«Nosotros no gestionamos los recursos a los que ellos acceden (porque habría un conflicto de intereses) sino que tratamos de procurárselos y cubrir sus necesidades con los propios bienes del curatelado o solicitando con él (o en su nombre) prestaciones a las que puede tener derecho como cualquier otro ciudadano», explica la coordinadora, Sara Hortelano.

En los últimos años, el perfil mayoritario de las personas que tienen designado como curador a la Fundación Valdecilla ha ido cambiando. En la actualidad, más del 70% está diagnosticado con un trastorno mental grave, coexistiendo en ocasiones algún tipo de adicción (juegos, tóxicos, alcohol...), algo que también puede ocurrir en los casos de discapacidad intelectual. El resto son personas con deterioros cognitivos, demencias o daño cerebral adquirido, como las secuelas de un ictus. «En contra de lo que puede parecer, la mayoría no son personas de edad avanzada que vivan en residencias», sino que más de 500 de los usuarios tienen menos de 70 años, y casi 190 de ellos están por debajo de los 30.

Si la familia claudica

Como señala Hortelano, «la mayoría de los casos que llegan, máxime cuando hablamos de personas con problemas de salud mental, no son porque no tengan familia, sino porque la familia ha claudicado o se sienten sin herramientas para gestionar los apoyos».

En cambio, en los mayores con deterioros cognitivos o demencias se dan fundamentalmente dos supuestos en los que acaba decidiendo un juez: uno, la inexistencia de familiares o que, habiéndolos, no les están prestando los apoyos que precisan; y dos, que sí cuenten con familiares pero estén inmersos en conflictos de intereses entre ellos, o con la persona con discapacidad, o estén gestionando indebidamente sus bienes. No obstante, «siguen llegando» a la Fundación, aunque «con menor incidencia», casos remitidos desde servicios sociales o centros residenciales de personas que ingresaron hace tiempo en plazas privadas o concertadas, que han perdido sus facultades cognitivas y no tienen a nadie que pueda prestarle apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, o el familiar que se encargaba de administrar sus bienes ha dejado de pagar la cuota.

«Cada persona es diferente y debemos adecuar nuestra actuación y la encomienda concreta que el Juzgado nos hace (porque no todas son iguales y no todas afectan a todos los ámbitos de la vida) a la persona y sus circunstancias», apunta Hortelano. El año pasado, por ejemplo, se realizaron más de 4.000 operaciones bancarias en las más de 900 cuentas y otros productos bancarios que gestionan desde la Fundación; y se firmaron 39 escrituras en diferentes notarías de Cantabria o de otras comunidades, porque la gestión de las herencias en las que participan los curatelados también está entre sus cometidos.

Además, en el día a día, hay auxiliares de apoyo del servicio que van con los usuarios a su cita con el psiquiatra, el dentista o a la cura de una cirugía, que les acompañan al juzgado si se han visto envueltos en algún delito, que se encargan de comprarles ropa si necesitan o que acuden a su domicilio si toca la revisión del gas.