Este movimiento supone un cambio radical respecto a los planes que tenían en un primer momento sus propietarias, que se inclinaban por solicitar un alargamiento de los plazos. Sin embargo, los ataques vertidos por el Gobierno contra las nucleares tras el apagón han colmado la paciencia de los principales actores del sector energético.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes conocedoras de la situación, que explican que la gota que ha colmado el vaso fueron las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, horas después de que el pasado lunes España se quedara a oscuras: "Han sido más un problema [...] que una solución".

Una acusación vertida contra las centrales de Almaraz, Cofrentes y Trillo que estaban paradas con el visto bueno de Red Eléctrica y que necesitaron de respaldo energético para mantener estables los núcleos tras el apagón.

En el sector están convencidos de que el Ejecutivo busca a quién culpar de lo ocurrido entre sus filas, en lugar de mirar al "principal sospechoso" que, a su juicio, es Red Eléctrica.

De hecho, la patronal Aelec ha pedido -como desvela este lunes EL ESPAÑOL- solicitar su incorporación a la comisión que investiga el incidente y en donde sí está presente el operador del sistema.

El no de Almaraz a solicitar el alargamiento de su vida útil supone un cambio de planes radical. Como contó este diario, sus propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) se inclinaban por solicitar una moratoria hasta 2030.

De hecho, estaba prevista una reunión extraordinaria de su consejo de administración para el día 20 de mayo para abordar este asunto. Una cita que, en este momento, está en el aire, ya que el cambio de opinión parece muy difícil de revertir.

Fuentes del sector eléctrico explican a este diario que el paso atrás de los propietarios de Almaraz supone un varapalo para la energía nuclear en España.

¿El motivo? Los costes que tendrán que asumir las otras cuatro centrales que quedarán operando una vez se consume la parada final de los reactores extremeños. Algo que ocurrirá en 2027 para su primer reactor y en 2028 para el segundo.

Esos costes a los que se refieren es el reparto de la Tasa Enresa. Un cargo que se aplica a la producción de energía nuclear en España. Su objetivo es financiar la gestión de los residuos y el desmantelamiento de toda la red una vez que llegue el final de su vida útil.

Eso engloba, entre otras cosas, financiar los siete almacenes temporales de residuos que se están construyendo en España; una vez que se descartó la posibilidad de crear un gran cementerio centralizado (ATC) en Villar de Cañas.

El coste de todo el proceso se estima en unos 22.000 millones de euros, de los que se han recaudado en este momento unos 7.000 millones. Es decir, quedan otros 15.000 millones por conseguir. De ahí que el año pasado se elevase la tasa a 5 euros por GWh.

Los cálculos del sector estiman que, si ya en este momento les está costando asumir toda la factura de la Tasa Enresa y operar en márgenes de rentabilidad, una vez que cierre Almaraz va a ser imposible hacer frente al monto total por parte del resto de centrales.

De hecho, insisten en que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, propietarias del resto de centrales en distintas proporciones societarias, dirían no a seguir con la energía nuclear.

En especial, recuerdan, porque la Tasa Enresa se paga por prorrateo. Es decir, en función del número de centrales y reactores disponibles en cada momento. Es decir, que una vez que cierre Almaraz el resto de reactores operativos también rechazarán solicitar ampliaciones de su vida útil y, por tanto, cerrarán acorde a sus calendarios previstos.

Eso, explican las fuentes consultadas, implicaría que España quedaría en manos de las renovables que tan sólo tendrían como backup las centrales hidráulicas y los ciclos combinados. Eso haría, sostienen, que los costes energéticos se disparasen y, además, las emisiones también subieran por el uso masivo del gas natural como principal energía de respaldo.

Una postura que choca con el pensamiento que tienen en el Gobierno. Este domingo la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, explicaba en La Vanguardia que "no podrán cerrar si hay problemas de garantía de suministro".

Sin embargo, decía, "el sistema energético está evolucionando a pasos de gigante tecnológicamente, en formas de integración y con avances de interconexiones [...], lo que permite enviar un mensaje de tranquilidad".

Problema para las CCAA

Sus palabras no se pueden ver como una puerta abierta a la continuidad, dado que en esa misma entrevista insiste de forma reiterada en que su objetivo es acabar con la energía nuclear en España.

La decisión de Almaraz, de confirmarse, va a suponer un duro varapalo para Extremadura. No sólo por lo que supone de garantía del suministro para la autonomía; también por lo que supone de recaudación impositiva a través de una ecotasa que da casi el 80% de la recaudación impositiva de la región.

Algo similar ocurre con Cataluña. Allí Ascó y Vandellós cierran entre 2030 y 2035. Un hecho que ha sido cuestionado por la Generalitat ante el riesgo que supone para el suministro del territorio. También por la propia patronal Foment del Treball.

El Govern catalán, además, también perdería la recaudación de ambas centrales a las que cobra una ecotasa de unos 6,6 euros por GWh. Y lo mismo ocurriría con Valencia, en donde opera Cofrentes.