Por extraño que pueda parecer, fue de este modo: «Se trata de un miembro del intercentros que llevaba muchos años ejerciendo este cargo. Sorprendentemente este trabajador, después de cumplir 65 años en agosto de 2022, causó baja no voluntaria en Tragsa el 30 de octubre, pasando a jubilado el día 31 de octubre».

El acta explica la argucia a la que recurrieron: «Al parecer fue despedido por cambio sustancial de sus condiciones de trabajo, haciendo un uso fraudulento del Art. 40 del E.T. (Estatuto del Trabajador) con la finalidad de darle al trabajador 12 meses de indemnización con fondos públicos».

Este comité autonómico sostiene, sin género de dudas, que se trató de un fraude, pues entre el despido y la jubilación sólo pasó un día, y explica cómo lo hicieron: «Según informaciones le propusieron un desplazamiento forzoso, para que el trabajador lo rechazara y se fuera de la empresa, con la mencionada indemnización, además, exenta de gravámenes».

Además, el acta da cuenta de que se trataba de un liberado sindical, por lo que era harto complicado cambiarlo de ciudad y justo antes de su jubilación. «Este trabajador era delegado de personal y miembro de intercentros, por lo que no es entendible que se aplique un desplazamiento a un trabajador con garantías sindicales y con 65 años, sin antes tratar de desplazar a otros trabajadores de la misma categoría en su zona, salvo que le quisieran gratificar por sus servicios prestados».

Pero las prebendas no quedaron ahí, según refleja el acta: «Además de todo lo anterior, se ha quedado con el vehículo de obra que tenía asignado, cuando no hay precedentes en Tragsa, pues tanto máquinas como vehículos de obra se sacan a subasta pública cuando se van a dar de baja, y en este caso el vehículo era seminuevo».

Los sindicalistas explicaron que el compañero pudo quedarse con el coche de empresa por un precio muy inferior al de mercado: «De hecho, desde la Abogacía del Estado comunicaron a Tragsa que no se podía vender en el precio pactado inicialmente, porque estaba por debajo del precio de tasación. Es todo un cúmulo de circunstancias indeseables, en una empresa pública ejemplar como Tragsa».

Por último, el Comité Autonómico de Castilla y León pidió que se investigara este caso y mostró su temor a que trascendiera a los medios de comunicación. «Todo esto debe investigarse a fondo inmediatamente, antes de que salga al exterior y manche nuestro buen nombre, adoptando las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir».

Según las fuentes consultadas por ABC, el trabajador era un destacado miembro de UGT con contactos en la dirección de la empresa pública. Obviamente, necesitó cooperadores en la dirección y/o en el área de Recursos Humanos para fingir, supuestamente, un despido improcedente y jubilarse al día siguiente.

La política de contratación de Tragsa está en el ojo del huracán desde que se supo que Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, logró un contrato de seis meses como auxiliar administrativa cuando se le terminó otro similar en la también pública Ineco, ésta dependiente del Ministerio de Transportes que encabezaba entonces el principal investigado en la operación Delorme, más conocida como el caso Koldo.