Las montañas de la comarca Ngäbe Buglé guardan secretos que, cuando emergen, estremecen al país. Aisladas por la geografía y olvidadas por el Estado, varias comunidades indígenas han sido escenario de uno de los fenómenos más oscuros de los últimos años: la proliferación de sectas religiosas que han convertido la fe en un instrumento de control, tortura y muerte.

El primer hecho de horror llegó en enero de 2020, cuando los habitantes de El Terrón, una remota comunidad del distrito de Santa Catalina, despertaron con olor a humo y el eco de gritos apagados. Al llegar las autoridades, el hallazgo fue espeluznante: seis menores de edad y una mujer embarazada habían sido asesinados durante un ritual de “purificación” dirigido por una supuesta secta.

El caso de El Terrón marcó un antes y un después. Las imágenes del improvisado templo, los relatos de los sobrevivientes y el hallazgo de fosas comunes sacudieron al país y colocaron a la comarca en el mapa del horror. Las autoridades prometieron presencia, vigilancia y justicia, pero el eco de aquella masacre no disuadió a otros grupos similares.

El caso del Terrón estremeció al país. Alexander Arosemena

Solo siete meses después, en agosto de 2020, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) irrumpió en la comunidad de Guayabal, corregimiento de Boquerón, para rescatar a tres menores de edad que se encontraban cautivos. Los niños fueron hallados desnutridos, encerrados y con señales de maltrato. Otra vez, la religión se usaba como excusa para la violencia.

Nuevos ataques

En mayo de 2021, fue la comunidad de Calante, en Jironday, la que dio la voz de alarma. Un grupo de 27 personas, incluidos 14 menores de edad, logró escapar de una secta que los mantenía retenidos. Caminando entre montañas y ríos, llegaron hasta Kankintú, donde fueron rescatados por las autoridades. Los relatos hablaban de torturas, privaciones y castigos que buscaban “liberarlos del mal”.

Uno de los niños rescatados contó que los obligaban a ayunar durante días, les aplicaban golpes con varas de guayaba y los sumergían en ríos helados a medianoche. “Decían que teníamos al diablo adentro”, relató. Las autoridades confirmaron signos de violencia y lesiones antiguas en la mayoría de los menores.

En abril de 2023, otro episodio encendió las alarmas. Cinco personas ingresaron al hospital de Chiriquí Grande, entre ellas tres menores de edad y dos mujeres, todas con heridas visibles por golpes y quemaduras. Eran habitantes de isla Paterson, en el distrito de Kusapín. La Policía abrió una investigación de oficio: otra vez, se trataba de una presunta secta religiosa.

En esa ocasión, las autoridades locales, los docentes y defensores de derechos humanos coincidieron en algo: nunca antes se había reportado un hecho similar en esta comunidad indígena, a la que solo se accede por vía marítima. Es un punto aislado del mapa, pero también de la atención estatal. “Un pueblo invisible”, lo llamaron. Invisible para los programas sociales, para la justicia, para la inversión pública. La noticia de los heridos por presunta violencia sectaria no solo conmocionó al distrito de Kusapín, sino que encendió una luz sobre un lugar que solo aparece cuando la tragedia toca la puerta.

Antonio Smith, entonces alcalde del lugar, subrayó con la voz contenida de quien ha repetido lo mismo durante años sin que lo escuchen. Dijo que las únicas religiones practicadas tradicionalmente por los ngäbes son Mama Tatda y la Cruz o Ley, una derivación de la primera. Pero lo ocurrido en Paterson, afirmó, comenzó con la llegada de un forastero: un supuesto “mesías” proveniente de Changuinola. Con él llegaron los rituales y la violencia.

Autoridades en isla Paterson. Archivo

“Si no hubiera pasado esto, nadie sabría dónde queda la isla Paterson”, lamentó en su momento. Smith pintó, esa vez, con crudeza el retrato de su distrito: escuelas improvisadas, pobreza estructural y un presupuesto que no alcanza ni para soñar. En Kusapín, el abandono también ha sido religión.

Último caso

Lo más reciente ocurrió en abril de 2025, en la comunidad de Quebrada Satra. Cinco adultos fueron aprehendidos por el Senan, mientras varios menores de edad eran rescatados con evidentes signos de maltrato físico. En el lugar se encontraron elementos que sugerían rituales y prácticas violentas. Otra secta. Otro capítulo.

Lo que tienen en común estos episodios no es solo la brutalidad, sino el silencio que los precede. En muchas de estas comunidades, los miembros de las sectas se presentan como líderes espirituales, sanadores o profetas. Se aprovechan de la falta de acceso a servicios de salud, educación y justicia, y reemplazan la institucionalidad con fanatismo.

El Servicio Aeronaval ingresó a Quebrada Satra donde operaba una secta religiosa. Allí rescataron a varios menores. Archivo

La fe, en estos rincones, es muchas veces el único recurso. Y por eso, cuando alguien llega con un discurso religioso, es escuchado. Pero cuando ese discurso deriva en castigos, aislamiento y sometimiento, ya es demasiado tarde. El miedo y la obediencia se instalan como norma.

Las autoridades, como el Servicio Nacional Aeronaval, reconocen que llegar a estas comunidades es difícil. Las condiciones topográficas, la falta de caminos y la resistencia cultural al “exterior” complican la intervención. Muchos de los operativos de rescate han sido posibles solo gracias a alertas internas: algún familiar, un sobreviviente, un maestro que se atreve a denunciar.

La comarca ha sufrido abandono estatal por años. Alexander Arosemena

Lo que está ocurriendo en la comarca Ngäbe Buglé no es un fenómeno aislado. Es una emergencia social que ha florecido en el abandono, en la exclusión y en la ausencia de un Estado que apenas llega. La violencia de estas sectas es solo el síntoma de algo más profundo: la desesperación de comunidades olvidadas que buscan respuestas, aunque sea en los lugares más oscuros.