Estados Unidos ha fijado sus mal llamados “aranceles recíprocos” con una simple fórmula a partir del déficit comercial estadounidense. Donald Trump se ha saltado así la metodología que él mismo prescribió para tratar de dar a cada país en materia comercial el mismo trato que recibe. Las autoridades estadounidenses, sin embargo, sí identificaron las barreras no comerciales de cada mercado y elaboraron un voluminoso informe de 397 páginas que el presidente de Estados Unidos mostró en la Rosaleda de la Casa Blanca el día que anunció sus aranceles. En el informe, España aparece citada 23 veces, la mayoría para mal. Washington le reprocha como trabas las regulaciones del cine que priman las lenguas cooficiales, las cuotas de producción europea impuestas a Netflix, el trato a las empresas farmacéuticas, la tasa Google y las ayudas a Airbus.

No hay un capítulo español, sino que las menciones a España aparecen en el dedicado a la Unión Europea, en cuyas regulaciones el Gobierno de Donald Trump ve numerosas barreras. España participaría de ellas, pero, además, aparece señalada específicamente en varios apartados.

Uno de los más destacados tiene que ver con el comercio de servicios audiovisuales, pese a que Estados Unidos no ha tomado en cuenta en su guerra comercial el intercambio de servicios (en el que tiene un amplio superávit con la Unión Europea) sino solo el de bienes (en el que es muy deficitario). En los servicios audiovisuales, Estados Unidos señala la regulación del cine y los servicios de televisión a la carta, como Netflix.

“Por cada tres días que se proyecte una película de un país no perteneciente a la UE, se debe mostrar una película de la UE en los cines. Esta proporción se reduce a cada cuatro días si el cine proyecta una película en un idioma oficial de España distinto del español y se sigue mostrando la película en ese idioma durante todo el día”, indica el informe con respecto a la gran pantalla. La tesis es que el cine americano recaudaría más si no se impusiesen esas cuotas.

En cuanto a la televisión en streaming, afirma: “El catálogo de servicios a la carta debe incluir al menos un 30% de contenido de la UE, de los cuales al menos la mitad deben estar en una lengua oficial de España. Además, las emisoras y los servicios a la carta con ingresos superiores a 50 millones de euros deben invertir el 5% de sus ingresos en la producción de obras de la UE y españolas, y el 40% de esta asignación debe reservarse para obras de productores independientes en cualquiera de las lenguas oficiales de España”. Es una descripción muy escueta de una regulación con más exigencias.

España también aparece señalada por su tasa Google. En un memorando que firmó en febrero, Trump ya denunciaba las regulaciones de los servicios digitales que consideraba discriminatorias para las empresas estadounidenses, los límites a los flujos transfronterizos de datos, la exigencia a los servicios de streaming estadounidenses de que financien producciones locales o los cobros por el uso de la red. Ese texto señalaba ya a España como uno de los países que aplica un impuesto a los servicios digitales y ahora el documento de 397 páginas insiste en ello.

En el memorando de febrero, Trump ordenaba al Representante Comercial de Estados Unidos estudiar si renovar las investigaciones acerca de los impuestos sobre servicios digitales (DST, por sus siglas en inglés) de Francia, Austria, Italia, España, Turquía y Reino Unido. Esas investigaciones se iniciaron en su primer mandato, pero quedaron aparcadas durante la presidencia de Joe Biden como parte de un pacto más amplio. Los diferentes países pactaron eliminar esos impuestos digitales dentro del acuerdo auspiciado por la OCDE sobre el impuesto mínimo a las multinacionales, que Estados Unidos suscribió. Trump decidió retirarse de ese compromiso nada más asumir el cargo, pero sigue exigiendo que dejen de aplicarse las tasas digitales.

El nuevo informe también señala algunas trabas españolas a las inversiones. Indica que, aunque España suele dar a los inversores extranjeros el mismo trato que a los inversores nacionales, la legislación española restringe al 25% la propiedad individual de licencias de radiodifusión audiovisual por parte de personas no pertenecientes a la UE. “En concreto, una empresa no perteneciente a la UE no puede poseer más del 25% de una empresa titular de una licencia de radiodifusión de televisión digital terrestre, y la propiedad total de personas no pertenecientes a la UE no puede superar el 50% en total”, añade.

Ayudas a Airbus

También reaparece un viejo fantasma del pasado. El informe trae a colación uno de los litigios históricos entre Estados Unidos y la Unión Europea: las ayudas a Airbus. Dado que España forma parte del consorcio y está entre los países que dieron ayudas a la compañía, aparece mencionada al respecto junto a Francia, Alemania, el Reino Unido, Bélgica y la UE en su conjunto. Se trata de un asunto resuelto (en este caso a través de la Organización Mundial de Comercio), pero el texto lanza una advertencia: “Estados Unidos supervisará de cerca cualquier financiación gubernamental de Airbus”.

Otra crítica a España va dirigida al sector de los productos farmacéuticos. Estados Unidos planea imponer “muy pronto” aranceles específicos a la importación de esos productos, que han quedado excluidos por ahora de la tributación general aprobada el miércoles. “Las partes interesadas de la industria farmacéutica estadounidense siguen expresando su preocupación por las medidas de contención de costes que afectan al sector, como la falta de claridad en los criterios de reembolso, los importantes retrasos en los procesos de reembolso y el acceso desigual de los pacientes en las distintas comunidades autónomas. Las partes interesadas del sector han expresado su preocupación por la falta de claridad en las directrices y los criterios de decisión del proceso de adquisición de vacunas del Gobierno español”, indica el informe. En realidad, esas quejas probablemente las suscribirían todas las compañías, incluidas las españolas, lo que suscita dudas sobre la caracterización de la medida como proteccionista.

El informe critica a la Unión Europea por permitir a los países que prohíban los cultivos transgénicos. En este caso, sin embargo, España aparece citada para bien, junto a Portugal, como los únicos dos países que cultivan maíz transgénico a escala comercial. Estados Unidos es puntero en el desarrollo de plantas genéticamente modificadas.

En realidad, la mención más favorable a España, sin desarrollar, es una línea en una tabla de uno de los apéndices, dedicada al saldo comercial por países. En ella figura el dato oficial según el cual Estados Unidos tuvo un superávit comercial frente a España de 2.039 millones de dólares en 2023 y de 2.632 millones en 2024 en el intercambio de bienes. España, pues, no es uno de los países que han estado “estafando” a Estados Unidos, según la expresión que Trump ha usado con más resentimiento que fundamento acerca de los países con los que tiene déficit comercial.