En una rueda de prensa en Vitoria, Sare ha recordado que en 2026 se cumplirán 15 años del cese de la actividad terrorista por parte de ETA, y que «aún son muchos y muchas las presas vascas que ven obstaculizado el camino de vuelta a casa a causa de las leyes de excepción». La protesta llevará el nombre 'Puzzlea osatu arte' (hasta completar el puzzle). Desde Lesaka a Pamplona, «pediremos que se coloquen las piezas que aún nos faltan para completar el puzzle», añaden.

Sare señala que la política penitenciaria «permite a todos los presos y presas cumplir los últimos años de condena en régimen abierto, pero una política de excepción obstaculiza esta vía». En su opinión, si a estos reos se les aplicara la ley ordinaria, «el 100% cumpliría los requisitos necesarios para cumplir condena en régimen abierto, en la calle».

«La lógica de la resolución de las consecuencias del conflicto que hemos vivido en este país, junto con la verdad y el reconocimiento que merecen y necesitan las víctimas de las diferentes violencias requiere que se acabe con la cuestión de los presos y presas vascas», defienden desde la plataforma de apoyo a los internos de la banda.

Terceros grados

La mayoría de los reclusos de ETA ha logrado la semilibertad gracias a terceros grados. Covite, la principal asociación vasca de víctimas, lleva años soeteniendo que se trata de progresiones «fraudulentas» ya que, a su juicio, «no están arrepentidos». El pasado jueves, el Gobierno vasco aceptó la progresión de Juan Jesús Narváez Goñi e Iñigo Vallejo Franco y con ellos son ya 18 los reclusos de la banda que han alcanzado la semilibertad desde la llegada a la Consejería de Justicia y Derechos Humanos de la socialista María Jesús San José. «Siguen vinculados a la izquierda abertzale y, por tanto, no arrepentidos», denunció Covite.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez explicó que sólo uno de esos 18 reclusos -se refiere a Iván Apaolaza- está desvinculado del entorno radical. «Todos están en las listas oficiales de la asociación de familiares de presos de ETA vinculada a la izquierda abertzale, Etxerat, en las que son tratados como presos políticos y eso es un indicativo inequívoco de su falta de desvinculación de sus estructuras de control». En su opinión, «sólo uno cumple con el requisito fundamental exigido por la Ley para poder acceder al tercer grado, que es el arrepentimiento».

Las 18 progresiones en este último mandato «se suman a los casi 60 que concedió el PNV en tres años y a los recortes de penas por la convalidación de las condenas cumplidas en Francia», algo que desembocará, en opinión de Ordóñez, «en que se van a vaciar las cárceles de presos de ETA en muy poco tiempo, tal y como quiere EH Bildu».