El contrato de compra de balas a Israel por más de 6 millones de euros que Fernando Grande Marlaska decidió mantener estaba poniendo en riesgo la coalición y la propia imagen del presidente, Pedro Sánchez, que ha reivindicado siempre su posición como uno de los líderes del mundo más cercano a los palestinos y más duro con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, y la única solución viable políticamente era obligar al ministerio del Interior a dar marcha atrás y buscar alguna fórmula jurídica para anular el contrato sin que suponga un gran coste económico. Así que el presidente ha ordenado resolver la situación, según fuentes del Ejecutivo, y dando de nuevo marcha atrás, aunque aún se están cerrando los detalles técnicos.

La tensión fue máxima durante este miércoles. Nadie parecía informado al máximo nivel de la decisión de Marlaska. Ni lo sabía Sumar, que era el principal afectado políticamente, porque ya vive una tensión muy fuerte por el aumento del gasto en defensa que decidió el Consejo de Ministros el martes, ni lo sabía aparentemente la cúpula de La Moncloa, que mantuvo silencio durante las primeras horas en una muestra evidente de malestar con una polémica que no esperaba después de cuidar con esmero el anuncio que hizo el propio presidente el martes de los 10.600 millones de euros que se moverán del Presupuesto para alcanzar el 2% del PIB del gasto en defensa este mismo año.

La noticia, adelantada por la Cadena SER, de que Interior había aprovechado la Semana Santa, de tapadillo, para intentar colar disimuladamente un contrato de compra de balas a una empresa israelí, después de prometer que lo anularía, sentó muy mal en La Moncloa y desató la indignación en Sumar y en IU, que precisamente ya estaba apuntando la posibilidad de salir del Gobierno por el aumento del gasto en defensa. Marlaska y su equipo habían diseñado una maniobra para que el contrato no saliera a la luz, y lo hizo de manera estruendosa, en el peor momento político. Así que La Moncloa se puso a evaluar la situación, con conversaciones permanentes con su socio de Gobierno, y finalmente Pedro Sánchez dio la orden este jueves de que Interior dé marcha atrás y busque la fórmula jurídica para anular el contrato.

Interior alegaba cuestiones económicas para mantenerlo. En un comunicado, el ministerio señaló el miércoles que “tras estudiar todas las posibilidades de anulación, el ministerio ha decidido atender la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato”. “La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados”, añadía.

Pero Sánchez ha decidido que hay algo más importante que eso en este momento, y es el coste político de mantener un contrato millonario de armamento con una empresa israelí que está trabajando activamente en los ataques diarios a Gaza que han dejado 60.000 muertos y que han llevado al Gobierno español a sumarse a una denuncia contra Netanyahu en el Tribunal de La Haya por crímenes contra la humanidad.

La contradicción es tan evidente que era insostenible, o al menos así lo creían en La Moncloa y en Sumar, con Yolanda Díaz muy pendiente en todo momento de resolver el problema y en conversación con Sánchez. El interlocutor habitual de este tipo de crisis dentro de la coalición es Félix Bolaños, ministro de Justicia, que es quien se encarga de resolver los problemas en nombre del presidente.

La Moncloa llegó a la conclusión de que no solo por salvar la coalición y quitarle presión interna a Díaz, sino sobre todo por coherencia política había que dar marcha atrás por segunda vez: primero se dio para cerrar el contrato y ahora para deshacerlo, aunque aún está por ver cómo. Era insostenible, concluyeron al máximo nivel en el Ejecutivo, mantenerse internacionalmente como el adalid de la causa de los dos estados -Israel y Palestina-, como uno de los pocos países europeos que ha reconocido a Palestina, como el gran azote europeo de Netanyahu, y a la vez comprarle munición a empresas de armamento israelíes con gran protagonismo en la destrucción total de Gaza.

Al contrario de lo que pasó con este contrato de armamento, que se cerró sin que Sumar lo supiera, sin una negociación interna en el Gobierno, el aumento del gasto en defensa sí vino precedido por conversaciones con Sumar, en las que, como otras veces con este asunto delicado, se pactaron las diferencias. La fórmula fue la de otras veces: la vicepresidencia de Díaz introdujo observaciones que mantuvo vivas en el Consejo de Ministros, de manera que políticamente ellos aseguran que no asumen la decisión. No hay votación en el Consejo de Ministros, pero esta es la fórmula para dejar por escrito una discrepancia interna. Aún así, Izquierda Unida no estaba satisfecha y quería más dureza. Cuando llegó la noticia del contrato de munición ya se desató una tormenta incontrolable, que con esta decisión de dar marcha atrás de La Moncloa se intentará aplacar, aunque aún queda mucho trabajo político por hacer para intentar reconducir la coalición en un momento muy delicado.