Alternativa para Alemania (AfD), segunda fuerza en el Bundestag desde las elecciones de febrero, ya es oficialmente una organización “extremista de derechas”. Este es el dictamen de la Oficina Federal de Protección de la Constitución, los servicios de inteligencia interiores alemanes. Y no es una simple cuestión semántica, sino que, en un momento de ascenso de otras formaciones de la órbita de AfD en Europa, y en vísperas a la investidura del democristiano Friedrich Merz como canciller, supone una “bomba en el Berlín político”, como la califica el diario Frankfurter Allgmeine.

Algunos postulados de este partido, que recibió en la pasada campaña el apoyo de destacados miembros de la Administración Trump, y algunas declaraciones respecto a los alemanes de origen extranjero, los inmigrantes y los musulmanes “van en contra del orden fundamental democrático”, según los investigadores.

La calificación de “extremista de derechas”, justificada en un informe de más de 1.000 páginas que es resultado de tres años de trabajo, permitirá la vigilancia, por parte de las autoridades, de reuniones y comunicaciones de este partido. Reavivará los esfuerzos, hasta ahora frustrados, de prohibirlo. También complicará los intentos de romper el cortafuegos o cordón sanitario que los otros partidos han establecido para impedir cualquier cooperación con la extrema derecha. Y podría limitar el acceso a la financiación pública, constitucionalmente vetada para las formaciones que amenazan el orden democrático liberal.

La decisión de la Oficina Federal de Protección de la Constitución llega cuatro días antes de la investidura de Merz. En el nuevo Bundestag, AfD lidera la oposición con 152 diputados, tras recoger un 20,8% en las elecciones y 10,3 millones de votos.

El dictamen es un reflejo del carácter “defensivo” de la democracia alemana, que le permite protegerse ante quienes la amenazan. La Ley fundamental de 1949, extrayendo lecciones de los 12 años de nacionalsocialismo, permite prohibir partidos que “tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania”.

AfD, fundada en 2013 y actualmente con 51.000 militantes, ya era considerado un “caso sospechoso de extremista de derechas” desde mayo de 2024, tras una decisión del Tribunal Superior Administrativo del Estado de Renania del Norte Westfalia. Las secciones del partido en los länder orientales de Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt recibían, por parte de las autoridades, el calificativo de “extremista de derechas”. Ahora esta descripción se amplía al conjunto de la formación en todo el país.

“Para nuestra valoración es decisiva la idea del pueblo de la AfD, basada en los orígenes étnicos, que devalúa grupos de población enteros en Alemania y viola su dignidad humana”, han declarado en un comunicado los vicepresidentes de la Oficina Federal de Protección de la Constitución, Sinan Selen y Silke Willems (la presidencia de la institución lleva unos meses vacante). “Esta idea del pueblo”, añaden, “se concreta en una actitud del partido contraria a los migrantes y a los musulmanes”.

Esta concepción étnico-racial del pueblo “no es compatible con el orden fundamental democrático y liberal”, según el comunicado. “Su objetivo”, precisa, “es excluir a determinados grupos de población de una participación social igual a los demás, someterlos a un trato no igualitario que no es conforme con la Constitución y asignarles un estatus legal devaluado”.

Los responsables de la inteligencia alemana han observado específicamente las recientes campañas electorales (regionales en septiembre y federales en febrero), y han constatado el proceso de radicalización de la formación que lideran Alice Weidel y Tino Chrupalla, lo que no ha impedido ganar popularidad.

Weidel y Chrupalla, en un comunicado, califican el dictamen de “golpe grave contra la democracia federal alemana”. Critican que la Oficina Federal de Protección de la Constitución haya dado este paso sin disponer de un presidente y cuando al actual Gobierno, el del canciller socialdemócrata Olaf Scholz, solo le quedan cuatro días en el cargo. Acusan a las autoridades de “desacreditar y criminalizar” a AfD, y de “intervenir en el proceso democrático de toma de decisiones” con “reconocibles motivos políticos”. “AfD se protegerá jurídicamente contra estas difamaciones peligrosas para la democracia”, añaden para anunciar un posible recurso judicial.

Más allá de las consecuencias jurídicas, el impacto político es enorme, en un contexto, además, en que otros partidos de su misma esfera, como el Reagrupamiento Nacional (RN) francés, denuncian la persecución por parte de las autoridades. AfD, que al contrario que el partido de Marine Le Pen ha endurecido en los últimos años su discurso contra la inmigración, es un partido cada vez más central en Alemania, y cuenta con un apoyo masivo y creciente.

Algunos sondeos indican que, de celebrarse hoy las elecciones, sería la fuerza más votada. La incógnita es si el calificativo oficial de “extremista de derechas” alimentará el victimismo y las simpatías entre la ciudadanía, o si le acabará dañando.

De momento, AfD se ve de nuevo señalado como un paria, en los márgenes de la sociedad y quizá en Europa, donde incluso partidos como los de Le Pen han roto las relaciones con AfD al considerarla demasiado radical. En Alemania, los políticos democristianos que sentían la tentación de suavizar el cordón sanitario lo tendrán más complicado a partir de ahora. Se comprobarán los efectos de la decisión de este viernes en los próximos días cuando, en el Bundestag, deban elegirse los presidentes de comisiones, que históricamente el primer partido de oposición, en este caso AfD, podía ocupar.

Los partidarios de prohibir AfD se sentirán reforzados en sus argumentos. El procedimiento no es sencillo, y el canciller saliente, Scholz, ya ha advertido: “No habría que precipitarse”. Quien decide es el Tribunal Constitucional, y solo puede hacerlo sobre la base de una petición del Gobierno federal, el Bundestag o el Bundesrat (la cámara alta, donde están representados los länder). El último intento, en febrero, fracasó.

Solo dos partidos han sido prohibidos en la historia de la República Federal, desde 1949: el Partido Socialista del Reich, de orientación nazi, en 1952; y el Partido Comunista de Alemania en 1956.

Pero para prohibir un partido en Alemania, no basta que tenga una visión anticonstitucional, sino que debe demostrarse que quiere imponer esta visión de una manera “combativa y agresiva”. La iniciativa plantearía el debate sobre la conveniencia de prohibir un partido que representa a una parte considerable de la sociedad y es el más votado en las regiones de la antigua República Democrática Alemana.