The article centers on the struggle for control over the Supreme Court's Criminal Chamber in Spain. The conservative Popular Party (PP) is resisting the nomination of Ana Ferrer, a progressive judge, to head the chamber. Conversely, progressive factions oppose the conservative candidate, Andrés Martínez Arrieta.
The conflict is rooted in the PP's previous five-year control over the General Council of the Judiciary (CGPJ), a period characterized by the PP's refusal to allow constitutional renewal. The PP's strategy involved ensuring dominance over judicial appointments, illustrated by their past manipulation of the court's composition.
The outcome significantly impacts future appointments within the Supreme Court, potentially influencing judgments on high-profile cases. The PP's influence on the court's composition is evidenced by their past actions and revealed strategies. The article also mentions past incidents where the PP attempted to indirectly control the court's decisions.
The current deadlock highlights the need for a 13 out of 21 vote majority within the CGPJ to approve appointments. This division and the PP's unwavering desire to control the Supreme Court's Criminal Chamber have created a significant political and judicial standoff.
The article implies the PP's actions could undermine the impartiality and independence of the judiciary, considering past controversial decisions made by the court.
Los 10 vocales conservadores del Consejo General del Poder judicial, elegidos a propuesta del PP, no admiten que una mujer, Ana Ferrer, veterana magistrada perteneciente a la asociación progresista Juezas y jueces para la Democracia, presida por primera vez la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el órgano judicial que investiga la corrupción de la clase política. Los 10 vocales progresistas elegidos a propuesta del PSOE y de Sumar no aceptan que un magistrado del Supremo apoyado por el bloque conservador presida esa misma sala Segunda.
Dado que el nombramiento tiene que contar con el apoyo de 13 de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial, el bloqueo está garantizado. Es una situación parecida a la que permitió al PP controlar durante cinco años a través de una mayoría de vocales conservadores el Consejo General del Poder Judicial. El PP se negó con excusas variopintas durante ese tiempo a la renovación que establece la Constitución.
Obligado a los consensos -necesitan 13 de 21 votos para aprobar los nombramientos- el actual CGPJ lleva meses fracasando en este empeño. Mientras tanto, el magistrado Andrés Martínez Arrieta ejerce en funciones la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y es el candidato a ese puesto del bloque conservador del Poder Judicial.
Su antecesor en la presidencia de la Sala Segunda, Manuel Marchena, tuvo que renunciar a presidir el Tribunal Supremo cuando conoció que el Partido Popular lo consideraba el instrumento útil para controlar “desde detrás” la Sala Segunda. Herido en su dignidad, Marchena renunció a la propuesta para presidir el Consejo General del Poder Judicial y se mantuvo al frente del órgano que el PP consideraba bajo su control.
Durante este tiempo, la Sala Segunda del Supremo confirmó la condena por grave corrupción del Gobierno del PP en los casos Bárcenas y Gürtel, juzgo y castigó con altas penas de cárcel a dirigentes independentistas catalanes por sedición y malversación e impidió la aplicación de la Ley de Amnistía al prófugo Carles Puigdemont, entre otras sentencias.
Desde hace 20 años, la sala de lo Penal del Supremo ha estado dominada por magistrados conservadores. Tras la llegada al Gobierno de José María Aznar, en 1996, el PP impuso el rodillo por su mayoría en el Consejo General del Poder Judicial y copó los principales puestos que iban quedando vacantes en el Supremo, dado que no se requerían mayorías cualificadas. Cuando el PP llegó al Gobierno, la Sala de lo Penal tenía seis magistrados conservadores y siete progresistas. Cuando el PP perdió el poder en 2004 había revertido esa situación a favor de la derecha judicial. Una situación que llega hasta hoy: de 15 magistrados que componen la sala Segunda, solo hay cuatro del denominado sector progresista en órgano que dirime las causas penales contra los políticos aforados.
La obsesión del PP por seguir controlando esa Sala llega ahora hasta la presidencia del órgano. Cuando intentaron colocar al magistrado Marchena al frente del Consejo General del Poder Judicial mediante un pacto con el PSOE, lo explicaron así en un mensaje enviado a sus diputados y senadores: “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de dos tercios del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España (…). Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional [Manuel Marchena], (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y autoridad para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda desde detrás y presidiendo la sala 61″.
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