Bajo el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”, cientos de miles de españoles marcharon en varias ciudades, levantando llaves en protesta por el precio de los arriendos. Exigen reducir los alquileres a la mitad, hacerlos relativos a los ingresos familiares, expropiar las casas de “fondos buitres”, prohibir los arriendos de corta estadía, contratos indefinidos, terminar con los grupos de “desokupación” (quienes desalojan ocupaciones ilegales), el fin de los desahucios y de las “compras especulativas”, entre otras medidas. El movimiento, que no es nuevo pero se ha rearticulado, debiera ser seguido en nuestro país.

Ciertamente, existen diferencias en el impacto público que el problema tiene en Chile y España. Acá, solo los primeros cinco deciles (menores ingresos) gastan más del 30% de su presupuesto en arriendo (Déficit Cero, datos de 2022). Es motivo suficiente para preocuparse, pero de una dimensión distinta a la situación de España, donde se estima que el 47% de los ingresos tuvo ese destino. Consecuentemente, la vivienda es identificada como el problema número dieciséis (Criteria) en Chile, mientras en España es el primero (CIS). Podríamos apresurarnos en concluir que allá tienen un problema que acá no tenemos. Esa interpretación nos llevaría, como en la medicina, a desatender la enfermedad cuando todavía tiene un tratamiento. También ignora una dimensión esencial del problema: su impacto en la estabilidad social y política.

En Chile, la percepción pública sobre el problema de la vivienda parece funcionar de una manera cuando se trata de personas que están cerca o bajo la línea de pobreza y de otra cuando son de ingresos medios. En el primer caso, el Estado es apuntado como culpable. En el segundo, las responsabilidades son difusas, derivando normalmente en un problema de ingresos más que del mercado de arriendos. La gran diferencia con España es que allá el marco conceptual cambió. “Acabemos con el negocio de la vivienda” identifica a los “rentistas” como el enemigo, de una manera similar a la que, por ejemplo, en Chile el movimiento estudiantil de 2011 instaló a los actores privados -al lucro- como némesis del acceso a la educación.

Muchos planteamientos de “Acabemos con el negocio de la vivienda” son excesivos, pero han generado adhesión en una amplia masa de adultos jóvenes, educados y desesperados. La falta de prioridad que el fenómeno parece tener en la opinión pública chilena es engañosa, explicada en parte por la prevalencia de problemas existenciales (seguridad, salud), pero también porque no se ha estructurado el marco conceptual que opera en España, el de “nosotros” contra “ellos” (“inquilinos” contra “rentistas”), que transforma un asunto de política pública o mercado en otro de conflicto social. La pérdida de estatus es una fuerte fuente de inestabilidad. Eso está pasando con la vivienda en Chile, ya no solo entre personas de ingresos bajos, sino también de rango medio. El caso español debiera ser una alerta.

Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP