Es la principal novedad del nuevo decreto de teletrabajo de Extremadura que entrará en vigor tras su publicación en el DOE. «El proyecto de decreto representa una decidida apuesta de la Junta por la consolidación y la mejora de esta modalidad como medida de fomento del trabajo colaborativo y del uso intensivo de las herramientas tecnológicas», ha indicado al respecto el Gobierno regional.

La primera experiencia con el teletrabajo se remonta en la región al año 2012, cuando se aprobó el primer decreto que regulaba de manera experimental la modalidad laboral no presencial. «En esta norma se ponían los pilares de lo que llegaría a ser esta modalidad de prestación de servicios de los empleados públicos, instaurándose un programa experimental cuyos resultados, una vez evaluados, deberían conducir a la instauración de programas de teletrabajo en las distintas consejerías».

El proyecto funcionó y en 2018, recuerda la Junta en el nuevo borrador que ha elaborado, se publica un decreto con el que se implanta un sistema estable de teletrabajo en la región a través de convocatorias anuales. Son seis las que se han realizado desde entonces, consolidando así en el tiempo esta modalidad laboral hasta la actualidad, cuando ya son alrededor de 2.000 los empleados públicos acogidos al régimen del teletrabajo.

En estos siete años de vigencia del decreto, «la visión original que se tenía del teletrabajo, muy circunscrita a un instrumento de conciliación de la vida familiar y laboral, ha variado sustancialmente», explica la Junta.

Primero la pandemia de la covid obligó a implementar a marchas forzadas el trabajo desde casa a todo empleado no involucrado en servicios esenciales, «lo que provocó un desarrollo exponencial y exprés de los medios tecnológicos y telemáticos de la Junta».

Después, el proceso de modernización en el que están inmersas las administraciones públicas, «impelidas por una sociedad cada vez más digitalizada que demanda cambios y adaptaciones en la forma de relacionarse con la ciudadanía», justifican la ampliación del teletrabajo como herramienta más allá de la conciliación.

La Junta considera que se ha convertido «prácticamente en una modalidad ordinaria de prestación de servicios que permite explorar nuevas formas de gestión y organización más flexibles y colaborativas donde primen la eficiencia y la consecución de los objetivos marcados, amén de aportar indudables beneficios desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental o de la prevención de riegos laborales», al reducir los desplazamientos de los empleados.

Acuerdos individuales

El nuevo decreto establece que el teletrabajo tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de un año, pudiendo ser prorrogado por idénticos periodos, y que, con carácter general, tendrá una duración máxima de dos días a la semana, «pudiendo ampliarse en función de las disponibilidades del servicio y de las necesidades organizativas o de circunstancias excepcionales», cuando la modalidad laboral no presencial se podrá extender a todas las jornadas semanales. Es el caso, recoge el decreto, de situaciones de emergencia sanitaria, cuando se den situaciones no imputables al trabajador, cuando sea necesario por motivos de salud o cuando surjan necesidades sobrevenidas de conciliación.

En todos los casos, el trabajador firmará con la administración un acuerdo individual de teletrabajo, «un documento de consenso en el que se establecerán las condiciones particulares de cada empleado; en especial, los días concretos en que se teletrabajará, las franjas horarias, objetivos y tareas a realizar». Los empleados deberán disponer de conexión a internet y la administración les facilitará formación y los medios tecnológicos precisos.