió que el 19 de abril de 2022, Araúz recibió una nota del ciudadano bahameño Dion Bowe, quien se presentó como nuevo presidente y representante legal de PCCP (en sustitución de Richard Eric Meng). Bowe venía con una novedad: comunicó a Arauz que el fondo de inversiones Notarc Management Group había adquirido la totalidad de las acciones de PCCP. Notarc, además, se había asociado con Terminal Investment Limited (TIL), una filial de Mediterranean Shipping Company (MSC).

Además, TIL se ha asociado a BlackRock para la compra de las acciones del conglomerado CK Hutchison, para adquirir el control de todos sus puertos, incluyendo los dos que opera en Panama (Balboa y Cristóbal), a través de su sucursal Panama Ports Company (PPC).

Los ejecutivos de Notarc ya habían tenido oportunidad de conversar con el entonces presidente de la República, Laurentino Cortizo, con quien se reunieron en Nueva York, cuando acudió a la Asamblea General de Naciones Unidos, en septiembre de 2021.

En aquella nota que dirigió a Arauz, Bowe -que, según Bloomberg, es socio gerente de Notarc Latin America- presentó un plan de rescate que incluía una inversión de $1,000 millones, la reactivación de todas las fianzas y pólizas, el compromiso de emplear al menos a 1,340 personas y la promesa de finalizar el proyecto en 15 meses.

A cambio de esta “inversión billonaria”, que supuestamente le daría al país “el puerto más moderno y tecnológicamente avanzado de toda Latinoamérica”, la AMP debía dejar sin efecto la orden de cancelación emitida por su junta directiva y, en su lugar, suscribir una adenda. Y así se hizo.

Araúz y Bowe, actuando en representación de PCCP y United Crown Construction Inc., firmaron las adendas, que la Asamblea aprobó el 1 de noviembre de 2022. Cortizo las sancionó ese mismo día. La vigencia de la concesión se extendió hasta 2042, ya que los 20 años de duración (prorrogables por 10 más) empezaron a contar a partir de la entrada en vigor de la adenda, no desde el contrato original de 2013.

A cambio, durante esos 20 años, el Estado recibiría un canon fijo de $15.1 millones por parte de PCCP (operador del puerto) y de $29.9 millones por parte de United Crown Construction Inc. (operador del patio de contenedores).

Estos son los dos contratos a los que se refirió el presidente Mulino en su conferencia de este jueves, aunque habló de ellos en singular.

“Es un contrato mal otorgado, moroso en cuanto a los pagos de concesión, y no cuenta con el beneplácito de mi gobierno. Se convocará nuevamente a una licitación internacional, como corresponde”, indicó.

Se intentó conocer la opinión de la AMP, pero su administrador Luis Roquebert no atendió la consulta de La Prensa.

Mónica Palm

Jefe editorial.