Las denuncias de fraude lanzadas por la excandidata presidencial Luisa González en Ecuador pierden fuerza. Las misiones de observación internacional que participaron en la segunda vuelta del 13 de abril, entre ellas a Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, no avalaron las denuncias opositoras, pero dejaron algunas advertencias sobre el proceso electoral.

“La Misión no tuvo conocimiento de documentación alguna que sustente las denuncias de irregularidades generalizadas”, concluyó el informe preliminar de la OEA, que responde directamente a los señalamientos del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa. Los observadores de la Unión Europea, más directos, repudiaron a “aquellos malintencionados que han invertido grandes esfuerzos en generar incertidumbre en la población, desconfianza en las instituciones electorales y un relato de fraude masivo, sistemático, que rechazamos de plano”, dijo Gabriel Mato, jefe de la misión.

Sin embargo, ambos informes subrayan aspectos del proceso electoral que deben ser corregidos: la ambigüedad en torno a la licencia de su cargo que debió solicitar el presidente Daniel Noboa para hacer campaña, el uso de recursos públicos y la decisión de celebrar los comicios en medio de un estado de excepción. El chileno Heraldo Muñoz, jefe de la misión de la OEA, enumeró estas preocupaciones, aunque matizó que ninguna de ellas alcanza para cuestionar la legitimidad del proceso.

La Unión Europea coincidió en señalar un desequilibrio en la contienda, con una maquinaria estatal volcada a favor de Noboa. Pero los observadores insistieron en que eso no basta para hablar de fraude. “¿Puede este desequilibrio justificar poner en duda el resultado electoral?, desde mi punto de vista es un rotundo no”, dijo Gabriel Mato.

Con este respaldo internacional, el margen para sostener una narrativa de fraude se achica. El escenario ahora obliga a la oposición a repensar su estrategia, mientras el país se prepara para cuatro años de mandato de la derecha.

Luisa González desconoció los resultados en la misma noche electoral y alegó que hubo un “grotesco fraude”. El argumento central que esgrimió fue el abuso del poder por parte de Daniel Noboa. Los observadores destacaron que el presidente en funciones nunca pidió licencia para participar en la campaña, como exige la ley; que usó las instituciones electorales, el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como herramientas personales; y que incluso declaró un estado de excepción en plena jornada democrática. González dijo el domingo que Noboa “usó a las autoridades del CNE y TCE para hacer lo que le daba la gana, para atropellar la democracia y luego el estado de excepción para garantizar un grotesco fraude”, afirmó.

Por el momento, lo de González no ha pasado de una protesta. No hubo una presentación formal de Revolución Ciudadana para impugnar los resultados, según confirmó a EL PAÍS el CNE. “Cuando proclamemos los resultados también pueden hacer uso de ese recurso, pero hay que tener presente que no se habla de inconsistencias numéricas o de verificar las actas, están hablando de fraude como delito, y eso no cae en el campo electoral, sino en la justicia ordinaria”, explicó Diana Atamaint, presidenta del CNE, en una entrevista con Teleamazonas.

Sin actas por revisar, sin peticiones formales y con el aval de la comunidad internacional, las acusaciones de González parecen haber perdido tracción. Su denuncia también se queda sin respaldo dentro de su propio partido. Los alcaldes de las dos principales ciudades del país, Aquiles Álvarez en Guayaquil y Pabel Muñoz en Quito, reconocieron el triunfo de Noboa en redes sociales. Ambos son figuras clave del correísmo.

Las alianzas tejidas en la segunda vuelta tampoco sostienen el relato. Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, saludó la reelección de Noboa y expresó su expectativa de que las promesas hechas en campaña se traduzcan en políticas concretas. Ni una palabra sobre un presunto fraude. En este escenario, González se va quedando sola. Su discurso, que apuntaba a deslegitimar los resultados, encuentra un país más inclinado al cierre de la contienda que a prolongar una batalla poselectoral.