Yesenia aún sangraba cuando dos policías entraron a su habitación del hospital. Tenía 24 años y había llegado con un aborto espontáneo, es decir, la pérdida natural e involuntaria del embarazo antes de la semana 20, sin una intervención médica o externa. Pero, en lugar de recibir atención, fue interrogada por oficiales de la policía que llegaron de forma rápida al centro de salud. Le dijeron que el legrado que le acababan de hacer también servía como prueba. Ella no entendía a qué se referían. No sabía que estaba siendo acusada de un delito.

Pasó tres años asistiendo a audiencias judiciales. No fue condenada, pero el proceso le cerró las puertas laborales: tenía antecedentes judiciales. “Mi vida se detuvo”, dice hoy. Como ella, otras miles han sido perseguidas por el Estado tras vivir un evento obstétrico.

Entre 2012 y 2022, el Ministerio Público investigó a 9,962 mujeres por el delito de aborto. El 99% fueron por autoaborto, la interrupción voluntaria del embarazo realizada por la propia mujer, sin asistencia médica y, a menudo, mediante métodos inseguros. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos procedimientos ponen en riesgo grave la salud y la vida de quienes los practican.

Este jueves se publicó el informe “La crueldad hecha rutina”, un estudio realizado por las asociaciones Proyecta Igualdad y Justicia Verde que, en base al observación de 100 sentencias judiciales y 15 expedientes completos entre 2012 y 2022, analiza los efectos de la criminalización del aborto en la salud y la vida de las mujeres en el Perú, así como sus implicancias sociales, jurídicas y políticas.

En el Perú, el delito de aborto —regulado en los artículos 114 al 120 del Código Penal— se sanciona con una pena privativa de libertad de entre uno y tres años. Sin embargo, como ocurre con las penas menores a cuatro años, en la práctica los jueces suelen aplicar pena suspendida. Es decir, las mujeres no van a la cárcel, pero la condena por el delito se mantiene y, por ende, también los antecedentes penales. Esta medida busca, entre otras cosas, evitar el hacinamiento en los penales.

Este hecho ha llevado al consenso de que, en el país, el aborto tiene una “pena simbólica”. El estudio desafía esta noción y argumenta que, pese a no implicar cárcel efectiva, las denuncias por aborto generan efectos en el ámbito laboral, financiero y de salud mental de las mujeres y adolescentes, en muchos casos devastadores.

El hospital como antesala de los tribunales

La escena se repite en decenas de hospitales del país. Una mujer con una hemorragia llega a Emergencias. El personal médico detecta un posible aborto. Llama a la policía. La paciente es interrogada sin abogado, muchas veces sedada o con dolor. La historia clínica se convierte en prueba. La privacidad se rompe y el proceso penal empieza.

El informe revela que, entre 2012 y 2022, se registraron 622.007 atenciones por aborto en establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA) y redes de EsSalud, lo que equivale a más de medio millón de casos en solo once años.

El 84% de los casos de investigación por aborto se originó en hospitales públicos, a través de alertas o denuncias del personal médico. En este, se documentan casos de mujeres y adolescentes que fueron intervenidas por la policía incluso estando en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

En contraste con el protagonismo del sistema de salud, solo en el 16% de los casos la criminalización se inició fuera del ámbito hospitalario, ya sea a través de denuncias realizadas por la Policía Nacional, la Fiscalía u otras personas ajenas al entorno médico.

Las mujeres suelen llegar a los establecimientos de salud en contextos de postaborto o emergencias obstétricas, buscando atención médica urgente. Sin embargo, en muchos casos terminan siendo procesadas penalmente, sin que se distinga si el aborto fue inducido o espontáneo.

El estudio, incluso, documenta 64 casos en los que se denunció a mujeres que accedieron a un aborto terapéutico, a pesar de que este es legal en el Perú desde 1924.

Según las conclusiones del informe, la obligación del personal médico de denunciar los casos de “aborto criminal” limita las posibilidades de las mujeres de acceder a una atención postaborto o de emergencia obstétrica en los establecimientos de salud, debido a que pueden ser denunciadas por quienes las atienden.

Con el fin de conocer las posibles motivaciones del personal de salud, El Comercio entrevistó a dos médicos, quienes —para evitar eventuales represalias— prefirieron mantener el anonimato.

“No queremos denunciar, pero si no lo hacemos, nos acusan de encubrimiento. El sistema te obliga. Se ha vuelto automático: llega una paciente con sangrado y lo primero que preguntan es si abortó”, relató un ginecólogo de un hospital de Lima.

“Nos piden que reportemos todo. Incluso si es que (el aborto) fue espontáneo. Nos dicen que hay que dejar constancia, por si acaso. Y, si no lo haces, te preguntan por qué. Hay una cultura de vigilancia dentro del hospital”, añade una obstetra en Ayacucho.

El artículo 30 de la Ley General de Salud obliga a los médicos a denunciar “abortos criminales”. Pero la ley no define con claridad qué significa un aborto criminal. Esa ambigüedad ha abierto la puerta a una práctica sistemática: denunciar todo aborto, incluso si es involuntario.

Jóvenes, pobres y sin defensa: el perfil de las mujeres criminalizadas

Pese a que se registran abortos en todas las regiones y niveles socioeconómicos, el informe muestra que la mayoría de procesadas son mujeres quechuas y de bajos recursos, principalmente en Apurímac y Ayacucho. Más de la mitad tiene ingresos de menos de S/. 500 soles mensuales, solo el 7% tiene empleo formal y el 77% apenas terminó la secundaria. Muchas son estudiantes, trabajadoras del hogar y amas de casa.

De hecho, apenas el 9% de las mujeres acusadas contó con defensa pública; un 23% tuvo que asumir una defensa privada por su cuenta, muchas veces sin conocimiento legal ni recursos suficientes; un 7% fue apoyada por organizaciones privadas de defensa de los derechos de la mujer y otro 7% no tuvo ningún tipo de defensa legal durante el proceso.

Por otro lado, cerca del 80% de las mujeres procesadas por aborto en el Perú tiene menos de 30 años. El 56% tiene entre 18 y 23.

Según el informe, los procesos judiciales generan un empobrecimiento en las mujeres procesadas, principalmente debido a los costos de la defensa legal y la disposición de tiempo que implica el proceso. “Las mujeres criminalizadas por aborto no comparten un perfil al azar. Son, en su mayoría, jóvenes, pobres y sin acceso a defensa adecuada. La justicia no castiga a todas por igual”, señala Brenda Álvarez, abogada de Proyecta Igualdad.

“Este perfil no es casual. El sistema penal no persigue a todas por igual: se ensaña con las más vulnerables. Son mujeres jóvenes, pobres, sin redes de apoyo ni acceso a información confiable. Llegan a los hospitales buscando ayuda y terminan en tribunales, señaladas por el propio personal médico”, advierte Álvarez

Los procesos, además, tienen efectos en la salud mental de las denunciadas. El estudio documenta casos de mujeres con diagnósticos de depresión y trastorno de estrés post-traumático, inexistentes antes de la denuncia. Según la publicación, muchas de las denunciadas han iniciado tratamientos terapéuticos y psiquiátricos, en muchos casos recomendados por mismos profesionales de salud durante los procesos judiciales.

De las 100 sentencias revisadas en el informe, 56 terminaron en condena. En un tercio de los casos se impusieron reglas de conducta como “no volver a abortar”, “llevar control prenatal” y “asistir a charlas sobre maternidad”.

“Estas sanciones no solo castigan: buscan corregir. Es una justicia que impone un modelo de maternidad obligatoria (...) El sistema judicial no solo aplica la ley, también moraliza. Eso es disciplinamiento”, dice Álvarez.

Ademas, la abogada añade que “las sanciones económicas impuestas tienen un impacto desproporcionado y profundamente injusto en mujeres que viven en situación de pobreza o informalidad. El informe señala que la mayoría de las mujeres procesadas no cuenta con ingresos regulares o vive con menos de S/1 000 al mes. En ese contexto, una reparación civil, aunque aparentemente baja, representa una carga insostenible”.

Asimismo, Álvarez explica que este tipo de sanciones refuerzan la exclusión económica y social. En muchos casos, las mujeres criminalizadas no solo deben enfrentar un proceso penal que puede durar hasta 32 meses en promedio, sino que además terminan endeudadas o con antecedentes que limitan sus oportunidades laborales. ”Estas reparaciones, lejos de compensar algún daño real, actúan como una penalización extra por haber intentado ejercer control sobre su propio cuerpo", dice Álvarez.

Entré por una emergencia médica y salí con una denuncia policial

El caso de Sofía*

Sofía, nombre que usamos para proteger su identidad, tenía 31 años cuando llegó al Hospital Edgardo Rebagliati con un diagnóstico claro: un embarazo ectópico, una condición grave en la que el embrión crece fuera del útero y pone en riesgo la vida de la gestante. Ingresó por emergencia con un dolor abdominal agudo y, tras una intervención médica, el equipo de salud confirmó que había tenido un aborto espontáneo. Sin embargo, lejos de recibir apoyo o reposo, fue tratada como sospechosa de un delito.

En plena hospitalización y aún bajo los efectos del dolor, fue abordada por un total de ocho policías que entraron a su habitación. La interrogaron sin presencia de abogado, y le hicieron firmar documentos que no entendía. “Me dijeron que tenía que firmar una constancia, pero nunca me explicaron que ya estaban iniciando una investigación penal”, recuerda. Su historia clínica fue entregada a los agentes sin su consentimiento, y una custodia policial se instaló en la puerta de su habitación, como si se tratara de una delincuente.

El proceso penal por aborto continúa en curso, a pesar de que su caso califica legalmente como aborto terapéutico, permitido en el Perú desde 1924. “Yo no sabía que había hecho algo malo. Solo quería que me ayudaran. Me sentí más enferma después de ver cómo me trataron”, cuenta. Su experiencia refleja un patrón documentado en decenas de casos: mujeres que llegan al sistema de salud en búsqueda de atención y terminan siendo perseguidas penalmente, sin distinguir si el aborto fue voluntario, espontáneo o una urgencia médica.

Tres años de juicio por una pérdida involuntaria

En promedio, los procesos judiciales por aborto duran 32 meses. Muchos exceden el plazo legal de prescripción. Según el estudio, la criminalización genera secuelas en las procesadas, como miedo, vergüenza y depresión. Algunas mujeres declararon haber abandonado sus estudios a raíz del proceso. Otras, haber perdido sus empleos. Muchas dijeron temer volver a un hospital.

Entre 2018 y 2022, al menos 21 adolescentes fueron sancionadas penalmente por abortar. Algunas fueron internadas en centros juveniles. Seis ya eran madres cuando fueron condenadas. Del análisis de sentencias realizado por el estudio, el 100% de las mujeres denunciadas no registraba antecedentes penales o judiciales.

Una defensa legal poco efectiva

El informe documenta cómo, en diversos casos, los abogados de oficio —es decir, aquellos que asigna el Estado a falta de defensa privada— no presentaron objeciones a pruebas ilegales, no controlaron plazos ni apelaron decisiones.

En los 15 expedientes judiciales que se analizaron cualitativamente en profundidad, se examinó cada etapa del proceso penal, desde la denuncia hasta la sentencia, incluyendo declaraciones, informes médicos y actuaciones fiscales. En todos esos casos, las mujeres contaron con defensa pública y todas fueron condenadas.

En el 77% de los casos revisados se usó el legrado uterino, una práctica médica cuestionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ser más invasiva, dolorosa y riesgosa que otras alternativas modernas, como el uso de medicamentos o la aspiración manual. A pesar de ello, en el sistema de salud peruano se sigue utilizando de forma rutinaria, incluso como prueba judicial en casos de criminalización por aborto.

Diana

Inteligencia artificial como alternativa al desconocimiento y la falta de defensa legal

En el contexto de la publicación del informe, Proyecta Igualdad y Justicia Verde han creado a “Diana”, una asistente virtual de inteligencia artificial diseñada para brindar información legal y médica en temas relacionados al aborto. El nombre del chatbot es un homenaje a Diana Alemán, una joven migrante venezolana que murió tras intentar huir de un hospital donde fue amenazada con ir presa por un aborto espontáneo.

Su desarrollo, impulsado por Iniciativa Idea, se basó en el análisis de 100 sentencias y 15 expedientes judiciales, entrevistas a mujeres criminalizadas por aborto, así como a personal de salud y operadores de justicia. La herramienta identifica dudas frecuentes, brinda contención emocional, ofrece rutas legales y garantiza el anonimato.

Diana está pensada para adolescentes, mujeres rurales, personas quechuahablantes, sin acceso a abogados o redes de apoyo, el perfil de la mayoría de mujeres criminalizadas por aborto, según el estudio. Puede ser consultada desde aquí o desde cualquier WhatsApp.