La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, ha asegurado este lunes que ofreció la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la Generalitat Valenciana ocho horas antes de que el Gobierno de Carlos Mazón enviara la alerta masiva a móviles para informar a la población de la magnitud de la dana que dejó 228 muertos el pasado octubre. En su declaración como testigo en el juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye las pesquisas de la riada, Bernabé ha explicado que se puso en contacto con la entonces consejera de Justicia e Interior del Gobierno de Carlos Mazón, la hoy imputada Salomé Pradas, a las 12.23 horas del día de la catástrofe, para ofrecerle el dispositivo militar, según fuentes presentes en su declaración. El Ejecutivo valenciano remitió el SMS masivo a los teléfonos a las 20.11 horas, cuando ya había decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.

La reunión del Cecopi

Bernabé ha explicado que, en un momento de la reunión del Cecopi -el dispositivo de emergencias de la Generalitat que se reunió la tarde de la dana- fue informada por la alcaldesa del municipio valenciano de Paiporta (Valencia) de que había vecinos ahogándose. Y que, al arrancar este encuentro de emergencias, la dirección del dispositivo le indicó que los rescates estaban siendo muy complicados en Utiel y la UME tenía problemas para entrar en esta población. “Antes de las 18.00 horas, la consejera [Pradas] nos advirtió de que iban a parar, que iban a pensar qué iban a hacer y que, cuando tomaran una decisión, nos avisarían”, ha declarado. “Nos pidieron que apagáramos las cámaras y los micrófonos”, en alusión a la reunión por Zoom de los 29 participantes en la reunión del Cecopi.

La delegada ha contado que participó en el encuentro de emergencias de forma telemática -donde la conexión se interrumpió en varias ocasiones- y pidió que el SMS masivo a los teléfonos no se enviara solo por el riesgo de rotura de la presa de Forata. “Pradas dijo que eso estaba pasando en otras partes”, ha indicado. Bernabé reclamó que la alerta se hiciera extensiva a toda la provincia de Valencia.

Las llamadas a la Generalitat

Bernabé ha explicado que el president se comunicó con ella durante la aciaga jornada a través de WhatsApp mediante un número que no era el suyo. “[Mazón] tenía problemas con su teléfono”, ha explicado la delegada, que ha acudido el listado de llamadas que registró su móvil el 29-0. La dirigente llamó a Pradas a las 12.33 horas. “Fue una llamada de cinco minutos, en la que le expliqué que había hablado con los alcaldes y me puse a su disposición”. “Atendió mi llamada, me dijo que tomaba nota y que seguíamos en contacto”. “En unas manifestaciones en televisión [Pradas] llegó a decir que no le había ofrecido a la UME”.

Tras contactar con los alcaldes de Utiel y Requena, Bernabé volvió a llamar de nuevo a Pradas. Fue a las 14.06 horas. A las 14.53 horas me llama Pradas y me pide oficialmente la UME”. “A partir de ese momento fue todo muy angustioso. Todas las llamadas que mantuve con el alcalde de Utiel eran de desesperación, de mucha preocupación”, ha indicado Bernabé, que estuvo en la sede de la delegación del Gobierno durante la aciaga jornada.

La delegada ha explicado que, el día de la dana, anuló un viaje a Córdoba tras conocer que se había decretado la alerta roja meteorológica. Convocó a su equipo, en una reunión que arrancó a las 9.30 horas de la aciaga jornada y contacto con organismos como la Guardia Civil, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y la UME. “Quería que me explicaran qué había ocurrido durante la noche”, ha añadido. Bernabé ha relatado que preguntó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, por los riesgos de la jornada y llamó durante la mañana del 29 de octubre a los alcaldes de los municipios de la comarca de La Ribera.

La delegada del Ejecutivo ha declarado que pensaba que el texto que la Generalitat envió a los móviles para advertir del peligro de las lluvias torrenciales incluía una mención a los vecinos a subir a las primeras plantas y eludir los bajos. La instructora ya ha afirmado que la controvertida misiva llegó tarde, fue confusa y, de haberse ejecutado de manera correcta, habría salvado vidas.

La delegada del Gobierno se encentra declarando como testigo desde las 9.45 horas. ante la jueza que instruye penalmente las pesquisas de la gota fría, Nuria Ruiz Tobarra. A diferencia del pasado viernes, cuando acudieron a declarar como investigados los dos exaltos cargos del Ejecutivo de Carlos Mazón —la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas y quien fuera su segundo, el exdirector de Emergencias Emilio Argüeso— Bernabé no ha sido increpada a la entrada del acristalado enjambre de oficinas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Decenas de familiares de víctimas recibieron entonces a los dos exdirigentes al grito de “¡Mazón, dimisión!” o “¡Mazón, putero!”.

Bernabé, que como testigo debe decir la verdad y responder a todas las partes, ha indicado antes de entrar en el juzgado que no eludirá ninguna de las preguntas. Podrán formularle cuestiones las decenas de acusaciones particulares personadas (la mayoría son familiares de víctimas mortales), las populares —que ejercen partidos como Podemos, Vox, Ciudadanos o el PSOE—, el fiscal y los abogados de los exaltos cargos de Mazón imputados en las pesquisas,

Desde que arrancó la instrucción judicial, hace cinco meses, Bernabé se ha convertido en la diana de las organizaciones de extrema derecha, como Hazte Oír, que han recurrido a su figura para tratar de sostener la tesis de la responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la monumental inundación. Un argumento que ya descartó la instructora, al insistir en la “competencia autonómica” de la tragedia, y el ministerio público, que desestimó el recurso de esta organización ultra.

La Fiscalía estimó entonces que Bernabé no cometió ninguna irregularidad al no instar al Ministerio del Interior a la declaración del estado de emergencia tras la gota fría. “Tal argumento es absurdo. Es como si, ante un accidente de tráfico con lesiones y muertes, varios conductores deniegan el socorro de las víctimas, y se formaliza una querella contra uno de los conductores”, justificó entonces el ministerio público en un escrito.

La declaración como testigo de Bernabé se desarrolla dos días después de que los dos exdirigentes del Ejecutivo de Mazón investigados declararan ante la magistrada. Pradas y Argüeso esgrimieron tesis exculpatorias calcadas para justificar su trabajo en la tragedia, descargaron su responsabilidad en los técnicos y protegieron de forma explícita a quien les catapultó a la primera línea de la política valenciana, Carlos Mazón. Las pesquisas instruyen los presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes, que están castigados con entre cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, del PP, también declarará hoy como testigo ante la magistrada Tobarra.