The article centers on the ongoing investigation into the management of the devastating 2023 flood in Valencia, Spain, which resulted in over 200 deaths. The investigation, led by Judge Nuria Ruiz Tobarra, has implicated two former high-ranking officials of the regional government.
Defendants in the case are challenging Judge Tobarra's conduct, claiming her husband, also a judge, has unduly influenced the proceedings. They allege his presence near the courtroom and potential access to the investigation files raise concerns about impartiality.
The investigation focuses on the alleged failures in the emergency response, specifically questioning the late activation of emergency services and delayed public alerts. Judge Tobarra emphasizes the regional government's exclusive responsibility for managing the emergency. The implicated officials and the ruling Popular Party are unhappy with the investigation's trajectory.
The article highlights that the judge has rejected calls to widen the investigation to include other officials, and resources are still pending to resolve the situation. The final verdict remains uncertain, with ongoing legal battles shaping the future of the case and its political ramifications.
Algo se mueve en estos días entre los investigados en el procedimiento a cargo del juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la trágica riada que provocó la muerte de más de doscientas personas en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Según aseguran distintas fuentes jurídicas consultadas, las defensas de los imputados en la causa de la dana estudian actuar contra la instructora del procedimiento, Nuria Ruiz Tobarra, que mantiene imputados a dos ex altos cargos de la Generalitat que preside el popular Carlos Mazón. La exconsejera de Justicia e Interior durante el desastre, Salomé Pradas, y su número dos, el exjefe de Emergencias, Emilio Argüeso, consideran que existen motivos para cuestionar la instrucción y tratan de armar argumentos contra la magistrada.
Según precisan estas fuentes, las defensas consideran cuestionable la forma en la que la instructora conduce su investigación. Aseguran que hay datos que apuntan a que recibe ayuda o asesoramiento de un segundo magistrado en el caso en el que Ruiz Tobarra trata de determinar si existieron responsabilidades penales en la conducción de la emergencia. En concreto, apuntan a una intervención excesiva del marido de la magistrada, el también actual titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, Jorge Martínez, y valoran distintas opciones para visibilizar su malestar o buscar una nulidad de la causa. El argumento pasaría por un posible incumplimiento del principio del juez predeterminado por la ley. Es algo que niega la Fiscalía Provincial de Valencia, que ayer difundió un comunicado en el que desmiente "participación de persona alguna distinta de la instructora en la dirección de la causa" y también que exista un malestar en el Ministerio Público por esta razón.
Las defensas basan sus reproches en la presencia física del magistrado en los pasillos de la sala de la Ciudad de la Justicia de Valencia en la que se producen las vistas y la propia presencia del juez dentro del espacio en el que se practican las diligencias. Sostienen esa afirmación en la existencia de imágenes sobre esto, aunque admiten que no existen pruebas de la intervención del juez en el procedimiento más allá de esa coincidencia espacial.
Desde el entorno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) niegan que el magistrado haya accedido nunca a la sala mientras está en marcha la instrucción. Otras fuentes judiciales normalizan la cercanía de Martínez porque ambos magistrados comparten ahora lugar de trabajo (los juzgados de Catarroja todavía no han sido reabiertos tras la dana) y ven lógico que espere a su pareja o se vean a lo largo de la jornada en recesos y descansos. La instructora es independiente y no está afiliada a ninguna asociación de jueces. A su marido se le considera cercano a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Es el juez que ha mandado al banquillo al hermano de Ximo Puig, Francis, por una posible falsedad documental en la justificación de ayudas al valenciano de la Generalitat. La Fiscalía había solicitado el procesamiento.
La jueza rechaza elevar exposición al TSJ sobre Mazón porque "la instrucción no está agotada"
No obstante, los dos cargos imputados sopesan distintas vías que van desde la recusación hasta la formalización de una queja en contra de la jueza ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pasando por un recurso en el que se persiga desactivar al menos en parte una instrucción que les está poniendo en una situación cada vez más complicada, especialmente a la exconsejera Pradas. En las últimas horas, ha cobrado fuerza entre los investigados la opción de acudir al Consejo a la vista de que las otras posibilidades plantean dudas sobre su recorrido. Tampoco se descarta que algún sindicato con representación en el colectivo de funcionarios judiciales sea el que eleve esa queja.
Las causas de abstención y recusación de jueces y magistrados se contemplan en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, aparentemente, ninguna de ellas coincide con la sospecha de los investigados de que la magistrada cuente con un apoyo de su pareja que sobrepasaría el habitual entre magistrados cercanos. En la veintena de causas de abstención regladas, ninguna concuerda con este caso.
El enfoque que la magistrada está dando a la causa, con duros autos en los que enfatiza la competencia de protección civil de la Generalitat valenciana en el nivel 2 de emergencia que se dio aquel 29 de octubre, está comprometiendo no solo la posición judicial de Pradas, sino también todo el relato político del Partido Popular y la Administración de Mazón sobre las responsabilidades de los fallos en aquella jornada. En el PP no se esconde el malestar.
La jueza de Catarroja ha escuchado a decenas de familiares, a varios testigos y a los propios investigados. En sus resoluciones insiste en que hubo una "gravísima inactividad" de los responsables autonómicos: se convocó tarde el Cecopi, el órgano de gestión de la emergencia, y el mensaje masivo de alerta a la población, el ES-Alert, se envió con demora y con un contenido equivocado, pese a contar con suficiente información como para tomar decisiones. Ruiz Tobarra ha descartado citar como investigados a cargos y responsables de organismos del Estado, por entender que, al margen de su actuación, no tenían competencia de protección civil y, por tanto, no existe un posible "nexo causal" con las muertes.
Los autos y resoluciones de la magistrada están pendientes de resolución de recursos por parte de la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, considerada una de las más garantistas de la jurisdicción. La Fiscalía ha respaldado por ahora la imputación de Pradas, aunque se ha pronunciado en contra de la de Argüeso. El Ministerio Público también ha avalado la decisión de la instructora de mantener fuera del perímetro de las responsabilidades penales al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al compartir, por ahora, el criterio de que no recaía sobre ellos la competencia de la protección civil en el nivel de emergencia decretado por la Generalitat, en la que Pradas tenía el mando único.
Este lunes, en un nuevo auto notificado a las partes, la jueza insistía en que la Generalitat tenía la "competencia exclusiva" en la gestión de la emergencia. "La atribución de la condición de investigado solo se puede sustentar en la existencia de un nexo causal entre la inactividad de quienes se atribuye la condición de investigados, su posición de garantes y los fallecimientos", reitera en respuesta a una petición de Rubén Gisbert, abogado personado en representación de una familia de una de las víctimas, para citar como investigada a Bernabé.
La magistrada responde al también colaborador del presentador de televisión, Iker Jiménez, que no correspondía a la delegada del Gobierno declarar la emergencia nacional, sino que debe surgir a iniciativa del Ministerio del Interior o a petición del gobierno autonómico. Ninguno lo hizo. "Existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional, ni el día 29 de octubre, ni en los días posteriores. Tampoco se declaró la situación de emergencia catastrófica al amparo de lo dispuesto en el art. 12. 4 de la Ley Valenciana de Protección Civil, competencia que se atribuye al President de la Generalitat Valenciana". Y abunda, como ya hecho en otros autos: "La declaración de emergencia nacional no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección".
En el mismo auto, responde a la petición de Gisbert de elevar exposición razonada al TSJCV para solicitar la investigación de Mazón por la dana que para ello debe agotarse la instrucción y que de ella surjan "indicios sólidos contra la persona aforada". En este sentido, escribe: "La instrucción no está agotada, y ha de desestimarse dicha petición de exposición razonada".
Algo se mueve en estos días entre los investigados en el procedimiento a cargo del juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la trágica riada que provocó la muerte de más de doscientas personas en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Según aseguran distintas fuentes jurídicas consultadas, las defensas de los imputados en la causa de la dana estudian actuar contra la instructora del procedimiento, Nuria Ruiz Tobarra, que mantiene imputados a dos ex altos cargos de la Generalitat que preside el popular Carlos Mazón. La exconsejera de Justicia e Interior durante el desastre, Salomé Pradas, y su número dos, el exjefe de Emergencias, Emilio Argüeso, consideran que existen motivos para cuestionar la instrucción y tratan de armar argumentos contra la magistrada.
Skip the extension — just come straight here.
We’ve built a fast, permanent tool you can bookmark and use anytime.
Go To Paywall Unblock Tool