Panamanian President José Raúl Mulino announced plans to reopen the Cobre Panamá mine, the largest open-pit mine in Central America, despite a court-ordered moratorium and opposition from environmental groups. The mine, owned by First Quantum Minerals, was shut down in November 2023 after the Supreme Court declared its concession contract unconstitutional.
Mulino aims to reopen the mine to bolster Panama's economy, stating it will be operated by Panama itself, rather than through a new contract. However, this faces legal hurdles, including a Congressional moratorium on metallic mining enacted in November 2023 following protests against the mine's environmental impact. Environmental groups have threatened further protests.
The announcement follows First Quantum Minerals' suspension of international arbitration seeking $20 billion in compensation for the mine's closure. Both the government and the company have indicated willingness to negotiate a potential resumption of operations. Mulino ruled out a new concession contract, leaving the exact method for reopening the mine unclear.
The Cobre Panamá mine, operational since 2019, produced about 300,000 tons of copper concentrate annually, representing 75% of Panama's exports and 5% of its GDP, and directly and indirectly employed around 37,000 workers.
Ciudad de Panamá, Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó este jueves que inició contactos para reabrir la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, pese a una moratoria minera vigente dispuesta por la justicia y a la oposición de ambientalistas.
El yacimiento de cobre, de la filial local de la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), fue clausurado en noviembre de 2023 cuando la Corte Suprema panameña declaró “inconstitucional” el contrato de concesión, en medio de protestas contra el emprendimiento que semiparalizaron el país.
Para potenciar la economía panameña, Mulino pretende reabrir la mina Cobre Panamá situada cerca de la costa del Caribe, aunque no ha dado detalles de que hará para superar los obstáculos legales. Los detractores y colectivos ambientalistas señalan que su actividad es altamente contaminante.
“Se ha comenzado a establecer los contactos necesarios, esa mina es de Panamá (...) y Panamá la explotará” apelando a “un operador que se encargue de lo técnico”, señaló Mulino en su conferencia de prensa semanal.
“Va a ser una operación de Panamá, no un contrato con más nadie”, agregó el mandatario, quien remarcó que la reapertura se hará “con prudencia”, “dentro de la ley” y “en función de un beneficio económico que además se necesita a gritos”.
En Panamá rige una moratoria para la explotación de la minería metálica aprobada por el Congreso el 3 de noviembre de 2023, ante las protestas en las calles para cerrar la mina .
Las organizaciones ambientalistas que convocaron a esas manifestaciones están contra la reapertura y amenazaron con volver a las calles, tras acusar al mandatario de ponerse de lado de la empresa.
Mulino hizo sus declaraciones después de que la compañía canadiense suspendió los arbitrajes internacionales por los cuales buscaba 20.000 millones de dólares en compensación por el cierre de la mina.
En las últimas semanas tanto el gobierno como la empresa expresaron su disposición a negociar una posible reanudación de operaciones.
Mulino descartó firmar un nuevo contrato de concesión, pues difícilmente lograría el aval del Congreso. Sin embargo, no detalló que vía empleará para reabrir el yacimiento y acabar con la moratoria.
La mina, que inició operaciones en 2019, producía unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representaban el 75% de las exportaciones y el 5% del PIB de Panamá. Además, empleaba a unos 37.000 trabajadores de manera directa e indirecta.
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