El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una inyección de 1.300 millones de euros en 10 años para el nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de vivienda. Lo ha hecho durante la clausura del acto que lleva el título Hacia una construcción industrializada, en Ifema Madrid, y que ha contado con la presencia de la ministra de esa cartera, Isabel Rodríquez. El objetivo, ha insistido el mandatario, es “construir más y mejores viviendas, hacerlo de forma más rápida y que los precios sean más asequibles”.

Se prevé que el programa, financiado con fondos europeos, permita construir una media de 15.000 casas industrializadas ―construidas en fábricas o entornos industriales― anualmente hasta alcanzar las 20.000 unidades en 10 años. La sede del programa se situará en la zona de actividades logísticas del Puerto de Valencia, en suelo titularidad de Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda), un gesto con el que el Gobierno quiere mostrar su compromiso con la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana del pasado octubre.

“Necesitamos transformar la forma de construir para mejorar nuestra forma de vivir, porque la dimensión del desafío lo exige. Acceder hoy a una vivienda digna en condiciones asequibles es un sueño imposible para millones de personas. Lo es en España y también en la Unión Europea. Por eso tenemos que actuar con decisión en todos los poderes públicos”, ha señalado el presidente del Ejecutivo.

El PERTE está articulado en torno a tres grandes objetivos: aumentar la capacidad productiva, mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la construcción y aumentar el número de jóvenes y mujeres en el sector. En el primer caso, el compromiso del gobierno es apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que apuesten por la industrialización, financiando el desarrollo de sus proyectos a fin de alcanzar las 15.000 viviendas anuales. En segundo lugar, se prevé que los nuevos métodos de construcción acorten los plazos de ejecución entre un 20% y un 60% y las casas se adapten para resistir los embates del cambio climático. En tercer lugar, se aumentará el porcentaje de trabajadoras, que a día de hoy apenas suponen el 11% de la plantilla, según las cifras oficiales.

El anuncio llega en un momento clave para el sector inmobiliario, en plena búsqueda de soluciones ante la escalada de precios y la falta de oferta asequible. Con este plan, el Gobierno busca impulsar una reconversión del modelo constructivo español, apostando por la edificación modular como vía para levantar viviendas de forma más rápida y asequibles. En ese sentido, Sánchez ha incidido en la urgencia de perfeccionar el modelo productivo y reformar la Ley del Suelo, que sigue bloqueada en el Congreso.

El mandatario ha aprovechado la oportunidad para reivindicar el cambio en la normativa, cuyo objetivo principal es reformar el artículo 55 para evitar la ralentización en la ejecución de aquellos proyectos sobre los que recaigan denuncias por defectos menores y subsanables en su planificación urbanística. Sánchez ha insistido en que “es una demanda de muchos colectivos y cuenta con el respaldo del sector y de las comunidades autónomas, incluso de aquellas que son gobernadas por el principal partido de la oposición. Por eso hago un llamamiento a las Cortes Generales para dar ese impulso a la contención del precio del suelo y dar seguridad jurídica al sector”.

La iniciativa se ha dado a conocer en la feria Rebuild, un evento centrado en la edificación que reúne esta semana en Ifema Madrid a promotores, arquitectos, tecnológicas y administraciones públicas. Este escaparate sectorial ha servido al Ejecutivo para dar los primeros detalles de un PERTE que forma parte de las 12 medidas en materia de vivienda que anunció en enero para afrontar la emergencia habitacional. El contexto no puede ser más exigente: según el Banco de España, el país arrastra un déficit acumulado de alrededor de 600.000 viviendas entre 2022 y 2025. La combinación de una demanda creciente y una oferta que no logra acompasarse ha provocado un alza sostenida de los precios y una emergencia social que el gobierno aspira a corregir.

La ministra de Vivienda ha querido destacar al respecto que el país vive una “reactivación real del sector”, pues en 2024 se construyeron por primera vez desde 2020 más viviendas que hogares constituidos. En total, fueron 127.000 residencias nuevas visadas, frente a 111.000 hogares creados en el mismo periodo. “Nos acercamos al objetivo para converger con la media europea y hay una base sólida para seguir avanzando”, ha incidido Rodríguez.

Por su parte, el presidente de Rebuild y consejero delegado de la promotora inmobiliaria Aedas Homes, David Martínez, ha respaldado el PERTE, insistiendo en que el objetivo anual de edificación es “alcanzable”. “Es la línea adecuada. El sector necesita transformar su modelo de construcción para poder incrementar su producción y poder fabricar las viviendas que necesita el país”.