Las primeras multas del reglamento de mercados digitales se han conocido estando la máxima responsable de la decisión, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en México. Desde allí, explica que ha querido que sea así para dar imagen de normalidad. “Esta semana estaba programado el viaje y no tenía sentido retrasar decisiones que estaban listas y se pueden tomar con total naturalidad”, desgrana desde el otro lado del Atlántico en una conversación telefónica con EL PAÍS.

El argumento de Ribera busca subrayar la respuesta de la Comisión cuando se le cuestiona si la aplicación de los reglamentos digitales, tanto el de mercados (DMA, por sus siglas en inglés) como el de servicios (DSA), están sobre la mesa de negociación en la guerra comercial con Estados Unidos: “Obviamente, no”. Las multas de este miércoles a Apple, 500 millones de euros, y a Meta, 200 millones, más las órdenes para cambiar aspectos concretos de su modelo de negocio, buscan aplicar las normas comunitarias a las empresas que operan en el mercado único, defiende.

“Claramente es algo que está dando mucho morbo, pero la respuesta es, obviamente, no. Nosotros estamos obligados por la ley y esa ley es la europea”. Pero la ley puede interpretarse con más o menos rigor. Ribera corta rápido al interlocutor: “Claro, y esto está interpretado y motivado, y explicado cómo se han decidido las cuantías de las multas de forma proporcional al tiempo, a la afección, al incumplimiento y a las correcciones [que se imponen] para garantizar el cumplimiento de la ley. No se trata de imponer multas por imponer multas”. “Ha habido muy cuantiosas en el pasado que desgraciadamente no llevaron a un cambio de comportamiento por parte de estos actores”, prosigue Ribera, “multas que se aplicaron con instrumentos tradicionales [del derecho de la Competencia]. Por eso se llegó a la conclusión de que era imprescindible establecer en una ley las obligaciones ex-ante. El DMA tiene su origen en la poca eficacia que tuvieron sanciones muy importantes para cambiar el comportamiento de estos actores”.

La máxima responsable de Competencia sale así al paso de una interpretación extendida en Bruselas: estas multas son bajas, sobre todo cuando se comparan con otras sanciones previas al sector digital –sobre Google se llegó a imponer una de 4.340 millones–, para no molestar al presidente Donald Trump y entorpecer las negociaciones comerciales. “Es una norma nueva [entró en vigor de forma escalonada entre 2022 y 2023], con lo que el tiempo que se emplea para definir el comportamiento que merece sanción en ningún caso supera un año, por tanto no es algo que haya ocurrido. Además, se trata de una de las primeras aplicaciones y, por tanto, hay que aplicar el principio de proporcionalidad, no solo con el poco tiempo de ejecución y de exigibilidad de esas obligaciones, también con sus primeros desarrollos. Tercero, las dos compañías han trabajado, yo diría desde el primer día [para buscar soluciones]. Meta se tomó en serio la necesidad de cumplir con las normas europeas y ha hecho mejoras. Lo que ha supuesto es que hemos cerrado algunos casos de los procedimientos de infracción que estaban abiertos”.

Y pese a esto, Meta ha tenido una reacción muy dura contra Bruselas con un tono más político que empresarial: “La Comisión está intentando perjudicar a empresas estadounidenses exitosas mientras permite que firmas chinas y europeas operen con otros estándares. No se trata solo de la multa; la Comisión, al obligarnos a cambiar nuestro modelo de negocio, impone un arancel multimillonario a Meta…”. El lenguaje que emplea la firma de Mark Zuckerberg busca, descaradamente, alinearse con el empleado por destacados miembros la Administración Trump.

“Diría que es una reacción un poco pueril”, exclama Ribera al conocer este comunicado. “No he visto una reacción parecida cuando los tribunales de Estados Unidos o cuando la Administración norteamericana han tomado decisiones mucho más duras, incluso decisiones que, sin estar directamente relacionadas con estas compañías, han supuesto una pérdida de valor en bolsa multimillonaria en las últimas semanas. O sea que me parece que es una reacción un poco pueril, supongo que buscando otro tipo de reacción”, señala.

La respuesta lleva dos cargas de profundidad: una contra la propia empresa, Meta, y otra contra los aranceles masivos. Insiste en lo de la reacción “pueril”. “Infantil”, añadirá después. Pero pronto vuelve al argumentario bruselense: “La regulación europea se aplica a todos los que superen un determinado umbral de facturación, número de consumidores en la UE y toma como referencia exclusivamente el mercado europeo, donde estas compañías obtienen aproximadamente un tercio del total de sus beneficios globales. O sea, es un mercado relevante para ellos. Si quieren operar en Europa lógicamente necesitan cumplir con las normas europeas”.