El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró su postura sobre la mina Cobre Panamá, descartando categóricamente la posibilidad de un nuevo contrato ley; sin embargo, ve viable establecer una asociación que garantice soberanía sobre el recurso.

“La única ruta que no va a existir es un contrato ley. No habrá contrato ley minero. (…) La mina es de Panamá y de los panameños, de más nadie”, aseguró.

Afirmó que el tema deberá discutirse en la Asamblea Nacional, pero advirtió que la actual legislatura no abordará el asunto.

El mandatario también reveló que el gobierno está dando los primeros pasos para auditar el proyecto y establecer contacto con las empresas involucradas.

Durante su intervención en la toma de posesión de la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias (CCIAP), mencionó también que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se encuentra en Washington participando en reuniones con organismos financieros internacionales, y se espera que dialogue con uno de los demandantes del Estado panameño en el marco de los procesos arbitrales aún activos.

“Hay que conversar. No se puede imponer nada, el riesgo es muy alto”, advirtió Mulino, al señalar que este conflicto minero tiene implicaciones económicas de gran escala, tanto para la generación de empleo como para la percepción internacional del país.

“Nuestros acreedores internacionales y las calificadoras de riesgo están observando este tema con atención”, agregó.

Destacó además que el cierre abrupto del proyecto ha afectado a miles de trabajadores y a empresarios que quedaron “guindados a la brocha” con inventarios y contratos suspendidos.

Luego de la suspensión de los arbitrajes por parte de la empresa First Quantum Minerals, el Gobierno de Panamá se prepara para dar el siguiente paso en el proceso de evaluación del proyecto minero.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó en entrevista con La Prensa que esperan realizar la auditoría para comprender no solo el impacto medioambiental del proyecto, sino también su dimensión socioeconómica, y así alcanzar una visión más amplia que permita una solución beneficiosa para el país.

Detalló que, teniendo el marco referencial, se busca el mecanismo para financiar la auditoría a través de algún organismo multilateral y proceder con la contratación de la empresa que realizará la investigación.

Sostuvo que también se busca una fórmula que permita, legalmente, disponer del concentrado de cobre que permanece en la mina.