El Gobierno de Hungría ha anunciado este jueves su salida del Tribunal Penal Internacional (TPI), el organismo que juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Lo ha hecho horas después de recibir con honores, en visita oficial, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pese a que sobre este pesa, desde el pasado noviembre, una orden de arresto del TPI por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza que obligaba a detenerlo. Hungría —el primer Estado europeo y el primer miembro del tribunal que invita a Netanyahu desde que está en vigor la orden de arresto— será también ahora el primero de la UE en abandonar el tribunal.

Gergely Gulyas, jefe de gabinete del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha anunciado la decisión a la agencia estatal de noticias MTI. El TPI, ha argumentado, “fue una iniciativa respetable” pero se ha ido convirtiendo en un órgano político del que la acusación contra Netanyahu es “el ejemplo más triste”, informa la agencia. Hungría firmó el 1999 —y ratificó en 2001— el Estatuto de Roma que fundó el tribunal, pero justifica el incumplimiento de la orden en que nunca lo promulgó en el derecho nacional. Poco después del anuncio, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha aplaudido a Orbán por su “postura moral clara y fuerte de lado de Israel y de los principios de justicia y soberanía”.

El ministro de Defensa húngaro, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, recibió de madrugada a Netanyahu y a su esposa, Sara, en el aeropuerto. Lo anunció en redes sociales con un mensaje e imágenes del recibimiento de la guardia de honor militar: “Damos la bienvenida al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Budapest”, escribió. Lugares icónicos de la ciudad, como el Puente de las Cadenas, están engalanados con banderas de ambos países.

Técnicamente, el mandatario israelí tendría que haber sido detenido entonces, pero Orbán ya dejó claro al invitarlo que eso no sucedería, al considerar la orden de arresto “descarada, cínica y completamente inaceptable”. Ambos están ya reunidos y está previsto que comparezcan en breve ante la prensa.

La prensa judía de Hungría señala que el primer ministro israelí también se entrevistará con el presidente, Tamás Sulyok. La visita durará cuatro días, en una dinámica —criticada por la oposición en Israel— de los Netanyahu de alargar los viajes oficiales al extranjero para incluir la jornada sabática.

Hungría es el segundo país (y el único comunitario) al que Netanyahu viaja desde la orden de arresto lanzada por el TPI (y que afecta también a Yoav Gallant, su ministro de Defensa durante más de un año de la invasión de Gaza). El primero fue Estados Unidos, en febrero. Netanyahu voló a invitación de Donald Trump (aunque su predecesor, Joe Biden, ya había calificado de “indignantes” las órdenes de arresto), pero es un caso distinto al de Hungría. No solo por la dimensión de la inédita alianza mutua, sino en el ámbito legal: a diferencia de Budapest, Washington no está obligado a cumplir la decisión del TPI, por no ser uno de los 124 países firmantes del Estatuto de Roma. En aquella visita de febrero, Trump planteó su plan de limpieza étnica en Gaza.

Diversas ONG de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch, habían pedido a Hungría que arrestase a Netanyahu a su llegada. Ha sido en vano. “Es un presunto criminal de guerra que está acusado de usar el hambre como arma de guerra, de atacar intencionadamente a civiles y de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, recordaba la directora de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política Globales de AI, Erika Guevara Rosas. “Cualquier viaje que realice a un Estado miembro del TPI que no acabe en su detención envalentonaría a Israel para cometer nuevos crímenes contra la población palestina”, añadía.

Hungría tiene en Jerusalén, desde 2019, una oficina comercial, pero se ha mantenido dentro del consenso en el marco de la UE de no trasladar su embajada desde Tel Aviv. La posibilidad de cambiar esa posición es uno de los asuntos que previsiblemente abordarán Orbán y Netanyahu y que, de anunciarse, supondría una victoria política para el primer ministro israelí, justamente en un momento en el que ha ordenado al ejército reanudar la invasión de Gaza tras romper unilateralmente el alto el fuego con Hamás. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya —que, a diferencia del TPI, no juzga a personas sino a Estados— investiga también si Israel está cometiendo allí un genocidio.

Ningún país comunitario (ni casi del mundo) tiene la embajada en Jerusalén, sino en Tel Aviv (que no es la capital de Israel) o en localidades cercanas. Trump la trasladó a Jerusalén en 2018, durante su primer mandato, y reconoció esa ciudad como capital de Israel. Desde entonces, apenas Guatemala, Honduras, Kosovo y Papúa Nueva Guinea lo han emulado. Otros países, como Paraguay o Australia, lo hicieron también, pero luego revirtieron la decisión.

Trasladar la embajada a Jerusalén se considera una toma de posición sobre el estatus de la ciudad, que, según el consenso y el derecho internacional, deberían decidir ambas partes —israelíes y palestinos— en unas eventuales negociaciones de paz. Los palestinos aspiran a convertir la parte oriental de Jerusalén —que Israel ocupó en la guerra de los Seis Días de 1967 y se anexionó más tarde— en capital de su futuro Estado.