Vuelta de tuerca a la crisis de la emblemática compañía gallega Sargadelos. Menos de una semana después del cierre de su planta de producción principal en Cervo (Lugo), la empresa ha alcanzado un acuerdo con la Xunta de Galicia para "reiniciar" la actividad productiva en esa factoría "a la mayor brevedad posible".

El acuerdo es resultado de una reunión entre el propietario de la empresa, Segismundo García, y responsables de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración del Gobierno gallego en la que el empresario reiteró al responsable autonómico de esta cartera, José González Vázquez, su "sensación de hartazgo" por las "múltiples inspecciones a las que está sometido el empresariado".

Ese cansancio fue, de hecho, el motivo principal por el que Segismundo García decidió el cierre. El desencadenante fue una inspección en la empresa que detectó 36 deficiencias, la mayoría vinculadas con la salud de los trabajadores, como la posible exposición a sílice cristalina.

Tal y como ha confirmado la empresa, existe un "compromiso" de la Xunta y de la empresa para realizar un estudio de las posibles mejoras en la protección de los trabajadores.

El dueño de la emblemática compañía de cerámica envió en los últimos días dos duras cartas a la Inspección de Trabajo cuestionando su presión sobre la actividad de la empresa tras esa inspección y ahora señala que ha recibido un escrito aclaratorio fechado el 4 de abril pasado indicando que los niveles de exposición de los trabajadores "están dentro de los límites legales y las deficiencias advertidas no suponen riesgo inminente para los trabajadores".

La factoría que permanece cerrada tiene entre 80 y 90 trabajadores y es tan solo una de las dos de la compañía, pues permanece abierta otra en la localidad coruñesa de Sada. Esta es la principal por ser el centro neurálgico de la empresa. Lleva fabricando porcelana más de 200 años y está declarada Bien de Interés Cultural.

En la inspección que detectó estas 36 deficiencias se daba un plazo de tres meses para subsanarlas y Segismundo García optó por el cierre ante la "imposibilidad de resolver en plazo las deficiencias y faltas que esa eficacísima Inspección ha detectado", pues la declaración de BIC de las instalaciones exigen un plus de trámites administrativos que ya saben que "por pasadas experiencias, demora entre seis meses y un año (con suerte)". Le resulta, por lo tanto, "imposible cumplir sus plazos".

Ahora, tras este acuerdo, el departamento autonómico de Trabajo reconoce que, "teniendo en cuenta las especiales características del edificio, pueden flexibilizarse", en su caso, los plazos señalados, según consta en el comunicado emitido por la empresa.

El gobierno gallego ofrece a Sargadelos la "plena colaboración y sensibilidad" para implantar las mejoras precisas para la protección de la salud de los trabajadores y también pone sobre la mesa un apoyo extra. "Si como consecuencia de ello fuera necesario asumir nuevas obras de adecuación de las instalaciones, la Xunta se compromete a apoyar su realización", señala el dueño de Sargadelos.

Lo hace, según explica, "teniendo en cuenta la especial singularidad de las instalaciones, calificadas como Bien de Interés Cultural (BIC)".