En su aparición de ayer, más elaborada que las dos comparecencias espectrales del día anterior, Pedro Sánchez repitió varias veces (y ya sabemos que cuando hace eso estamos ante una consigna de laboratorio) la necesidad de investigar las responsabilidades de "los operadores privados" en el colapso eléctrico. Huele a la repetición del eterno plan populista destinado a transferir las culpas y, de paso, sembrar la semilla de un combate posicional: Gobierno versus empresarios, el honrado pueblo versus los ricos perversos. Tres cuestiones surgen inmediatamente:

a) El suministro y gestión de la electricidad en España es, obviamente, una responsabilidad pública. La Ley del Sector Eléctrico afirma taxativamente que "corresponde al Gobierno y a las Administraciones Públicas la regulación y el control de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica".

b) Conviene saber a quién señala el presidente cuando menciona a "los "operadores privados". Hay que aclarar que el Gobierno, a través de la SEPI, es el mayor accionista de Red Eléctrica; que controla férreamente su consejo de administración y que Sánchez designó a dedo a su actual presidenta, Beatriz Corredor, exministra de Zapatero y de estricta obediencia sanchista. No se mueve un papel en esa empresa instrumental (cuyos administradores reciben retribuciones generosísimas) sin consentimiento del Gobierno.

c) Ya que el presidente se muestra tan interesado en investigar hasta el fondo a los presuntos "operadores privados" (que sólo lo son nominalmente), ¿qué tal si incluyera en su indagación a los operadores públicos, por ejemplo al propio Gobierno? ¿Y por qué esa obsesión de limitar la investigación a los famosos cinco segundos en que la electricidad en España se fue al garete? Podría resultar que ese colapso de cinco segundos fuera el producto fatal de mucho tiempo de gestión descuidada, cuyos posibles efectos adversos fueron advertidos por los expertos en las ocasiones anteriores en que estuvimos al borde de un síncope eléctrico. Lo que no impidió al Gobierno y a Red Eléctrica afirmar hace un año que un apagón como este era imposible en España y quienes alertaban del riesgo unos agoreros catastrofistas. Se quedaron con las ganas de llamarlos fascistas. Pero esos agoreros que detectaron el peligro hoy apuntan a un tratamiento sostenidamente negligente del mix energético sobre el que se sostiene el país.

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Parece razonable que el Gobierno no descarte ninguna hipótesis, siempre que no se trate de ganar tiempo y lanzar nubes de humo. Para evitar ese peligro, que no descarte tampoco la hipótesis de su propia responsabilidad. Pero me temo que a Beatriz Corredor se le está poniendo cara de ser la próxima víctima sacrificial de Sánchez en su perpetua fuga hacia delante.

Entre las explicaciones posibles del desastre, la más alarmante objetivamente sería la de un ciberataque contra España perpetrado por una potencia extranjera. Sin embargo, Sánchez busca visiblemente algo que le permita aferrarse a ella. En su primera intervención tras cinco horas y media de silencio, se permitió hablar de una "oscilación en el sistema eléctrico europeo", un presunto episodio de guerra híbrida geoestratégica que habría afectado más a España por un infortunio del destino. Y en su discurso más trabajado golpeó ese clavo con contumacia delatora.

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Comprendo que la tesis exógena resulta más lucida que la endógena para salir de este trance, pero obcecarse contra toda evidencia en ese terreno resbaladizo puede conducirlo, salvando las diferencias, a hacer un Aznar-2004, con un coste político equivalente.

Hace ahora 40 años se creó en la Moncloa una unidad de previsión y gestión centralizada de posibles situaciones de crisis de todo tipo. Su misión principal era -y es- imaginar posibles situaciones críticas de todo tipo, sugerir medidas preventivas y elaborar protocolos de reacción inmediata, incluyendo siempre los escenarios más pesimistas.

El objetivo es que, al presentarse la crisis, el presidente (o quien haya de estar al mando en cada caso) disponga inmediatamente de una carpeta con las primeras decisiones y los pasos exactos a dar, convenientemente ordenados. Me consta que esa unidad, como todo el aparato político y burocrático que rodea al presidente Sánchez, ha crecido desaforadamente hasta alcanzar un gigantismo ornamental no compatible con la eficiencia.

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Los dos mayores enemigos de la gestión eficaz de las crisis son la improvisación y el desorden, y este Gobierno se ha hartado de exhibir ambas cosas en cuantas ocasiones se le han presentado o él mismo ha provocado, que no han sido pocas.

Da igual que se trate de una pandemia, una oleada migratoria, una nevada feroz que colapse la capital de España, un conflicto diplomático sobrevenido con un país hermano, una sacudida de los mercados financieros, un disturbio callejero violento como respuesta a una sentencia judicial, un choque institucional más o menos buscado o una inundación catastrófica en una zona proclive a las inundaciones catastróficas. En todos esos casos, la pauta de reacción de este Gobierno ha sido siempre igual: primero, la sorpresa. Después, la negación. A continuación, el intento de eludir o transferir la responsabilidad. Con frecuencia, la polarización partidaria en la que la búsqueda de culpables alternativos prevalece sobre la de soluciones efectivas. Y siempre, la improvisación en las decisiones, el caos y los codazos en las actuaciones y la confusión más o menos embustera en las declaraciones.

La historia registrará que no existió en el período sanchista una crisis de cualquier naturaleza de la que el público saliera con más o menos magulladuras, pero con la confianza en sus gobernantes acrecentada. La maléfica gestión de este apagón ha confirmado la regla.

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Creo que esa falla esencial se debe más al código genético de este Gobierno que a criterios de desorden político-administrativo o a la ausencia de prácticas de buen gobierno (sin desmerecer el peso de estas). Este es un Gobierno diseñado para el combate más que para la cooperación; más para promover la división que la cohesión; vocacionalmente centrífugo y no centrípeto; y desde luego, más adiestrado en las artes de la conspiración que en las de la gestión. Con esos materiales de origen se puede triunfar en el campo de batalla de la política partidista, pero el fracaso está asegurado en lo que requiera grandeza, liderazgo o longitud de visión.

El lunes 28 de abril los españoles pasamos miedo. Ese miedo que es social y políticamente transversal, que afecta a los de ambos lados de la trinchera ideológica y se te queda adherido pringosamente a la memoria durante mucho tiempo. Aquí no puede confiarse en la amnesia de la sociedad. Cuidado con su tratamiento político, porque un patinazo puede tener efectos letales. El día del apagón pesará en las próximas elecciones más de lo que hoy imaginamos.

Sánchez, que actúa cada vez más con la desesperación de aquel a quien le queda poco que perder y mucho que ganar, se ha adentrado en un terreno peligroso: la tesis del ciberataque -si es que persiste en ella y finalmente el veredicto social es de estafa- podría ser su tumba política. Feijóo tiene propensión a no llegar o pasarse: en mi opinión, debe mejorar su técnica en el juego de las siete y media.

En su aparición de ayer, más elaborada que las dos comparecencias espectrales del día anterior, Pedro Sánchez repitió varias veces (y ya sabemos que cuando hace eso estamos ante una consigna de laboratorio) la necesidad de investigar las responsabilidades de "los operadores privados" en el colapso eléctrico. Huele a la repetición del eterno plan populista destinado a transferir las culpas y, de paso, sembrar la semilla de un combate posicional: Gobierno versus empresarios, el honrado pueblo versus los ricos perversos. Tres cuestiones surgen inmediatamente: