Se dieron cita para exigir explicaciones y que el solar deje de ser «una ruina perpetua en el barrio». Iban provistos de cacerolas, silbatos y otros utensilios para llamar la atención de los transeúntes. «Queremos que nos escuchen. Estamos cansados de la burocracia y de hacer trámites ante la subdelegación del Gobierno. Nos dan buenas palabras, pero no se hace nada», comentaba Carmen Quintero, de la directiva de la asociación convocante. «No queremos este muerto. Es un peligro y da una nefasta imagen de abandono», añadía.

El proyecto de las nuevas oficinas de la Seguridad Social en La Rondilla se remonta al año 2014, cuando la administración central anunció su intención de levantar un edificio administrativo en el solar del antiguo colegio San Juan de la Cruz, clausurado en 1999 y derribado en 2016 tras años de abandono y vandalismo. Las obras arrancaron en 2020, adjudicadas por 3,4 millones de euros. Sin embargo, apenas catorce meses después, los trabajos se paralizaron. Desde entonces, tras varias adjudicaciones fallidas y para enfado de los vecinos, en el solar se levanta un enorme esqueleto de hormigón y acero que no tiene visos a ser terminado.

Los vecinos denuncian no solo la imagen de abandono que proyecta el solar, sino también el perjuicio que supone la falta de este servicio. El proyecto estaba pensado para atender a 140.000 usuarios potenciales que podrían realizar allí sus trámites sobre prestaciones y subsidios. «Cuando derribaron el colegio nos lo vendieron como que iba a dar un servicio importantísimo y muy necesario para el barrio, pero parece que no hace tanta falta, porque aquí sigue sin construir. Estamos hartos de ver este espantapájaros aquí», lamentaba Feli Bravo, otra de las vecinas.

El barrio ha perdido la paciencia. Algunos desde los balcones también se sumaron al ruido de las cazuelas. «Yo vivo justo enfrente y desde la ventana veo todos los días lo que parece una escombrera. Si no van a construir nada, al menos que lo mantengan limpio porque hay ratas y creo yo, que hasta culebras», apuntaba Ángeles Pablos.

Los vecinos leyeron un manifiesto en el que indicaban que «la construcción lleva paralizada más de cuatro años sin que sepamos cuando se va a reiniciar su construcción. En 2021 nos dijeron que se estaba tramitando una modificación del proyecto y, consecuentemente, una paralización parcial de las partidas afectadas por el modificado. En 2022 la Tesorería General de la Seguridad Social culpa a la empresa adjudicataria, Trauxia, por incumplir las previsiones y se plantea una nueva licitación. En reuniones con la Subdelegación del Gobierno y en escritos con la Tesorería General, nos comunican buenas intenciones y trámites burocráticos, pero el esqueleto sigue ahí, sin atisbar ninguna finalización. Estamos como al principio».