Casi nueve meses después, el Parlamento británico empieza a sacar conclusiones respecto a qué permitió que, luego de un atentado en julio de 2024, miles de personas salieran a quemar autos y destruir cosas, convencidos de que el atacante había sido extranjero. La conclusión a la que llegan es que, de momento, las leyes británicas que restringen lo que puede decir la policía “no son aptas para la era de las redes sociales”.

Los desórdenes violentos explotaron pocas horas después de el atentado, en que un adolescente nacido en Gales, y de familia cristiana, asesinara a tres niñas el 29 de julio en Southporth. Luego de que se difundiera el rumor de que el atacante era musulmán e indocumentado, la violencia se expandió en el país, con mezquitas y comisarías como blancos de los desmanes.

Ahora, con el reporte de un comité parlamentario bipartisano, los legisladores aseguran que la falta de información desde las autoridades después del ataque “creó un vacío donde la desinformación pudo crecer”. Para el momento en que la policía pudo anunciar que el atacante era nacido en Reino Unido, el rumor ya había llegado a millones de personas.

El Comité de Asuntos Interiores del Parlamento británico publicó este lunes un informe sobre los desórdenes de julio y agosto 2024, luego de hablar con jefes de policía, funcionarios estatales y de emergencia, durante cerca de cuatro meses de audiencia.

La historia entera empieza el 29 de julio, con el ataque de Axel Rudakubana, un adolescente de entonces 17 años, nacido en Reino Unido y de una familia cristiana, originaria de Ruanda. El joven entró en un centro comunitario, en el que se realizaba un taller de yoga y danza con temática de Taylor Swift, y apuñaló a 11 niñas y dos mujeres. Al final, murieron tres de las niñas apuñaladas. Meses después, Rudakubana fue sentenciado a cadena perpetua, y durante su juicio, se concluyó que no había evidencia que mostrase una motivación política o religiosa en su ataque.

El incidente se dio a conocer por los medios de comunicación, pero no al atacante, ya que, como era menor de edad y estaba en estado de sospechoso, no se podía desvelar su identidad. Así, dos horas después del ataque, un mensaje publicado en X aseguró que se trataba de “un inmigrante musulmán”: este mensaje fue visto por casi cuatro millones de personas.

Un segundo tuit, publicado cinco horas después, insinuaba falsamente que el sospechoso era un solicitante de asilo llamado Ali al-Shakati, y que figuraba en una “lista de vigilancia del MI6”: esa publicación recibió cerca de 27 millones de visitas en X en un día. Por su parte, la Merseyside Police, la fuerza local investigando el ataque, no negó esa información hasta el mediodía del 30 de julio.

Ya habiéndose esparcido la mentira, pocas horas después, los primeros desmanes empezaron en Southport, extendiéndose por toda la isla. Muchos ataques se centraron en mezquitas y hoteles que albergaban a solicitantes de asilo. Dos edificios fueron incendiados mientras había gente en su interior, y más de 300 policías resultaron heridos durante los disturbios, según el informe.

Al respecto, el Comité indica: “Esto no fue una protesta. Quienes participaron en los disturbios no fueron vigilados con mayor rigor por sus supuestas opiniones políticas, sino porque lanzaron misiles, agredieron a agentes de policía y provocaron incendios”. La violencia duró cerca de una semana, con incendios y gente en las calles, con ataques racistas, saqueos y vandalismo generalizado.

“Durante la semana siguiente, estallaron disturbios en varias ciudades, entre ellas Londres, Hartlepool y Aldershot el 31 de julio; Sunderland el 2 de agosto; Hull, Liverpool, Blackpool y Stoke-on-Trent el 3 de agosto; Rotherham, Tamworth y Middlesbrough el 4 de agosto; y Plymouth el 5 de agosto”, detalla el informe, que en total cuenta 246 “eventos”, lo que incluye protestas, contra-protestas e incidentes de desorden. “Hasta el 22 de enero de 2025, los disturbios habían dado lugar a 1.804 arrestos y 1.072 cargos, la mayoría de los cuales eran por graves delitos contra el orden público”, indica el reporte.

Si el ataque ocurrió el 29 de julio al mediodía, ya a las dos de la tarde el primer tuit hablando de un “inmigrante musulmán” empezó a dar vueltas. El 30 de julio empezaron los primeros desmanes, y ese mismo día, la policía solo publicó en internet que “el nombre que está circulando en redes sociales es incorrecto”. Dos días después, el 1 de agosto, se publicó por fin el nombre y origen real del sospechoso, cuando ya todo el país estaba sufriendo desmanes.

Considerando eso, Karen Bradley, legisladora del Partido Conservador que preside el Comité, afirmó que “agentes de mala fe” se aprovecharon del ataque. Sin embargo, añadió que la falta de información precisa permitió la proliferación de mentiras. “Al no divulgar información al público”, declaró, “las afirmaciones falsas llenaron el vacío y proliferaron por internet, socavando aún más la confianza en la policía y las autoridades públicas”.

Asimismo, añadió que la Policía de Merseyside se encontró en una situación muy difícil debido a la prohibición legal de revelar la identidad del sospechoso, y también porque recibió consejos contradictorios de la fiscalía sobre si podía confirmar que no era musulmán. El informe del comité reconoció, de todos modos, que era imposible determinar si los desmanes podrían haberse evitado si se hubiera publicado más información.

En Reino Unido, una ley prohíbe revelar el nombre de sospechosos menores de 18 años, salvo que un juez haga una excepción. Rudakubana tenía 17 años en el momento del ataque. Otra ley, diseñada para proteger el derecho a un juicio justo, prohíbe la publicación de información que pueda influir en el jurado. Esta norma, que forma parte de la Ley de Desacato al Tribunal de 1981, se levanta una vez que el acusado es declarado culpable o inocente.

Serena Kennedy, jefa de policía de Merseyside, declaró ante aquel comité que la policía reveló la noche del 29 de julio que el atacante había nacido en Gales, pero que la desinformación ya había proliferado.

Kennedy afirmó que planeaba hacer un anuncio dos días después aclarando que Rudakubana no era musulmán y que sus padres eran cristianos. Tras notificar a la Fiscalía de la Corona, el organismo que presenta cargos penales en Inglaterra, un funcionario le indicó que la información no debía hacerse pública.”Este caso pone de manifiesto por qué debemos revisar cómo gestionamos la divulgación de información al público, asegurándonos al mismo tiempo de no afectar el juicio penal”, declaró Kennedy, añadiendo que las leyes de desacato no “consideran nuestra situación actual en cuanto al impacto de las redes sociales”.