La historia de Guerline empieza mucho antes de que viera bajar del avión a su hijo de 13 años, con una mochila al hombro y los ojos asustados por el ruido del aeropuerto de Santiago el pasado 27 de marzo. Fue hace 10 años cuando dejó Haití para venir a Chile sola, sin saber cuándo volvería a abrazarlo. “Era lo más difícil que he hecho”, dice ahora, con él a su lado en su casa en Estación Central.
Guerline llegó a Chile en 2015, empujada por la violencia y la falta de oportunidades laborales en Puerto Príncipe que se arrastró desde el terremoto de 2010. Ya en Chile consiguió trabajo como asesora del hogar, pese a contar con un título de enfermera. Poco a poco, regularizó su situación migratoria. Pero su hijo, Jean, se quedó en Haití al cuidado de una tía. “No tenía dinero para traerlo, y en ese tiempo no daban visa. Además, él no podía viajar solo”, explica.
Jean es parte de los 2.350 menores haitianos que han llegado a Chile desde enero al 7 de abril de este año con una visa de reunificación familiar, según informó la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto general Consuelo Peña, en la Comisión de Gobierno Interior el pasado lunes 14 de abril. Esto, en medio de los cuestionamientos de la oposición ante la masiva y reciente llegada de ciudadanos haitianos en 20 vuelos chárter: 10 en las aerolíneas Galistair y Aruba Airlines. Los otros 10 provenientes de República Dominicana.
La derecha planteó la posibilidad de una posible “ola” de migrantes indocumentados y abrió una duda sobre los motivos de los viajes a Chile.
El gobierno reconoció que, además, de los menores también llegaron al país 1.251 adultos no vinculados necesariamente a la reunificación familiar.
Por lo mismo, la Contraloría anunció el pasado martes la apertura de una investigación especial “en Migraciones, PDI (Policía de Investigaciones), DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) y otros servicios públicos para revisar la legalidad del ingreso de vuelos con migrantes bajo el argumento de reunificación familiar”, dijo la entidad en un comunicado.
El proceso de reunificación familiar, fue la oportunidad que Guerline esperó durante años, pues recién pudo solicitar el trámite una vez que obtuvo su residencia definitiva, en 2017. “Fui a preguntar a una organización que orienta a los migrantes, y ahí me ayudaron a juntar los papeles. Acta de nacimiento, documentos que probaban que era mi hijo, todo traducido”, cuenta.
El permiso de reunificación familiar es una categoría migratoria que no es sólo común a Chile, sino en todas partes del mundo, donde se reconoce la reunión de familia como una razón por la cual las personas migran. En Chile, este documento se otorga a personas que tengan la residencia definitiva o que sean chilenos y que detenten la calidad de cónyuge, hijos menores de edad, estudiantes o dependientes con alguna discapacidad.
El trámite no fue sencillo. Debido a la escalada de violencia y pandillas que aqueja al país desde el término de la misión de paz de la ONU en 2017, las oficinas de registro civil comenzaron a cerrar e incluso los documentos que debían enviarse vía online apostillados quedaron paralizados. “Conseguir cosas básicas como el certificado de nacimiento de mi hijo tardó más de un año”, dice.
Ya con los documentos enviados en 2018, recién en 2024 le confirmaron que su visa de reunificación había sido aceptada y que Jean podría llegar a Chile.
David Antoine, activista por los Derechos Humanos de la comunidad haitiana en Chile dice que esa es la respuesta de porqué ahora están llegando más haitianos a Chile mediante vuelos chárter, incluso cuando el número de visas otorgadas ha disminuido un 10% respecto a 2018 o 2019. “Con la situación del país, es muy difícil conseguir algunos documentos para poder presentar ante el Servicio de Migraciones (Sermig) para hacer el trámite”.
A eso se suma las restricciones del proceso migratorio. El director del Sermig, Luis Thayer, atribuyó los chárters a que no hay vuelos comerciales directos entre Santiago y Puerto Príncipe “no porque no estén autorizados, sino que porque las líneas aéreas han dejado de volar a Chile” por los seguros que implican las condiciones en ese país.
“La comunidad haitiana ha tenido que gestionar vuelos chárter, donde juntan a un grupo de personas para que puedan viajar”, explica la directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) Gabriela Hilliger.
Guerline se sumó a más de 80 familias que buscaban la reunificación con sus esposas, esposos e hijos. “Entre todos aportamos con más de $500 mil para el pasaje de nuestros familiares. Ahí tuvimos la opción de alinearnos con algún empresario de la zona, o directamente con agencias privadas que tuvieran disponible un vuelo para más de 180 personas.
Otra opción también había sido viajar desde República Dominicana a Chile, por su proximidad a Haití. “Pero los pasajes estaban a más de $1.500 dólares. Era una opción que habíamos visto, pero se tornó más complicado económicamente”, dice la mujer.
“El Gobierno no financia vuelos para traer migrantes”, respondió en tono áspero el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ante las reiteradas preguntas de los diputados por los recientes vuelos chárter desde Haití. Aunque sostuvo que esta migración “no tiene un impacto relevante en el flujo migratorio”, pues la mayoría de los 188 mil haitianos que residen en Chile llegaron desde 2018 reconoció que “el flujo migratorio en Chile está por sobre las capacidades de acogida que tiene nuestro país” y que hay comunas “que no han tenido los recursos para satisfacer todas las demandas de prestaciones sociales, eso es evidente”.
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