La guerra arancelaria de Trump ha hecho que pase inadvertida una de las jornadas más ignominiosas que se recuerdan en nuestro país, la del pasado miércoles 9 de abril, que debería obligar a sus señorías a coger el petate e irse cada uno a su casa, y que es reflejo de una sociedad adormecida, si no enferma, y con nulo pensamiento crítico.

Aquel día, se supo del último informe de la UCO y de los wasaps del rescate de Air Europa que ponían en el punto de mira a Begoña Gómez y acorralaban al Gobierno.

Aquel día, en el Congreso de los Diputados, Carlos Cuerpo, un ministro templado al mando de las cosas del comer, explicaba el plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial y reconocía implícitamente que el Real Decreto anti-Trump contenía, una vez más, las exigencias de Junts. No quedaba otra. La ‘vicepresidenta’ Nogueras, que es quien realmente manda en el Ejecutivo, obligaba a ello.

A Junts le ha tocado la lotería del siete y lo está aprovechando para, mientras puedan y sus votos sean necesarios, munyir la vaca, es decir, ordeñar a España, hasta que no le quede una sola gota. Los de Puigdemont se pasaron toda la campaña del 23-J asegurando que no harían presidente a Pedro Sánchez porque les decía "nones" a sus exigencias hasta que los votos independentistas se convirtieron en necesarios y todo aquello que era "no, de ninguna forma", el Ejecutivo de Sánchez reformuló como "lo que necesitéis".

¿La amnistía? ¿Hablar catalán en el Congreso? Cesiones que hace dos años hubieran resultado impensables y que ahora son vendidas por el Gobierno —y deglutidas con ricino por los españoles— como justas y necesarias. Lo mismo que ocurrió la semana pasada con el Real Decreto-Ley de protección a las empresas contra los aranceles impuestos por Estados Unidos, un texto que tiene muchos padres y no todos reconocidos.

Josep Maria Cruset destapó el pacto entre el Gobierno y su formación, Junts, para que las ayudas anti-Trump se distribuyeran a las autonomías en función de su peso en las exportaciones a EEUU, de modo que Cataluña percibirá el 25% del total, algo más de 3.000 millones de euros. Un acuerdo que Rufián calificaba de humo, y del que renegaba Patxi López. Según el socialista, la cifra del 25% "no existe". Nadie hizo caso de Cruset, excepto Juan Bravo, del PP, que de tanto despeinarse ya sabe por dónde sopla el viento.

Tal y como denunciaron los populares, el texto finalmente publicado en el BOE introducía una disposición adicional específica que garantizaba la proporcionalidad territorial en función del peso exportador autonómico a EEUU, novedad que, por mucho sentido que tenga, que lo tiene, no se encontraba en el borrador inicial y obedecía a un único objetivo: tener contentos a los socios de Junts para evitar que les tumbaran el plan. O lo que es lo mismo: los independentistas como kit de supervivencia de Sánchez.

De igual modo, el Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros obligaba al ministro de Economía a comparecer trimestralmente ante el Congreso para informar sobre la aplicación de las medidas, el volumen de fondos movilizados y los sectores y regiones beneficiarios. Como se puede comprobar en los dos textos recogidos en este artículo, esta exigencia tampoco figuraba en el borrador previo y era resultado de las maniobras del grupo parlamentario catalán para arrimar las ascuas a su sardina.

Es la dinámica instalada desde el inicio de legislatura, desde aquel 23-J en el que un Sánchez ufano se dirigió al pueblo asegurando que "somos más", una realidad distópica que, al margen de las grandilocuencias discursivas, consiste en filetear el Estado español para mantenerse en La Moncloa.

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La cronología de los acontecimientos es la habitual y obedece a la fragilidad parlamentaria de un Gobierno que, si tuviera sentido de Estado, ya habría tomado las de Villadiego. Tal y como relató Cuerpo en su comparecencia, el Ejecutivo activó el plan de respuesta apenas 12 horas después del anuncio de aranceles, el miércoles 2 de abril a última hora de la noche. El ministro avisó a Junts, cómplice incómodo, pero necesario, de que, el martes siguiente, se aprobaría un Real Decreto con medidas anti-Trump.

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Los de Junts le llamaron al orden: si no lo vemos antes, olvidaos del tema. El ministro, sumiso y un tanto acollonit, se comprometió a pasarles el borrador el fin de semana. Mientras tanto, dicho borrador se filtró a varios medios. Una vez leído, los independentistas dieron su visto bueno a que el plan no pasase por el Congreso, pero exigieron que el texto del Consejo de Ministros incluyera los criterios de reparto por territorios, donde Cataluña salía bien parada. Cuerpo no puso objeción.

El lunes por la noche, en vísperas de la aprobación, hubo el pertinente intercambio de documentos. A última hora de ese día llegó el pacto, aunque no se concretó hasta la mañana siguiente, poco antes del Consejo de Ministros, cuando los de Junts confirmaron que no había escondido uno de esos tocomochos que tanto gustan en Moncloa.

En las horas siguientes, la mayoría de los grupos parlamentarios (excepto Junts y PP, por razones distintas) puso en duda que los independentistas catalanes hubieran dejado trazas de su ADN en la confección del Real Decreto. Rufián y López como ejemplos. Hubo más.

El miércoles 9 de abril, los de Junts conversaron con Cuerpo y le dieron un ultimátum: si los suyos seguían diciendo que mienten, mejor que se buscaran los votos en otro lado. Durante su comparecencia, en la réplica a Cruset, el ministro no tuvo otra que reconocer que, territorialmente, existía una afectación asimétrica o heterogénea de los aranceles, dejando claro que Cataluña era la comunidad autónoma con mayor exposición. Si quedaba alguna duda, bastaba con pasar el turnitin al borrador y al texto finalmente publicado en el BOE.

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Como confirmación de que es este un Ejecutivo que sobrevive más que gobierna, capaz de poner el país en almoneda para mantenerse unos meses en el poder, horas después del trágala parlamentario, se hacía público el último informe de la UCO sobre la trama Koldo. Dicho informe dejaba en evidencia a Moncloa y a todos aquellos voceros seducidos a golpe de prebendas que negaban la mayor, voceros que se han afanado durante el último año en hacer de menos las informaciones sin más argumento que el oficial y porque le viene bien al Ejecutivo y, ya de paso, a su bolsillo, que no nos vamos a ver en otra como en esta.

Según la UCO, todo lo que parecía, lo es, se materializa y confirma. Los wasaps hallados en la investigación de la trama Koldo apuntan, como piezas de un puzle que encajan, hacia la mujer de Pedro Sánchez, que aparentemente medió para que el Gobierno de su marido rescatara a Air Europa en noviembre de 2020 con 475 millones de euros públicos. Sánchez no se abstuvo en el Consejo de Ministros que dio el nihil obstat al rescate.

Las comunicaciones que maneja la Guardia Civil revelan que la aerolínea abonó también una "contraprestación económica" al entonces ministro de Transportes por haber favorecido sus intereses. Sin olvidar la agencia de colocación montada en torno a dicho Ministerio.

En otro país, en otro momento, estas noticias, aisladas, o en su conjunto, hubieran hecho caer un Gobierno. De hecho, si el presidente fuera del PP, ya estaríamos en campaña para las generales, pero nos encontramos en España, en medio de una guerra comercial mundial y con un presidente de moral algo más que laxa que no entiende de escrúpulos.